Créditos fiscales, sin proceso

La impunidad ante los actos de corrupción no ha podido ser resarcida desde las instancias del Poder Ejecutivo a través del cobro de créditos fiscales porque las autoridades carecen de la información suficiente para atender la problemática.

A decir del Congreso del Estado, en marzo pasado se tenía conocimiento de 76 cuentas públicas que habían sido decretadas y cuyo impacto al erario se determinó en un daño patrimonial de cerca de mil 400 millones de pesos en créditos fiscales.

De acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Fiscalización de Jalisco se contempla que, tras publicarse las cuentas públicas de las entidades bajo el escrutinio de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), los cargos que no sean solventados pasarán a ser créditos fiscales que sirvan como sanción por los actos de posible corrupción o mal uso.

Este tema le compete a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) desde el Ejecutivo estatal, y a las tesorerías en los municipios.

El Congreso local solicitó información a las entidades públicas a través de un acuerdo legislativo votado a finales de febrero, y la Sepaf respondió que del grueso de cuentas públicas pendientes sólo contemplaba la existencia de tres.

Así lo menciona por medio del oficio 546/2017, donde Héctor Pérez Partida, titular de la dependencia estatal, señala que en una revisión de los archivos, bases de datos y padrones que van desde el año 2010 a la fecha, sólo se encontraron tres expedientes administrativos relacionados con este tema.

Los señalados

Se trata de los decretos 24002/LIX/12 y 24960/LX/14 que involucran al Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL) y el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), respectivamente.

La primera entidad cuenta con dos decretos emitidos el 27 de abril de 2012, respecto de una cuenta pública de 2009 cuyo crédito fiscal era de 67 mil 825 pesos y en el cual se señalaba a dos sujetos responsables: Arturo Uribe Avin y Jaime Enrique Michel Velasco.

En el segundo decreto, emitido el 11 de septiembre de 2014, derivado de una cuenta pública de 2007, se reconoció un monto de crédito fiscal superior a los 276 mil pesos cuyo responsable señalado por la dependencia fue Salvador Uribe Avin.

Arturo Uribe es conocido por haber sido secretario general de Cesjal hasta agosto de 2013 y su hermano es Salvador Uribe, también señalado y quien fuera director de Capece.

Ambos hermanos amasaron un patrimonio desde la función pública con negocios paralelos a través de empresas favorecidas durante la administración de Emilio González Márquez.

Mientras que Jaime Enrique Michel Velasco, de la empresa dulcera de la Rosa, es conocido por su influencia entre los círculos políticos locales.

A recuperar montos

Luego de reconocer la existencia de dichos decretos con crédito fiscal, la Sepaf explicó que para recuperar los montos inició un procedimiento administrativo de ejecución a los sujetos señalados como responsables.

Aunque la normatividad fiscal también contempla que cuando no haya cobro de los créditos fiscales se va a recurrir al artículo 93 de la citada ley de fiscalización para que entre en acción la ASEJ, como dependencia vigilante.

“El auditor superior denunciará ante el superior jerárquico al servidor público omiso (de la recuperación del crédito fiscal) para la aplicación de las sanciones de conformidad con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

Destaca que durante los últimos meses hayan sido los organismos empresariales los que pugnaban por mejorar las acciones en torno a la corrupción, y los señalados por la Sepaf sean emanados del mismo empresariado a través de organismos descentralizados como Capece y Cesjal.

¿Quién es omiso?

Resulta relevante que aún cuando el Congreso Local expuso evidencia suficiente para determinar que pudiera existir más de 70 cuentas públicas con créditos fiscales por más de mil millones de pesos, el Ejecutivo estatal reconozca sólo tres expedientes.

Las dudas se abren con respecto a si es una falla del Legislativo, por su falta de atención a las cuentas públicas y el decreto de las mismas para determinar el monto de sanción a través de los créditos.

O si se trata de omisiones de las entidades sancionatorias, como la Sepaf y las tesorerías municipales, para realizar las acciones de cobro.

Dicho cobro es importante pues forma parte del sistema de sanción por los actos de corrupción.

La negativa respecto a que haya un grueso tal de casos determinados por el Congreso debido a su impacto muestra la opacidad o impunidad respecto a este tema.

Desde la emisión de este acuerdo, los diputados no han hecho un llamado a las dependencias que se encargan de la sanción, y mientras tanto los millones de pesos que significarían el resarcir los daños al erario se encuentran en un limbo institucional.

En todo caso el Congreso de Jalisco podría recurrir al juicio político cuando los funcionarios públicos no atiendan las sanciones crediticias de las cuentas públicas, pero el silencio por este tema abre suspicacias respecto de la acción que se podría tomar en el futuro.

El faltante

En su acuerdo de febrero pasado, los diputados pidieron explicación de las cuentas pendientes:

>> 76

Cuentas públicas decretadas con impacto al erario contabilizó el Congreso local

>> 1,400

Millones de pesos el daño patrimonial en créditos fiscales

>> 3

Expedientes administrativos reporta la Sepaf sobre este tema