Diputados del PRD pidieron se revise el uso de recursos en la delegación Iztapalapa, ante las sospechas sobre la labor de Jesús Valencia
"La expulsión del diputado Borja como militante del PAN es asunto de partido y no de Asamblea Legislativa, por lo que mantendrá sus derechos en el grupo parlamentario"
A Federico Doring se le recrimina desacatar la decisión del líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, sobre el caso de Édgar Borja
Por estos días un escándalo de soborno borró del mapa a otro del mismo tipo. Los panistas en el Distrito Federal se dieron a la tarea de robarle cámaras al escándalo de la camioneta y la casa en Pedregal del jefe delegacional, Jesús Valencia Guzmán, con la expulsión de sus filas del diputado Édgar Borja Rangel, luego que se difundieran algunas grabaciones en las que se le escucha negociar millones a cambio de adjudicar contratos.
La semana próxima, el delegado en Iztapalapa tendrá que atender la cita que le giró la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que encabeza Rodolfo Ríos, para explicar los sucesos en los que está involucrado a partir de que chocó la camioneta de un proveedor de la delegación el pasado 17 de diciembre.
Por su parte, el todavía diputado panista Édgar Borja tendrá que definir si se mantiene en las filas del PAN-DF, en tanto se desahoga su expulsión en tribunales, se convierte en diputado independiente o se suma a las filas de otro partido.
Ambos casos, ni el perredista ni del albiazul, están cerrados. Ambos escándalos, que involucran a un delegado del PRD y a un diputado del PAN, exhiben casos de presuntos sobornos a funcionarios públicos a cambio de que algunos proveedores ganen contratos.
Esta semana cada partido lidió con sus respectivos demonios, mientras que más y más documentos salieron a flote.
La expulsión sin efecto
En un intento por frenar el escándalo, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, ordenó la expulsión de Édgar Borja para demostrar que para combatir la corrupción se comienza desde la casa.
Sin embargo, la decisión tomada en el seno de la Comisión de Asuntos Internos del CEN del PAN ocurrió mientras que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aún se mantiene en periodo de vacaciones.
Por lo que el hecho metió en problemas al titular de la bancada azul, Federico Doring, a quien se le acusó de intentar proteger a Borja y de desacato a la orden de Ricardo Anaya.
El escándalo estalló el pasado 7 de diciembre cuando públicamente Doring declaró:
“No busquen una crisis en donde no existe. Las conductas del diputado Borja que merecieron la decisión del presidente (Ricardo Anaya) son conductas no en el desempeño de su actividad legislativa, sino en lo que hacía derivado de tener fuero; no involucran al grupo parlamentario porque no comprometen ningún asunto que tenta que ver con la Comisión de Ciencia y Tecnología”, apuntó.
“La expulsión del diputado Édgar Borja como militante del PAN es un asunto de partido y no de Asamblea Legislativa, por lo que éste mantendrá sus derechos en el Grupo Parlamentario y continuará como el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, al menos que decidiera ser asambleísta independiente”, describió.
La declaración propició el escándalo de que Federico Doring lo encubría y quería sostenerlo en el cargo pese a la orden de expulsión de la cúpula del PAN.
Ayer Doring tuvo que modificar su tono y explicar que no puede operar la expulsión de facto, pues existe un documento firmado por 13 diputados del PAN, a los que tendría que reunir a fin de elaborar un nuevo documento firmado por 12 (excluído Édgar Borja) para efectos de no involucrar el manejo de recursos que no le pertecen.
Sin embargo, como los diputados siguen de vacaciones no los pudo reunir de inmediato para tal fin.
Aunque para Mauricio Tabe, presidente del PAN en el Distrito Federal, el fin de la historia de corrupción de Édgar Borja es la expulsión del partido, aún falta definir qué pasará con el legislador local que fue exhibido al negociar cantidades de dinero a cambio de favorecer en algunos contratos.
A revisar caso Valencia
Mientras eso ocurre en las filas de los azules, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el caso de Jesus Valencia en Iztapalapa.
Los diputados del Sol Azteca pidieron se revise el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS), ejercidos por la delegación Iztapalapa en la administración de Valencia.
Después de que chocó la lujoso camioneta, Jesús Valencia reconoció a Reporte Indigo que la unidad pertenece a Luis Molleda Cámara, un proveedor de la delegación al que le ha asignado algunos contratos relativos a la adquisición de juegos infantiles, pero también a obras pagados con recursos del FAIS.
Para esclarecer la situación, Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en San Lázaro, envió un oficio al titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, para que concrete una auditoría específica a los contratos destinados a la empresa, Amexire, propiedad de Luis Molleda Cámara.
De manera simultánea, esta semana que comienza el delegado Jesús Valencia tendrá que desahogar una comparecencia ante la Contraloría General del Distrito Federal.
La empresa Amexire es una de los proveedores recurrentes de dicha demarcación y forma parte de un conglomerado de empresas que comercializan infinidad de artículos, no sólo para Iztapalapa sino a todo el Gobierno del Distrito Federal.
