El conflicto entre el Gobierno federal y la administración estatal no para. Mientras, Guanajuato es escenario de masacres, bloqueos y enfrentamientos entre organizaciones del crimen organizado.
Los señalamientos entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aparecen cuando se habla de la responsabilidad por el aumento de la inseguridad y la violencia en la entidad del Bajío.
En medio, están las miles de víctimas de homicidio doloso que se registran año con año en el estado.
El último acontecimiento violento ocurrió el miércoles en el municipio de Irapuato, 24 jóvenes fueron asesinados por un grupo armado al interior de un centro de rehabilitación.
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En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) todavía se acusan por la liberación de familiares del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”.
El 21 de junio, elementos de la fiscalía local en conjunto con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional detuvieron a los padres y a la hermana de “El Marro”.
La FGR y la fiscalía local se lanzaron acusaciones por la liberación de los familiares de José Antonio Yépez Ortiz, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima
Para el 28 de junio, los tres fueron liberados por jueces locales. La FGEG acusó que obtuvieron su libertad porque la FGR no presentó ninguna denuncia ni atrajo el caso.
A su vez, el órgano federal respondió que no presentó ninguna querella porque detectó irregularidades en las aprehensiones.
Problemas añejos en Guanajuato
Las diferencias entre el presidente López Obrador y el gobernador de Guanajuato no son recientes.
Además de que ambos políticos pertenecen a corrientes distintas, el jefe del Ejecutivo evidenció en diciembre pasado que Diego Sinhue Rodíguez era uno de los mandatarios estatales que más faltaban a las juntas de seguridad que se realizan todos los días en las entidades.
El estado también fue de los que no se adhirió al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que comenzó operaciones en enero de este año.
Además, durante la pandemia de COVID-19, los mandatarios de Guanajuato junto con los de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán presentaron su propio plan de reactivación económica y seguimiento a las medidas para evitar contagios, un esquema independiente del semáforo presentado por el Gobierno federal.
Tras la liberación de la familia del “El Marro”, López Obrador atribuyó el hecho a la ineficiencia y corrupción de las autoridades guanajuatenses.
“El fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años, 12 años, y tiene que haber una renovación, desde luego lo digo con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato, pero es atípico, completamente”, señaló.
A esto, el gobernador Rodríguez Vallejo contestó que el presidente estaba politizando la situación.
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“Hoy desde la mañanera se politiza la seguridad en Guanajuato, aclaremos las cosas, el Fiscal de Guanajuato fue ratificado por el Poder Legislativo en el Congreso del Estado de Guanajuato. Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo”, escribió en su cuenta de Twitter.
Respecto a la masacre de Irapuato, el presidente condenó el hecho y afirmó que no va a abandonar a la población de ese estado.
“Fue muy fuerte, no vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato ya lo hemos dicho, ayer lo expresé, tenemos elementos de la Marina, del Ejército Nacional, de la Guardia Nacional, van a continuar protegiendo a la población”, declaró en su conferencia matutina de ayer.
Polarización impide colaborar
La polarización política que existe en Guanajuato no permite una colaboración institucional entre el Gobierno federal y el local, afirma Maribel Flores Sánchez, investigadora de Ciencias Políticas y Gestión Pública del Tecnológico de Monterrey.
Afirma que los grupos criminales aprovechan la falta de cooperación para atacar y tomar fuerza.
Son insuficientes las acciones como los operativos, porque no hay una coordinación efectiva entre los diversos órganos procuradores de la seguridad pública. Deben compartir información y proteger mecanismos de inteligencia
La académica argumenta también que existe una falta de liderazgo en el tema del combate a la delincuencia y un discurso tanto local como federal que no contribuye, sino polariza. Considera además que por las disputas entre ambas gestiones, las más afectadas son las autoridades locales.
Milca Judith Calzada Lemus, maestra en Ciencias Económicas y Sociales de la UNAM, coincide en que las confrontaciones políticas no dejan tomar acciones contra la delincuencia organizada.
Sin embargo, asegura que la violencia reciente también es generada por la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Santa Rosa de Lima.
Homicidios en aumento
De 2015 a 2019, las víctimas de homicidio doloso se triplicaron en Guanajuato.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2015 se registraron 957 asesinatos, cifra que para 2019 se situó en 3 mil 540.
Tan solo de enero a mayo de 2020, en Guanajuato se reportaron mil 903 víctimas de homicidio doloso y es estado con la mayor incidencia de este delito, pues el 13 por ciento del total de asesinatos cometidos a nivel nacional ocurren ahí.
