Aborto: la cruda realidad

Hoy se cumplen 10 años de que se aprobó la despenalización del aborto en la Ciudad de México, un hito que marcó sin duda un parteaguas en los derechos humanos y reproductivos de la mujer en el país.

Sin embargo, en el resto de la República la situación para las mujeres que desean interrumpir su embarazo es muy diferente, dramática, cruda.

En México, ellas enfrentan graves obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos, y tienen que enfrentarse no solo a la estigmatización social, producto de una idiosincrasia que pareciera anclada a otro siglo, sino que incluso están en riesgo de ser criminalizadas.

Aunque a nivel federal, la violación es una causal que permite la interrupción del embarazo de manera legal, la implementación de esta norma y el acceso real a las mujeres que quieren ejercer este derecho está lejos de ser una realidad.

“El aborto por violación es legal en todo el país, y a pesar de eso hay varios casos de niñas de 8, 9, 10 años que se quedan embarazadas por producto de violación y no hay acceso al aborto. La ley lo permite pero en la práctica no hay necesariamente los servicios”, asegura Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

“No se cumple la ley, los funcionarios medianos le ponen obstáculos a normas y a leyes en el caso concreto de los servicios de aborto a mujeres violadas. Los funcionarios que tendrían que estar más sensibilizados son los que están poniendo los obstáculos”, afirma María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

Según datos oficiales, desde enero de 2009 a junio de 2016 se han recibido 70 mil 630 denuncias por violación sexual, tanto en las procuradurías locales como en la Procuraduría General de la República, cifras que contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación que las secretarías de salud locales, IMSS e ISSSTE reportan durante el mismo periodo: solo 61.

La falta de conocimiento por los trabajadores del sector salud, el intento de imponer creencias personales por encima de la salud, y en muchas ocasiones la intimidación y el engaño, son una barrera que niñas y mujeres víctimas de violación tienen que enfrentar al querer interrumpir su embarazo.

En ese sentido, María Consuelo Mejía está convencida de que si se cumpliera la ley en la práctica, muchas mujeres tendrían acceso al derecho de un aborto seguro, y por ello es necesario que los funcionarios tomen mayor responsabilidad para el cumplimiento de la ley.

“También hace falta mayor conciencia de los que hacen las leyes, en el sentido de las implicaciones que tiene para la vida y la salud de las mujeres y de la sociedad el que las mujeres tengan acceso a estos servicios”, apunta.

Para Regina Tamés, uno de los mayores retos es la falta de uniformidad en la legislación, ya que las causales legales son diferente en cada estado, por lo que es necesario homogeneizar la ley y dejar de criminalizar a la mujer.

“En el resto del país es necesario que se modifiquen las legislaciones, de que haya los servicios y por último que no sean criminalizadas, que aquella mujer que se haya practicado un aborto no sea perseguida como si fuera un criminal. Las reformas lo que han hecho es criminalizar a las mujeres. Las mujeres tienen miedo de practicar los abortos”, señala.

Cifras del abuso

De 2009 a 2016, tanto la PGR y procuradurías locales, como instituciones de salud públicas, registraron:

>> 70,630

Denuncias por violación sexual en esos años

>> 61

Abortos reportados por las secretarías de salud locales, IMSS e ISSSTE, en ese mismo periodo

A la cárcel

Al interior de la república, pocas cosas han cambiado. En muchos estados aún hay legislaturas que penalizan a las mujeres que optan por el aborto, una forma de intentar persuadirlas a que aborten y que muchas veces las orilla a la clandestinidad.

A tan solo unos kilómetros de la capital sigue siendo un delito y muchas mujeres se encuentran purgando penas en diferentes prisiones del país, otras tantas optan por la interrupción de forma ilegal, con todos los riesgos que conlleva para su integridad.

A 10 años de aprobada la reforma en la Ciudad de México, Jorge Carlos Díaz Cuervo, legislador de la ALDF de 2006 a 2009 y quien fue el autor de la iniciativa para la despenalización del aborto, cree que se logró un avance en la Ciudad de México, sin embargo reconoce que en el resto del país aún hay mucho que hacer.

“No hemos logrado que se reconozca a nivel nacional que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que es una injusticia y un problema de salud pública sabiendo que se practican abortos de manera clandestina en el país”.

Según cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta el 20 de abril de 2017, más de 176 mil mujeres han interrumpido legalmente su embarazo, solo en los hospitales y centros de salud públicos de la capital.

De estas, más de 50 mil provienen de otros estados de la República, la mayoría del Estado de México (44 mil).

Tan solo en 14 de las 32 entidades la afectación de la salud de la madre es una causal para interrumpir legalmente un embarazo, en 16 por alteraciones genéticas del feto, solo 2 por factores económicos, y en la Ciudad de México es el único lugar donde una mujer puede abortar por voluntad propia. Cuando existe peligro de muerte 25 estados permiten el aborto.

“Hay todavía demasiado estigma frente al aborto, la gente lo ve como un tema controversial en lugar de afrontarlo como un tema de salud pública y de justicia social”, concluye Regina Tamés.

“Sigue habiendo un estigma hacia la mujer que toma esta decisión, sigue habiendo una serie de presiones institucionales para que no lleven a cabo su deseo de interrumpir un embarazo, sigue habiendo mucha hipocresía”, comenta Jorge Carlos Díaz Cuervo.

Largo camino

A raíz de la despenalización en la capital del país en 2007, muchas entidades comenzaron a ajustar su legislación para evitar la posibilidad de replicar la reforma realizada en 2007.

El triunfo para los progresistas fue opacado por la reacción desproporcionada de las organizaciones de extrema derecha ligadas a la Iglesia Católica, quienes estuvieron detrás de estos candados en las constituciones locales.

El debate público sobre la despenalización del aborto ha ido disminuyendo su intensidad tras 10 años, sin embargo, se sigue librando una batalla entre las organizaciones a favor de esta legislación y las agrupaciones de derecha ligadas a la Iglesia Católica.

Por un lado, organizaciones civiles defienden la legalización del aborto como un problema de salud y de criminalización de la mujer, y siguen luchando por llevar este tema a la agenda nacional.

Por el otro, la Iglesia Católica y las organizaciones de derecha conservadora siguen cabildeando para evitar que esta legislación pueda ser aprobada en otras partes del país, utilizando el argumento de la defensa a la vida desde la concepción.

El tema, como tantos otros, se ha politizado.

Algunos legisladores que han querido impulsar iniciativas en otros estados y a nivel federal, se han topado muchas veces con pared: entidades donde difícilmente se animan a legislar por un cálculo electoral, por el temor a que la despenalización les termine cobrando factura a la hora de las votaciones.

Esthela Damián, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, y que formó parte de la IV Legislatura en la ALDF donde se aprobó la despenalización del aborto, afirma que la despenalización a nivel nacional es uno de los grandes pendientes.

“El tema como agenda es un gran pendiente nacional. Yo como mujer y como participante de la vida política en la ciudad y habiendo sido diputada federal te señalaría que para mí lo importante es que esto fuera una opción en todo el país y que no demos pasos hacia atrás.

“Ese es un reto, que el país se encuentre a la altura de la circunstancia que la sociedad reclama y que dejemos de hacer cálculos políticos y electorales a partir de la salud y la vida de las mujeres”, asegura.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros han asumido posturas progresistas en temas polémicos como el matrimonio igualitario, la adopción de parejas homosexuales o la legalización del consumo de marihuana, sin embargo, han rehusado a analizar a fondo el tema de la despenalización del aborto.

Después de abril de 2007, cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, la SCJN ha recibido seis solicitudes sobre el tema y ha discutido y resuelto en lo particular, sin embargo ha evitado pronunciarse en lo general sobre el derecho de la mujer al aborto ni ha entrado en análisis a fondo sobre el tema, lo cuál pudo haber sentado precedente jurídico.

Las posturas anti-aborto

En el otro lado del debate están varias organizaciones de defensa a la vida y a la familia, las cuales hicieron campaña de manera activa para evitar la votación de la reforma en 2007 y que han continuado su labor a lo largo del territorio nacional.

Uno de los casos es ‘Pasos Por la Vida’, una de las organizaciones que ha encabezado por frenar el avance de legislaciones parecidas en otros estados del país.

Ángel Souberville, director de esta organización, defiende la tesis de que la vida existe desde el momento de la concepción, por lo que más que estar en contra del aborto, él considera que están a favor de la persona, del ser humano.

“Estamos firmemente defendiendo a todas las personas. Estamos convencidos de que tenemos que defender la vida. Estamos tratando de convencer a la gente de que tenemos que defender la vida desde el momento de la concepción, haciendo conciencia de que el aborto no es la solución a los problema”, dice.

Souberville asegura que hay que trabajar por el derecho a que las mujeres sean libres de tomar decisiones, pero que en el caso de los nonatos, al ser una persona distinta, tiene que defenderse su vida desde el momento de la concepción.

“Hay que impulsar a que las mujeres tengan más derechos, a que tengan las mismas oportunidades. Respetamos, promovemos los derechos de la mujer pero también buscamos que se respeten y que se promuevan los derechos del no nacido”.

Por su parte, Consuelo García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, afirma que con la despenalización del aborto no se han resuelto los problemas de fondo, sino que al contrario, esta situación ha traído nuevas problemáticas.

“No está solucionando realmente el problema, siguen existiendo abortos clandestinos, no se ha aminorado el número de embarazos no deseados, se les está facilitando a los adolescentes y se les esté engañando diciéndoles que pueden hacer uso de cualquier tipo de anticonceptivos, sin tomar en cuenta a la familia”, dice.

García enfatiza que el aborto nunca es una solución, sino que el verdadero tema debería ser que el eje transversal de cualquier política pública se tiene que centrar en la educación, sobre todo la educación sexual que debiera manejarse de forma integral.

“El aborto es una medida brutal. Para nosotros es muy importante que se hagan políticas públicas que tengan como eje central a la familia y la educación y constantemente tenemos comunicación con autoridades y sobre todo con los legisladores, que tienen que tomar decisiones tomando en cuenta a la sociedad a la que representan”, concluye.