Jessica entró al país como migrante en busca de mejores oportunidades de vida. Escapó de Honduras donde su pareja la maltrataba y a su paso por el país llegó a Chiapas.
Ahí nació su hija, Marina. Pero enfrentó varias adversidades. Una de ellas, por una vecina que dijo le ayudaría pero intentó arrebatarle a su hija recién nacida.
“Jessica es una mujer de nacionalidad hondureña. Ella vino huyendo de Honduras dado que sufrió violencia por parte de su pareja. Ella llegó embarazada. Se instala en Chiapas. Posteriormente, la niña nació y como a los 13 días o 14 días fue a recoger el acta de alumbramiento, regresa con el acta y en ese momento Migración la detiene y no obstante que ella argumento que tenía un acta y que tenía hija de nacionalidad mexicana, la deportan a su país”, explica Luz del Carmen Bernard Fuentes, asesora jurídica federal especializada en atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
“La vecina le dice ‘ve a la clínica a recoger el acta y yo aquí te la cuido’. Ella regresa a los dos días, le dice a la vecina que la deportaron, y ella le dice me tienes que pagar absolutamente todo”, afirma la abogada.
Es decir, la vecina le cobró el cuidado de la niña. Para cobrarse, la mujer llevó a la hondureña a un sitio en donde padeció trata de personas con fines de explotación sexual.
“Le dice yo te tuve que cuidar a la niña, ahora lo que te corresponde es pagarme absolutamente todo lo que he hecho por ti. En ese momento inicia la trata. La tratan tanto en Chiapas como en Oaxaca. Ahí pasan aproximadamente dos o tres meses. Posteriormente, a ella la vuelve a detener Migración y la vuelve a deportar”, expone la abogada.
Recuperando a Marina
La vecina tramitó un acta administrativa para hacerse cargo de Marina, argumentando un supuesto abandono de la madre. La mujer, junto con su pareja, la registró como su hija, bajo otro nombre.
En un tercer ingreso al país, Jessica denunció a su vecina ante las autoridades por el delito de retención de menor de edad y trata de personas. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) solicitó la protección de la justicia federal en contra de los actos de diversas autoridades cometidos en detrimento de los derechos de Marina.
“Ella se entera también de que la vecina la registra a su nombre junto con su esposo, dado que va con las autoridades y habla de un supuesto abandono por parte de la madre. En ese momento, Jessica toma la decisión de denunciar, denuncia, ya había una línea previa de investigación por parte de las autoridades de Chiapas y detienen a la persona tratante. La niña queda a disposición de las autoridades de protección de niñas niños y adolescentes en Chiapas”, expresa la abogada en entrevista.
El Instituto federal de la Defensoría Pública (IFDP) intervino a través de un amparo directo en representación de la niña, al considerar que se violentó en su perjuicio del artículo cuarto constitucional, que se refiere a la reunificación familiar.
“No se le ha respetado la niña al saber de dónde viene, quiénes son sus padres, que tiene derecho a una nacionalidad y que ella tiene derecho a ser cuidada por su madre”, expone la asesora Luz del Carmen Bernard Fuentes.
“El 20 de marzo de 2021 un juez determina la modificación del acta de nacimiento para que Jessica registre a su hija con los nombres que ella considere y se inician las convivencias entre ellas.
Derecho llave
Bernard Fuentes explica cómo le fue vulnerado a Marina el derecho a la identidad.
“El derecho a la identidad es un derecho llave. ¿Por qué le llamamos derecho llave? Porque el derecho a la identidad te garantiza el derecho a otros derechos. En este caso, el derecho a la identidad te garantiza el derecho a saber quiénes son tus padres y a la tutela”, expone.
“Por eso se ponderó la reunificación familiar con su madre para que su madre ya decidiera, en primera, que registrara a la niña con los nombres que ella considerara y, dos, que la niña también supiera que tiene derecho a la identidad y a la nacionalidad hondureña porque también es de padres hondureños”, sentencia la especialista.
Actualmente, Jessica y su hija Marina se encuentran juntas después de toda la travesía, pero siguen pendientes algunas investigaciones, como la trata de personas que padeció en Chiapas y Oaxaca.
“Es una carpeta de investigación que es tratada por las autoridades del estado, hablemos de que nosotros somos una entidad que atiende asuntos federales, ese tipo de asuntos se ven en el estado y efectivamente en su momento fue detenida la persona, se estaba llevando ya una línea de investigación en contra de la trata, obviamente, también se le imputan delitos en contra de la menor”, explica la especialista.
La abogada recalcó que el Instituto Federal de la defensoría Pública atiende de manera gratuita en todos los estados de la República.
En forma preferente, el Instituto ofrece atención a las personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes, solicitantes de refugio, representación especial de niñas, niños y adolescentes y en general a quienes por razones sociales y económicas no pueden contratar los servicios de un abogado particular.
Además, el IFDP tiene defensores especializados en justicia para adolescentes, con asesores para personas en movilidad y sujetas a protección internacional, es decir, migrantes, así́ como asesores especializados en atención a personas con discapacidad.