Otra tragedia carcelaria por ‘autogobierno’

El enfrentamiento armado en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que hasta ayer había dejado un saldo oficial de 4 reos y 3 policías muertos, además de 13 lesionados, vuelve a poner en la mesa del debate el tema de los autogobiernos en las cárceles del país.

Apenas el pasado 8 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 30/2017 al secretario de Gobernación, a la gobernadora y gobernadores de los estados, al jefe de gobierno de la Ciudad de México y al Comisionado Nacional de Seguridad.

De acuerdo a la citada sugerencia, el Sistema Penitenciario Mexicano cuenta con 375 centros de reclusión que albergan en su totalidad a 216 mil 831 personas privadas de la libertad; y en 138 cárceles se registra el problema de sobrepoblación, problema que se considera que contribuye al autogobierno, que quedó claramente expuesto en el penal de Ciudad Victoria.

“(En varias cárceles del país) se ha detectado la presencia de grupos de internos con poder, los cuales ejercen control sobre otros reclusos y diversas actividades”, de acuerdo a la CNDH.

Y fueron precisamente esos grupos los que detonaron la violencia en el CEDES de Ciudad Victoria, en donde de acuerdo a la versión del vocero de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, tres policías y cuatro internos murieron, además seis policías y siete reos resultaron heridos.

Los internos abatidos, de acuerdo a fuentes del interior del Penal de Ciudad Victoria, enfrentaron a los elementos de seguridad con armas AR-15, y serían parte del grupo conocido como “La Nueva Guardia”, una escisión de los cárteles de Los Zetas y Del Golfo que entre ellos se conocen como de La Vieja Escuela.

El grupo de reos que se enfrentó con los elementos de seguridad, que intentaban disuadir el motín, lo lidera Héctor Huerta Ríos al que apodan “La Burra” o “La Burrota”, quien financió y autorizó la fuga de 19 reos el pasado 23 de marzo, que optaron por el escape ante el temor por la llegada de presos del penal de Nuevo Laredo.

Cabe recordar que el Gobierno estatal de Francisco García Cabeza de Vaca, como parte de su política de reinserción social ha intensificado el programa de rotación de presos, a fin de evitar que grupos de reos se afiancen en las cárceles del estado generando los grupos de autogobierno, que ya eran evidentes en el penal de Nuevo Laredo.

En esa tesitura, la Secretaría de Gobierno de Tamaulipas reubicó a presos de la cárcel de Nuevo Laredo en el penal de Ciudad Victoria, dijo una fuente del CEDES, sin tomar en cuenta las rencillas existentes entre los internos de ambos centros penitenciarios.

Hasta antes del motín, la cárcel de Ciudad Victoria era controlada por miembros de la organización criminal “La Nueva Guardia”, integrada por miembros del Grupo Operativo Zeta (GOZ), “El Círculo”, “El Extranjero” y “Grupo Bravo”, todos ex integrantes de Los Zetas y del Cártel del Golfo.

Por su parte, la cárcel de Nuevo Laredo es actualmente controlada por reos que formaron parte del llamado Cártel del Noreste (CDN), el Grupo Néctar Lima (GNL), “Unidad Zetas” y “Comando Zeta”, todos con sus inicios criminales dentro del Cártel de Los Zetas.

Fuentes del CEDES cuestionaron la actuación del Gobierno estatal de trasladar reos de alta peligrosidad a la cárcel de Ciudad Victoria, en donde no se cuenta con la infraestructura para atender a internos de ese nivel de peligrosidad.

“Las instalaciones Cedes Victoria datan de los años 40. Se descuidaron en años anteriores; hoy no cuenta con medidas de seguridad adecuadas”, fue el Twitter que escribió la Vocería de Seguridad del Estado, en ocasión de la fuga de reos ocurrida el pasado 23 de marzo.

Cárceles con autogobierno

De acuerdo a la CNDH, el problema va en aumento:

Año       Prisiones con ley impuesta por los reos

2011      60

2012      65

2013      67

2015      71

Se lo advirtieron

El traslado de reos ya había sido rechazado por los propios internos del CEDES; en un mensaje difundido a través de algunos portales de noticias locales, el jefe de “La Nueva Guardia” le escribió al director del penal para reclamarle por ello.

“mira…director… o me trasladas a todos esos que metiste de Laredo o aquí se va aser (sic) una matazón peor que la del Topo Chico”, escribió “La Burrota Gallina Burro”, quien se dice “al respaldo del comandante Master y comander Chiquilín”.

 “A mi o me espantas con tus…traslados aquí solamente me sacas muerto…ya les dije que solo muerto me sacan aquí nos morimos todos en la raya mi gente dentro me respalda”, se dirigió luego al gobernador.

Versiones de un funcionario de la cárcel de Ciudad Victoria, indican que el director del penal fue increpado en más de dos ocasiones por reos que formaban parte del autogobierno de ese penal, quienes en forma directa y personal le exigieron que cesara el traslado de presos de la cárcel de Nuevo Laredo, advirtiéndole sobre el riesgo de violencia.

Tamaulipas, malas condiciones carcelarias

De acuerdo a los datos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su más reciente informe sobre el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, Tamaulipas se ubica en el séptimo lugar de los 13 estados con las peores condiciones carcelarias, cuya calificación promedio es de 5.2 en una escala de 10.

Ninguno de los tres centros penitenciarios, de los que tiene a su cargo el Gobierno estatal, registra una calificación aprobatoria: el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, fue calificado con 5.27; el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, se calificó con 5.3, al igual que el Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo.

Pero el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria no tiene oficialmente una calificación.

Las tres prisiones de Tamaulipas que sí han sido revisadas por la CNDH, requieren “prestar atención” en temas tan básicos como condiciones de gobernabilidad, aspectos que garanticen la integridad física y moral del interno, así como aspectos que garanticen una estancia digna, en donde se resalta la “la insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos”.