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A menos de tres meses de que concluya el fallido periodo de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, la federación comenzó su retirada en la ocupación que hizo de la gubernatura de Michoacán.
Argumentando nuevas encomiendas federales, el procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro; el sub secretario de Seguridad Pública, Adolfo Eloy Peralta Mora, así como el director de Seguridad Pública Estatal, Carlos Alberto Flores Sánchez, renunciaron a sus cargos horas antes de que el gobernador del estado conociera la decisión.
Y fue aceptada de manera posfechada para el lunes 15 de junio próximo.
La salida de los tres funcionarios, que fueron encumbrados durante la gestión del Comisionado Federal Alfredo Castillo Cervantes, coincidió con los señalamientos de colusión con el crimen organizado de al menos uno de los tres funcionarios federales.
De acuerdo a lo expuesto por Semeí Verdía Zepeda, comandante de los grupos de autodefensa de la región Sierra Costa Nahua, el que hasta el lunes próximo será subsecretario de Seguridad Pública, Adolfo Eloy Peralta Mora, tuvo al menos una reunión con miembros del crimen organizado.
Entre los presuntos delincuentes con los que se reunió el funcionario de Michoacán se encuentra el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, quien el lunes pasado recibió el auto de formal prisión, acusado de haber atentado contra la vida de Semeí Verdía.
De esa forma, Juan Hernández se convirtió en el octavo presidente municipal de Michoacán en ser procesado y encarcelado por su probable relación con miembros del cartel de los Caballeros Templarios.
El alcalde de Aquila había sido señalado por el jefe de las autodefensas, Semeí Verdía, de ser parte de la estructura criminal de los Templarios. Una serie de fotografías difundidas en la red, revelan una reunión en donde aparece Servando Gómez Martínez “La Tuta” al lado del munícipe.
La salida del procurador de justicia mete en complicaciones al gobernador Salvador Jara, toda vez que la designación del cargo tiene que ser avalada por el Congreso local.
Esta sería la cuarta ocasión en que llega un nuevo titular a la Procuraduría de Justicia del Estado en el lapso de 3 años y cuatro meses, por donde ya han pasado Plácido Pineda Torres, Marco Vinicio Aguilera Garibay y José Martín Godoy Castro, quien en breve podría asumir un cargo dentro de la PGR.
El octavo alcalde tras las rejas
Los señalamientos que el jefe de las autodefensas en la Sierra Costa Nahua, Semeí Verdía Zepeda, hizo sobre el alcalde priista Juan Hernández, al que se le imputa el delito de homicidio en grado de tentativa, terminaron con un auto de formal prisión en su contra.
El presidente municipal de Aquila es señalado de conspirar contra el jefe de las autodefensas en ese municipio, al que supuestamente mandó matar ofreciendo pagar a un grupo de sicarios la suma de 2 millones de pesos, y entregó anticipos por 7 mil pesos a cada uno de los matones.
El comandante Semeí Verdía ha sufrido dos atentados contra su vida. El primero de ellos, del que resultó ileso, ocurrió el pasado 16 de diciembre del 2014, cuando fue emboscado sobre la carretera costera. El otro sucedió apenas el 25 de mayo pasado, donde el líder autodefensa sí resultó con lesiones leves.
De esa forma el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, se ha sumado a la larga lista de presidentes municipales encarcelados, una de ellos muerta en prisión. Todos procesados por el procurador de justicia que ha presentado su renuncia al cargo y que llegó a Michoacán como parte del equipo federal que tomó el control del gobierno estatal.
Oficialmente, el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero anunció mediante un boletín la aceptación de la renuncia de los tres funcionarios, pero trascendió que un grupo de alcaldes, todos investigados por sus presuntos nexos con los Caballeros Templarios, fue el que no ha dejado de insistir ante el secretario de Gobernación en la renuncia de Godoy Castro, aduciendo hostigamiento.
Critican omisión
Juan Hernández Ramírez es procesado sólo por el delito de homicidio en grado de tentativa. La Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán no le pudo fincar los cargos de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico.
Esto ha sido cuestionado con severidad entre los grupos de autodefensa, al considerar que el gobierno estatal no toma en cuenta el esfuerzo que hacen los civiles armados para aportar pruebas.
En el caso del alcalde de Aquila, fueron los grupos de autodefensa los que entregaron la mayor parte de las pruebas para que se pudiera procesar. Dieron fotografías en donde aparece Juan Hernández Ramírez en franca convivencia con Servando Gómez Martínez “La Tuta”, quien se dice apadrinó su carrera política.
Pese a las pruebas integradas, la Procuraduría de Justicia del Estado no pudo cuadrar ilícitos del orden federal en el proceso del presidente de Aquila. Similar situación se ha observado en los otros procesos penales levantados contra de otros siete alcaldes de Michoacán, donde las pruebas entregadas por los hombres de las autodefensas no han dado frutos.
Ya se enfrían
A la lista de funcionarios del renglón de seguridad que llegaron para hacerse cargo del gobierno en Michoacán y recomponer el orden que se había perdido, se han sumado también algunos mandos medios de otras dependencias, como la Tesorería y los programas de asistencia social, que podrían renunciar antes de que llegue el nuevo gobernador.
Desde enero del 2014, la federación en Michoacán destinó poco más de 250 funcionarios federales para apoyar en la ejecución de programas que permitieran el desarrollo social y económico del estado. La mayoría de esos burócratas fueron colocados en mandos de dirección, jefaturas de departamentos, asesores y subsecretarios.
La larga lista de funcionarios con plazas federales, comisionados al rescate de Michoacán, comenzará a presentar su renuncia de manera paulatina en los próximos días, dijo un funcionario del gobierno de Michoacán, a fin de que al arribo del nuevo gobernador, Silvano Aureoles Conejo, ya no estén presentes.
La Comisión Federal que encabezó Alfredo Castillo Cervantes hasta el 22 de enero de este año dejó a más de 120 personas trabajando en diversas dependencias, todas de apoyo a las acciones del Grupo de Coordinación Michoacán, órgano encargado de desarrollar los planes de trabajo de la federación en Michoacán.
Esos funcionarios, por disposición oficial ya tienen preparada su renuncia para hacerla efectiva de manera escalonada.
