Clínica cumple 21 meses como cascarón inútil

El tráfico de influencias, el conflicto de intereses y la falta de seguimiento de los tres niveles de gobierno han “traumatizado” la salud y las finanzas públicas del Municipio de Santiago, que a pesar de su proximidad con Monterrey carece de los servicios médicos más básicos.

Y es que en torno a la truncada Unidad de Shock-Trauma de Santiago, se devela la negligencia de autoridades federales, estatales y municipales en la edificación de una obra para la salud pública, viciada de origen y con más de 21 meses en el abandono.

La unidad fue proyectada desde la administración del difunto alcalde Edelmiro Cavazos Leal, pero ejecutada durante la administración del presidente municipal sustituto Bladimiro Montalvo Salas, quien asumió la Alcaldía el 7 de septiembre de 2010.

El origen de la clínica se remonta al 2008, cuando fue propuesta por el gobierno federal a la administración estatal del gobernador Natividad González Parás, pero se prolongó hasta la gestión del mandatario Rodrigo Medina, quien anunció una inversión total por 26 millones de pesos.

Son 21 meses como un cascarón, pero seguramente el Presidente Felipe Calderón contabilizó ayer esta unidad como clínica en operación, durante su Sexto Informe de Gobierno.

Calderón dijo: “Se construyeron en el país mil 200 nuevos hospitales, clínicas o centros de salud, totalmente nuevos; y se remodelaron 2 mil 500 más. Se dice fácil, pero es la mayor obra de infraestructura hospitalaria que se tenga memoria”.

La historia de esta unidad empezó cuando el 30 de diciembre de 2009 el Cabildo santiaguense -entonces a cargo de Edelmiro Cavazos Leal- aprobó la desincorporación de un bien municipal para la construcción de la clínica y planteó la necesidad de adquirir un espacio adyacente para completarla.

El Cabildo acordó el 17 de abril de 2010 solicitar al Congreso del Estado un préstamo a Banobras por 14 millones de pesos para adquirir dos lotes que pertenecían a la empresa Construcciones Industriales Servicios del Noreste (CISNE), de Eustacio Esteban Salinas Treviño, padre del ex diputado albiazul Hernán Salinas.

La deuda fue aprobada el 1 de julio de 2010 por 36 legisladores. Acción que motivó una denuncia interpuesta contra el diputado panista Hernán Salinas, presentada por los ciudadanos Héctor Francisco Ezquerra y Blanca Rocío Carranza.

Queja que fue finalmente desechada por el Congreso.

Ahora, nueva evidencia en poder de Reporte Indigo revela que los terrenos sobre los que se edificó tienen una contradicción entre su avalúo y el contrato de compra-venta.

Además, que las autoridades federales advirtieron que se construía sobre un Bien Nacional.

También, que la obra fue ejecutada por una constructora que presuntamente forma parte del Grupo Allende, vinculado con Humberto Medina Ainslie, padre del gobernador, con el empresario Gustavo Cavazos y con el senador priista Jorge Mendoza.

Otra vez Grupo Allende

La polémica Inmobiliaria y Construcciones Genera que se encargó de construir la Unidad de Shock-Trauma tiene un negro historial.

La inmobiliaria fue señalada por el constructor César Flores Aguirre como parte del grupo que supuestamente lo presionó para que se desistiera del proceso de licitación del Palacio de Justicia en Montemorelos, como publicó Reporte Indigo el pasado 2 de agosto.

Es la misma empresa que construyó el defectuoso estacionamiento para Isssteleón, inaugurado en marzo pasado, y la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte, abierta en abril de 2011 después de tres años de haberse licitado.

Los hermanos Juan Rubén y Agustín Sergio Salazar Tamez constituyeron esta empresa con un capital de 50 mil pesos, y Jesús Librado Montalvo Marroquín funge como comisario, de acuerdo con el acta constitutiva de la sociedad, registrada el 9 de marzo de 2004.

La empresa ganó el 15 de diciembre de 2009 la licitación pública nacional número 48100003-004-09, para construir la unidad médica con un valor de 10 millones 383 mil pesos, según el portal del gobierno federal Compranet.

La convocatoria de esta licitación fue publicada por Servicios de Salud de Nuevo León, un organismo público descentralizado que depende de esa Secretaría a cargo de Jesús Zacarías Villarreal.

Compranet registra que entre 2009 y 2011, la compañía que se encargó de la obra recibió por invitaciones y licitaciones 148 millones 342 mil pesos para construir, pavimentar, remodelar hospitales, rehabilitar conductos de agua potable, ampliar redes de drenaje y edificar escuelas.

Entre sus clientes en el Estado están la Secretaría de Obras Públicas, Servicios de Salud, el Comité de Construcción de Escuelas, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León y el Parque Fundidora, además del Ayuntamiento de Linares y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

Su domicilio fiscal es el número 3431-3 de Galerías, en Rincón de la Primavera, en Monterrey. Pero Reporte Indigo constató que este domicilio está deshabitado.

Contradicción en el avalúo

Un perito que valuó los terrenos donde se construyó la unidad mintió en un reporte y estimó el valor de los lotes cuatro veces más de su precio real.

El perito valuador Isaías Aguilar Resendez, de Valuación Profesional IAR, visitó el 3 de agosto de 2010 los terrenos y aseguró que contaban con servicios de agua potable y drenaje sanitario, de acuerdo con su reporte final.

Sin embargo, en el contrato de compraventa de los terrenos, fechado el 21 de junio de 2011, se “manifiesta que los inmuebles de referencia no cuentan con servicio de Agua y Drenaje”.

El alcalde Bladimiro Montalvo Salas y el síndico segundo Manuel Francisco Martínez Alanís compraron a Construcciones Industriales Servicios del Noreste (CISNE) dos lotes por 7 millones 362 mil 660 pesos.

Los lotes 3 y 4 del fraccionamiento Bosques de las Lomas eran propiedad de Eustacio Esteban Salinas Treviño y medían en total 2 mil 454 metros cuadrados, según el contrato de compraventa.

“(Los funcionarios) los han inspeccionado físicamente y están totalmente satisfechos en las condiciones del inmueble”, se lee en el mismo documento.

El perito tiene una maestría en Valuación Inmobiliaria y es miembro del Colegio Mexicano de Valuación de Nuevo León, con la cédula número: 3926546.

Sus servicios fueron solicitados por José Luis Cabañas, secretario del Ayuntamiento de Santiago, de acuerdo con el avalúo.

Esta publicación también realizó una inspección ocular en los terrenos y corroboró que no cuentan con la red del servicio de agua y drenaje.

Aguilar Resendez valuó el metro cuadrado en 3 mil 500 pesos.

Es decir, el peritaje del valuador dice que hay agua, pero el contrato dice que no, aunque el precio comercial de la zona es elevado.

CNA advirtió de irregularidades

Mientras la Unidad de Shock Trauma se construía, la Comisión Nacional del Agua (CNA) informó que se edificaba irregularmente sobre terrenos federales.

La CNA realizó una inspección en los lotes ubicados a la altura del kilómetro 242 de la Carretera Nacional, y constató que estaban a un lado del arroyo El Chipitín, un Bien Nacional.

“(El Chipitín) es afluente directo al arroyo El Puerco, o Los Anteojos, el referido escurrimiento cuenta con las características para que se considere un Bien de Propiedad Nacional”, se lee en el oficio número BOO.00.R07.07.02.-028, firmado por el director general del organismo de Cuenca Río Bravo, Óscar Gutiérrez Santana.

“Cabe señalar que este arroyo a lo largo de su trayectoria presenta alteraciones y ha sido modificado en algunos tramos sin la autorización de esta Comisión Nacional del Agua”, continúa el documento fechado el 9 de febrero de 2011.

La CNA pidió al Municipio realizar un estudio topográfico con el fin de delimitar el terreno y establecer la franja que corresponde a la zona federal, pero nunca se llevó a cabo.

Las escrituras de los terrenos omiten este arroyo, la delimitación federal y ubican los lotes “frente a la Carretera Nacional”, cuando no es así.

Además de estas irregularidades, los terrenos están en una curva peligrosa y por debajo del nivel de la carretera.

Expertos en Ingeniería Civil consultados por Reporte Indigo señalan que para concluir la obra se necesita al menos un carril de desaceleración y una barrera de contención.

“El terreno que seleccionaron no era el que nos habían indicado en un principio”, asegura el ex coordinador técnico de Salud del Estado José Rodolfo Dieck Talamas, quien en enero de 2010 asesoró al Municipio y a Salud estatal en el proyecto.

Dieck Talamas dice que al inicio el Municipio se comprometió a dar en comodato 4 mil metros cuadrados, pero prefirió solicitar el préstamo por 14 millones de pesos y comprar el terreno irregular.

“Es muy lastimoso tener que llevar a un herido, un politraumatizado, en la caja de una camioneta, porque no contamos con ambulancia o con recurso médico de ninguna especie”, dice.

“La intención nuestra es terminar este proyecto”, se compromete el alcalde electo por el PT, Homar Almaguer, quien iniciará su administración en octubre próximo.

Hace un año y medio esta obra fue motivo de una denuncia contra el entonces coordinador del PAN en el Congreso local, Hernán Salinas, acusado de ejercicio indebido y abusivo de funciones, delito contra el patrimonio del Estado y enriquecimiento ilícito.