Las víctimas de la burocracia

Para recibir los apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no es suficiente con ser víctima, hay que demostrarlo.

Al ingeniero Marco Antonio Enciso Rodríguez lo mataron porque le pasó algo que en este país le puede pasar a cualquiera: estar en el sitio equivocado a la hora equivocada.

Era un ingeniero mecánico. En mayo de 2008 se encontraba en un poblado cercano a Ciudad Sahagún, Hidalgo -donde radicaba-, un fuerte paso de migrantes, y encontró una casa de seguridad en donde llevaban a los centroamericanos hasta que sus familiares depositaban cobros por el rescate.

Quiso hacer la denuncia de esta casa de seguridad a través de policías de la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Enciso Rodríguez desconocía que las operaciones de la célula delictiva a cargo de esta casa de seguridad actuaban en contubernio con la AFI, la misma agencia con la que intentó denunciar.

Marco Antonio Enciso Rodríguez fue torturado y recibió tres impactos de bala. Dejó a sus dos padres ancianos y dos hermanos, uno de ellos con parálisis cerebral. Hoy, sus padres buscan acceder a los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Su madre padece trastornos que derivan en varios padecimientos a causa de este trágico acontecimiento que cimbró a la familia.

Es irónico. Hay dinero y sobran víctimas en el país. Pero la CEAV no lo entrega.

Al cierre de 2016, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) tiene ingresos por mil 593.2 millones de pesos de los que sólo han sido utilizados 169.1 millones de pesos, que equivale a 10.6 por ciento del recurso disponible.

En un país en donde las estadísticas indican que en la última década hubo alrededor de 186 mil homicidios relacionados con el crimen organizado, solo han recibido el apoyo federal 668 familiares de víctimas (387 mujeres y 281 hombres). De ellas, 380 recibieron apoyos de manera inmediata, 159 fueron apoyadas con una compensación subsidiaria por comisión de delito del orden federal y 129 por una compensación por violación a derechos cometida por una autoridad federal.

Hay dinero…

Pero la CEAV no lo entrega a las víctimas de la violencia que hay en México. Al cierre de 2016, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) contaba con:

>> 1.5

Mil millones de pesos fueron los ingresos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)

>> 169.1

Millones de pesos es lo que sólo se ha utilizado de esos 1,593.2 millones de pesos

>> 186,000

Homicidios relacionados con el crimen organizado se registraron en México en la última década

>> 380

Familias de esas 668 recibieron apoyos de manera inmediata

>> 668

Familiares de esas 186 mil víctimas han recibido el apoyo federal

La ruta burocrática

José Luis Enciso Estrada es padre del difunto Marco Antonio Enciso Rodríguez. Cuenta a Reporte Indigo la pesadilla burocrática que ha tenido que enfrentar, por una parte para lograr acreditar que es una víctima de la violencia del crimen organizado –porque para ser víctima no hace falta serlo, hay que demostrarlo– y por otra tomar tiempo para investigar lo que pasó con su hijo. Todo lo que sabe él lo ha investigado, porque en este país es más fácil que un anciano salga a buscar la justicia a que lo haga un agente investigador.

En este que ha sido el episodio más duro que le ha tocado enfrentar en su vida está muerto su hijo y está muerto el tiempo oficial destinado a las investigaciones. La policía no hizo una diligencia. No hay pistas de quién -o quienes- le dio los disparos que acabaron con su vida. Los papeles de la investigación tienen lo mismo que si fueran hojas blancas.

“Acudí a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo y ellos hicieron la petición al gobernador y al procurador. Ellos dieron una respuesta de que ya me habían ayudado y que no era cierto que ellos se habían negado. Yo con documentos les digo que se habían negado. La CEAV recibió un documento en que la Procuraduría y el gobierno del estado les decía que no tenían ningún dato para complementar lo que era el seguimiento de la averiguación previa.

“No hicieron ninguna diligencia. No tiene seguimiento, no tiene nada. Los testigos que según tenían tampoco se presentaron y hasta ahí la dejaron e hicieron un informe al gobierno del estado, habían cometido una dilación y una violación a mis derechos humanos (determinó el ombudsman estatal), porque de acuerdo con las diligencias que hizo la licenciada, ella demostró que mi hijo había sufrido tortura y fueron tres impactos de bala”, afirma José Luis Enciso Estrada en entrevista telefónica.

Dirigió cartas al gobernador -entonces era Francisco Olvera-, solicitó el seguimiento a la Procuraduría estatal y se acercó a la CEAV. Pero no ha tenido respuesta. Es como si les hubiera escrito los mensajes con un dedo en el viento.

“Estuvimos inscritos el 11 de noviembre de 2011, empezamos con la Procuraduría de Atención a Víctimas y luego en el CEAV a partir del 2014. Con todos los documentos hechos por ellos mismos, la inscripción, los formatos, la última vez volví a formar los formatos únicos de declaración porque les he demostrado que de acuerdo a la Ley General de Víctimas, ellos nos pueden absorber en cuestión federal porque el estado de Hidalgo nos negó la asistencia porque todavía no hay Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado de Hidalgo y el artículo 79 de la Ley General de Víctimas dice que si no hay todavía en algún estado la CEAV absorbe inmediatamente aunque sea del fuero local”.

Don José Luis Enciso tiene razón. El artículo 79 de la Ley General de Víctimas indica que los familiares pueden tener acceso al fondo de ayuda: “Las Comisiones de Víctimas tienen la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

“Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los 30 días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado. En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención inmediata, en términos de lo previsto por el Reglamento”, añade el referido artículo de la legislación.

José Luis Enciso es pensionado. Tiene que mantener a su esposa y a su hijo, quien tiene una discapacidad, pero el Estado sencillamente no le responde. No le niega el apoyo, pero tampoco se lo da. Ya tiene el registro de la CEAV, lo que sigue es que apliquen el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, que se refiere al pago integral.

“Ya están metidos todos los documentos. En base a la negativa del gobierno del estado y ahorita no sé todavía qué me va  a responder la CEAV”, comenta.

Ahora solo falta hacer lo mismo que ha hecho desde hace casi nueve años cuando mataron a su hijo y no ha llegado la justicia ni el apoyo al que está seguro de que tiene derecho… esperar.

Los problemas económicos

El ingeniero Marco Antonio Enciso Rodríguez era un pilar para su familia, aportaba recursos económicos. Desde que fue asesinado, se las tienen que arreglar con una pensión modesta que recibe José Luis Enciso Rodríguez, padre del ingeniero asesinado, quien quedó al frente de la familia y tiene que cuidar de la salud de su esposa y de otro hijo que nació con parálisis cerebral.

“Es altamente preocupante para mí porque los recursos a veces llegan un poquito más por parte de mi familia, a veces tengo que estar solicitando créditos, me han dado créditos, todo lo tengo documentado, ya no es equitativo, mi pensión en tanto a la canasta básica, va subiendo, es complicado. Aunque somos tres, mi esposa, mi hijo el mayor que tiene parálisis cerebral, por eso nos ha afectado el asesinato de mi hijo porque él nos ayudaba, en la cuestión emocional, en la sentimental y en la económica”, refiere Enciso Rodríguez.

A partir del asesinato, su esposa debió tener atención psiquiátrica derivada del choque emocional.

“Tengo que hacer muchos gastos. Mi esposa así lo ha requerido. Por eso es que hemos invertido en eso, porque su salud ha estado muy delicada y ahorita parece que medio va saliendo, pero de repente se me cae. Por la misma situación lógica de todos los sucesos que tuvimos desde la muerte de mi hijo”, asegura.

La petición de José Luis Enciso Rodríguez para el gobierno es que si no le quieren dar el apoyo económico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para vivir con tranquilidad sus últimos días de vida, entonces trabajen para dar con los asesinos de su hijo, porque independientemente de lo que represente el dinero, es importante como ciudadanos que el gobierno otorgue la asistencia en aspectos como la investigación de los delitos.

“Mi petición es que realmente se nos haga justicia, en primera instancia. Hay impunidad y de acuerdo a eso la Ley General de Víctimas y el propio gobierno ofrece ese pago integral a los que hemos sido afectados por la violencia en México.

“El Estado cómo nos puede ofrecer una garantía de poder saber o quiénes son los autores intelectuales de cualquier forma de un delito, el cual debe ser determinado de principio a fin. Es un homicidio, como se califique, debe de tener una resolución. Esa resolución nos la tiene que dar el Estado”, afirma.

Don José Luis Enciso Rodríguez se dice convencido de que es la autoridad la que tiene que movilizarse para dar con los asesinos, que viven impunemente y algunos hasta cobran del erario. Es el Estado el que debe de garantizar la justicia porque como él mismo se pregunta: “¿Si no, quién nos la va a dar?”

“Yo lo que veo es que la CEAV se basa en los artículos no para ayudarnos a nosotros los afectados, sino los está usando para ellos defenderse y decir que no complementa los datos o decir ‘usted no es víctima’”, lamenta don José Luis Enciso.

Situación Financiera del FAARI al 31 de diciembre de 2016

Cifras en millones de pesos

>> 1,593.2 Total de Ingresos

De los cuales:

> 0.5

Aportación inicial

> 489.1

Aportación del 0.014% del gasto programable 2014

> 513.8

Aportación del 0.014% del gasto programable 2015

> 504.9

Aportación del 0.014% del gasto programable 2016

> 0.6

Finanzas y Garantías*

> 84.3

Intereses acumulados

>> 169.1 Total de Egresos

De los cuales:

> 2.6

Pago de gastos y honorarios fiduciarios de nov. 2014 a diciembre de 2016

> 13.2

Pago por medidas de Ayuda

> 138.4

Pago por compensación como parte de la reparación integral a víctimas

> 14.8

Reservas para Fondos de Emergencia

> 0.02

Pago de servicios de Auditoría Externa**

*Se trata de depósitos que tienen como sustento el art. 132, fracción III, de la ley General de Víctimas.

**Por el pago de servicios de auditoría externa por el dictamen de los estados financieros del ejercicio 2014.