La lucha contra la violencia política de género en México está solo en el papel y en buenas intenciones.
Un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) indica que de 25 denuncias que se presentaron en 2018 y 2019, solo dos se encuentran en trámite. El resto está en la “congeladora” o en el archivo muerto.
Los 23 expedientes por violencia política en contra de las mujeres sin resolver hoy son material acumulado, en los que se mostró una clara abstención por investigar o existe incompetencia por parte de la Fiscalía para hacer estas investigaciones.
De 23 denuncias por agresiones políticas en razón de género que registró la FGR solo dos se encuentran en trámite
“A 65 años de la reforma constitucional al artículo 34 que le reconoció a la mujer la calidad de ciudadana mexicana y le permitió votar y ser votada; ejercer a plenitud los derechos políticos-electorales consagrados en la Constitución, así como en los tratados internacionales, no es tarea fácil. Las mujeres que deciden incursionar en la vida política encuentran un camino mucho más difícil que los hombres y constantemente son presionadas, de manera directa o indirecta para confinarse únicamente en el ámbito privado”, establece el informe.
La violencia contra las mujeres es “una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”, de acuerdo con la recomendación general 19 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas.
En abril de 2018, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informó que de 2016 hasta entonces se registraron 200 denuncias por violencia política en contra de mujeres, que van desde agresiones verbales hasta agresiones físicas.
“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”, de acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Edición 2017.
La jurista, integrante de la red de abogadas indígenas en Michoacán, Marianela Baltazar, considera grave que se queden paralizadas las denuncias por parte de mujeres presuntamente violentadas en materia política.
“Las mujeres que fueron violentadas al no dar continuidad a su denuncia se les coarta su derecho a la vida política por miedo a que sufran violencia de nuevo; que sean revictimizadas o estigmatizadas.
“En el caso de las mujeres indígenas que se atreven a participar en puestos de elección popular son violentadas en sus comunidades por querer ejercer sus derechos políticos, y son muy pocas las denuncias que llegan a sentencias; es donde se ve reflejada la discriminación, desigualdad y violencia dentro de los órganos jurisdiccionales en México hacia las mujeres y, sobre todo, a las indígenas al no contar con una visión intercultural”, explica Baltazar.
En México hacen falta protocolos para la atención de casos de violencia política de género, asegura la abogada, así como capacitación para los funcionarios públicos encargados de atender las denuncias.
“Nos hemos encontrado con funcionarios sin empatía en asuntos de mujeres. No hay confianza porque las denuncias no llegan a concluirse, a sentencia, y es un gasto de tiempo, dinero, desgaste anímico para las mujeres. Queremos presidentas municipales, diputadas, senadoras, regidoras, síndicas, mujeres que ejerzan sus cargos libres de violencia y de discriminación, en espacios de toma de decisiones”, abunda.
Baltazar considera que existe un patrón de impunidad sistemática en el proceso judicial y en las actuaciones relacionadas con la violencia contra las mujeres, que se comprueba con la carencia al momento de realizar la investigación y, principalmente, en el poco porcentaje de sentencias.
La impunidad de estas violaciones de derechos perpetúa la aceptación social del fenómeno de la discriminación y violencia contra las mujeres como normal, se naturaliza el hecho que se ejerza violencia política hacia las mujeres en espacios públicos, porque creen que no pertenecen o no merecen estar en estos espacios de toma de decisiones
