"Estamos tomándonos el tiempo para que salga este caso lo más favorable, para que no se afecte a los ciudadanos de esa área"
"Hasta ahorita no lo han dictaminado para que (los exhortados) informen, ha quedado dormido, habría que preguntarle al diputado Julio César, a ver, por qué no ha tocado este tema tan importante"
El pasado 5 de marzo, el diputado independiente Erick Godar Ureña presentó el exhorto y una iniciativa para reformar el Artículo 150 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado
La omisión del Congreso de Nuevo León se sumó a la del Gobierno del Estado y el Municipio de Santa Catarina, que han evitado intervenir en el caso de una gasolinera que fue construida en medio de dos escuelas.
Hace dos meses y medio los diputados aprobaron un exhorto con el carácter de “urgente” para que el director de Protección Civil del Estado, Jorge Camacho, explicara por qué la dependencia que encabeza autorizó las medidas de seguridad del establecimiento.
La franquicia se encuentra entre el Instituto Sierra Madre y la primaria Ramón López Velarde, en la colonia Enrique Rangel, donde acuden a diario cientos de niños del nivel básico.
Uno de los subordinados del comandante Camacho, el subdirector de Administración de Emergencias, Martín Castillo, dio el Visto Bueno (VoBo) a los dictámenes de seguridad a favor de la concesionaria.
El funcionario, que también otorgó este trámite al trágico casino Royale, dio su opinión favorable, aunque la gasolinera no respetaba los 50 metros de distancia mínima de resguardo.
El pasado 5 de marzo, el diputado independiente Erick Godar Ureña presentó el exhorto y una iniciativa para reformar el Artículo 150 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que establece los requisitos para las licencias de construcción de gasolineras.
Pero Ureña no encontró respaldo en sus compañeros legisladores. Por eso es que asegura que el dictamen del asunto quedó “dormido” en la Comisión de Desarrollo Urbano, presidida por el diputado panista Julio César Álvarez.
“Hasta ahorita no lo han dictaminado para que (los exhortados) informen, ha quedado dormido, habría que preguntarle al diputado Julio César, a ver, por qué no ha tocado este tema tan importante”.
El exhorto de Ureña fue extensivo al alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez, y al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de ese municipio, Carlos Fernando García, para que remitieran al Congreso los detalles jurídicos del expediente de la gasolinera.
Por su cuenta, Álvarez dice que la comisión no se ha reunido para estudiar el asunto, pero justifica el atraso por la carga de asuntos legislativos del actual periodo ordinario de sesiones, que concluirá el próximo 1 de junio.
“Estamos tomándonos el tiempo para que salga este caso lo más favorable, para que no se afecte a los ciudadanos de esa área.
“Nada más estamos esperando tener la reunión de la comisión, para ahí desahogar ese tema, pero creo que vamos a estar citando (a los funcionarios) próximamente”, señala el albiazul, “lo estaríamos sacando ya hasta el próximo periodo”.
La iniciativa de reforma a la ley, que también fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y que permanece congelada, tiene el objetivo de modificar el proceso con el que se otorgan las licencias de uso de suelo a las gasolineras.
La reforma pretende obligar a que el dictamen de Protección Civil del Estado cuente con expertos calificados que sean peritos en su especialidad, y que precisen a detalle la metodología con la que concluyen positiva o negativamente la propuesta en estudio.
“La ley nada más dice que a juicio del director emitirá su opinión, eso es lo que ordenan”, critica Ureña, el promovente de esta modificación.
“Esto hace que él, sin ser perito, sin allegarse de personas que tengan los conocimientos técnicos adecuados para eso, aviente sus dictámenes sin razonarlos, ni decir cómo llegó a la conclusión de ellos”.
La actitud del Congreso se suma a la del Municipio de Santa Catarina y el Estado, que durante dos años han ignorado los reclamos de vecinos y padres de familia sobre los riesgos potenciales de la franquicia de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los dos planteles afectados advirtieron desde 2011 del peligro que corrían los alumnos y vecinos de la colonia Enrique Rangel.
Las instituciones enviaron misivas a diferentes dependencias municipales y estatales acompañadas por más de 400 firmas, en las que pidieron la cancelación definitiva del establecimiento porque no respetaba los límites de resguardo.
Esta gasolinera fue construida por la empresa Carburantes Acueducto S.A. de C.V., que obtuvo una constancia de trámite para obtener la concesión de Pemex-Refinación.
La Subgerencia de Ventas Regional Norte de la paraestatal, a cargo de Javier Eduardo Lozano, otorgó la constancia.
El subgerente también dio una a otra estación ubicada en la colonia La Fama, operada por Estación Díaz Ordaz S.A. de C.V.
Ambas gasolineras fueron avaladas por las tres últimas alcaldías panistas del Municipio de Santa Catarina y el riesgo está latente.
