La designación de funcionarios en puestos clave en entes autónomos, que realiza el Congreso local, se han convertido en un tema que deja más dudas, que certezas, por la opacidad que se maneja el proceso de selección de los candidatos.
El Poder Legislativo tiene la facultad de escoger los comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, los fiscales de Justicia y magistrados del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.
Estos procesos de selección y designaciones públicas han sido cuestionados por la sociedad civil por su opacidad y no tiene reglas claras para llegar al nombramiento, pues se ha asignado perfiles afines a un partido político o grupo de poder.
La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) busca poner candados en las asignaciones de funcionarios públicos, a través de una iniciativa de reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
La diputada de MC, Mariela Saldivar, dijo que esta propuesta privilegia la participación ciudadana en los procesos de selección de los funcionarios, además que se contempla la máxima publicidad de las designaciones.
“Todas las convocatorias emitidas por el Congreso deberán ser publicadas durante tres días consecutivos en al menos dos periódicos de mayor circulación en el estado, así como en los portales oficiales del Congreso”, dijo la diputada referente a la iniciativa en su artículo 165.
Por citar un ejemplo lleno de opacidad y tuvo intereses partidistas, fue la asignación de puestos en la Comisión de Transparencia, que hoy pone en duda su autonomía.
Y es que se designó de secretario técnico, a Héctor Ríos Salinas, quien fue director de la Auditoría del la Contraloría del municipio de Guadalupe, en la gestión del ahora diputado priista Francisco Cienfuegos.
Pero además nombró a María Teresa Treviño Fernández, amiga de Narcedelia Cienfuegos, hermana del diputado del PRI. Pero las dudas no quedan aquí.
El Congreso local asignó el año pasado a Gustavo Adolfo Guerrero, como fiscal general, personaje ligado al exgoberandor Rodrigo Medina, así como el fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, quien fue represente del PRI en la Comisión Estatal Electoral.
Y ahora, el exdiputado panista, Arturo Salinas, busca convertirse en magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, por lo que levanta muchas dudas una posible nombramiento sin reglas claras
