En la averiguación previa que se integró contra los detenidos, se establece que los indiciados fueron capturados cuando circulaban a bordo de tres camionetas con logos de la Fuerza Rural
La mayor parte de los autodefensas detenidos han sido ubicados en módulos carcelarios en donde conviven con miembros de los cárteles que ellos mismos combatieron en sus localidades
Con parte de la política de cero tolerancia a la criminalidad, las Fuerzas Federales del General Felipe Gurrola Ramírez, desplegadas en Michoacán han iniciado la persecución de los grupos de autodefensa que se mantienen activos en la zona de Tierra Caliente.
Pese a que el Gobierno Federal ha insistido en negar la presencia de grupos de autodefensa que no se han querido sumar a la Fuerza Rural, se estima que en Michoacán al menos unos 7 mil hombre siguen armados, a la espera del retorno de José Manuel Mireles, su líder.
Hasta la semana pasada, la política oficial de la Federación en torno a la presencia y movilización de civiles armados, había sido incierta: se pasaba con facilidad del diálogo y la tolerancia a la persecución y el encarcelamiento.
Tras la designación del General Gurrola Ramírez como mando especial para la seguridad del estado se ha definido la postura oficial: ningún civil puede estar armado.
Por esta razón, se ha lanzado una campaña de detenciones contra los comandos ciudadanos que vigilan algunas localidades del sur de Michoacán.
El despliegue de más de 6 mil militares en la zona de Apatzingán ya ha dado los primeros resultados. Se ha logrado la captura del primer grupo de autodefensas, el que mantenía bajo su control la seguridad en el poblado de El Limón, en la comunidad de la Huacana.
Los civiles fueron ya presentados ante las instancias ministeriales para ser consignados ante un juez Federal.
A la fecha, al menos 218 personas consideradas miembros de las autodefensas de Michoacán, entre ellas el propio fundador del movimiento José Manuel Mireles, se encuentran sometidas a proceso penal en diversas cárceles del país.
Todos fueron detenidos bajo la acusación de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Por lo menos al 30 por ciento de los detenidos durante el 2014 se les ha agregado a sus procesos la acusación de delincuencia organizada, lo que resulta un contrasentido.
La mayor parte de los autodefensas detenidos han sido ubicados en módulos carcelarios en donde conviven con miembros de los cárteles que ellos mismos combatieron en sus localidades.
A todos se les trata de imputar penas carcelarias que pueden ir desde los 7 a los 20 años condena.
Esa situación es la que ha hecho que algunos abogados y defensores de los derechos humanos solicitaron al Senado de la Republica una ley de amnistía a favor de los civiles que se alzaron contra el crimen organizado.
Los senadores han mandado a la congeladora la iniciativa.
Otro líder, a la cárcel
Como parte del operativo para la detención de todos los grupos de autodefensa que no han depuesto las armas, en la madrugada de este jueves se logró la captura del fundador del movimiento civil armado en la comunidad de Antúnez, del municipio de Parácuaro.
A Federico Villegas García, conocido como el comandante Lico, lo detuvieron con dos de sus escoltas.
Este sería el quinto líder de los fundadores de la resistencia que ya se encuentra en prisión, con lo que la Federación avanza en su intención de desarticular la insurgencia armada en Michoacán.
Villegas García, fue sorprendido mientras dormía. También fueron llevados los dos hombres que operaban como sus escoltas: Emanuel Martín Gutiérrez Rojas, conocido como El Pantera, y Luis Alberto Tapia.
Los tres son miembros del Consejo General de Autodefensas de Michoacán.
El Comandante Lico es uno de los hombres leales al liderazgo del doctor Mireles, fue de los que se movilizaron para exigir al Gobierno Federal su liberación.
Se había negado en repetidas ocasiones a formar parte de la Fuerza Rural que promovió el comisionado Alfredo Castillo, bajo el argumento de la infiltración criminal en las Fuerzas Policiales del estado.
Mandos tras las rejas
Los otros mandos de las autodefensas que a la fecha se encuentran en prisión son:
> José Manuel Mireles
Acusado de portación ilegal de armas
> Agustín Villanueva Ramírez
Acusado de secuestro y lesiones
> Hipólito Mora
Acusado de homicidio
> Luis Antonio Torres González
Con la imputación de homicidio calificado
El desmantelamiento de las autodefensas
El operativo Federal de desmantelamiento de los grupos de autodefensa que se ha relanzado en Michoacán, logró la detención de otros diez exmiembros de las guardias comunales de la municipalidad de la Huacana, quienes fueron puestos a disposición de la PGR para ser enviados a cárceles federales.
Los diez exautodefensas de la Huacana, que fueron detenidos a menos de 24 horas de ponerse en marcha el operativo de desmantelamiento de los grupos armados en Michoacán, son acusados de delitos graves, entre los que destacan delincuencia organizada, portación ilegal de armas, fomento al narcotráfico y delitos contra la salud en la modalidad posesión de sustancias prohibidas con el fin de comercialización.
En la averiguación previa que se integró contra los detenidos, se establece que los indiciados fueron capturados cuando circulaban a bordo de tres camionetas con logos de la Fuerza Rural, a cuya corporación no pudieron acreditar su pertenencia. Los nombres de los procesados no fueron revelados.
La autoridad ministerial ubica a este grupo como parte de una célula criminal al servicio de un cártel de las drogas.
Se enciende la Tierra Caliente
Las primeras detenciones de autodefensas en la zona sur del estado han hecho que los grupos de autodefensa se movilicen en forma intensa para evitar más capturas.
En las últimas 48 horas se han registrado bloqueos a las carreteras estatales que comunican a los poblados de Parácuaro, la Huacana, Buena Vista y Apatzingán.
La postura oficial que ha emitido el gobierno estatal de Salvador Jara sobre la inestabilidad que de nueva cuenta se siente en la zona de Tierra Caliente, ha sido de silencio.
La única referencia que ha hecho sobre el tema es el objetivo dictado por la Federación para detener al jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez y otros seis jefes de plaza del crimen organizado.
En ninguna instancia del gobierno estatal se reconoce que las detenciones hechas por las Fuerzas Federales en las primeras incursiones en la zona de Tierra Caliente estén dirigidas a los grupos de civiles armados, que se organizaron para defenderse de la abrazadora presencia del crimen en sus localidades.
