Después de los dimes y diretes que ha ocasionado el tema del pase automático del procurador General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía General, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para eliminar cualquier posibilidad de que algún procurador de este sexenio ocupe el cargo.
“Quien haya ocupado la titularidad de la PGR o la titularidad de la alguna dependencia de la Administración Pública centralizada o paraestatal, durante los cuatro años anteriores al proceso de designación, no podrá participar en el mismo”, se puede leer en al iniciativa en poder de Reporte Índigo.
Esto quiere decir que además de los tres procuradores de este sexenio, ningún funcionario que haya ocupado algún cargo federal o estatal durante los últimos años podrá ser considerado para la titularidad de la Fiscalía General de la República.
A mediados de octubre, Raúl Cervantes renunció a la titularidad de la PGR bajo el argumento que la nueva fiscalía debía ser autónoma, sin embargo, la ley aún le podría permitir asumir el cargo de fiscal, por lo que esta iniciativa pretende cerrale cualquier posibilidad de tomar el cargo.
Actualmente la PGR no tiene titular oficial, pues tras la salida de Cervantes, el cargo ha sido ocupado de manera interina por Alberto Elías Beltrán, el actual titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la dependencia.
El documento enviado a la Cámara de Diputados reúne las posturas de distintas iniciativas presentadas por los partidos políticos, en las cuales coinciden que el nuevo fiscal debe contar con absoluta autonomía para no arrastrar los vicios actuales de la PGR.
La iniciativa retoma la crítica que han hecho los partidos de oposición acerca que una nueva institución requiere de un nuevo perfil y de una selección acorde, en lugar de sólo cambiar de nombre a la actual dependencia encargada de la procuración de justicia del país.
Hasta el momento, no hay fecha para los diputados voten esta nueva iniciativa, pese a tener el tiempo encima, pues el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión concluye el próximo 15 de diciembre.
El tema del nuevo fiscal ha generado polarización entre el partido en el gobierno y los de oposición, incluso en septiembre pasado estuvo en riesgo la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por la diferencia de opiniones.
