En la capital del país el asalto psicológico en el transporte público se ha popularizado a niveles alarmantes y por ello en el Congreso de la Ciudad de México se discute convertir en delito este tipo de conductas.
Hace dos semanas, la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local propuso la iniciativa de tipificar esta clase de hechos para que los mismos puedan ser considerados bajo la etiqueta de una comisión de delito a través de una modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales.
De acuerdo con el impulsor de la iniciativa, Víctor Hugo Lobo Román, ésta fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino para su votación y se estima que en un plazo no mayor a dos meses sea ratificada, ya que a su consideración se trata de un tema urgente que afecta a los usuarios del transporte público y también a los capitalinos en general.
En estas situaciones de intimidación no se llega a incurrir en una falta material o daño físico, por lo que no son consideradas como delito
“Esta iniciativa es una de las prioritarias y la misma ha causado bastante eco y ha despertado una buena aceptación de parte de las demás fracciones parlamentarias, por lo que indudablemente se tendrá que sacar durante este periodo y ya con una dictaminación, para que se publique y entre en vigor a la brevedad”, advierte Lobo.
En tanto, los asaltos psicológicos se repiten día con día.
“Qué tal, mi gente. Nosotros acabamos de salir del reclusorio hace unos días, pero como no tenemos chamba preferimos venir a pedirte cinco pesos y en lugar de arrebatarte tus pertenencias. Tírame un paro en lugar de obligarme a la maldad, ¿no, pasaje?”, son algunas de las palabras que Ximena Méndez debe soportar casi a diario en la alcaldía Iztapalapa.
Para ir a su trabajo, ubicado en la zona centro de la ciudad, ella aborda diariamente un microbús en la zona de los Culhuacanes y con dirección a la estación de Metro Escuadrón 201. Llegar a su destino sin ser víctima de un asalto psicológico, refiere la joven de 26 años, siempre es una incertidumbre.
Ximena explica que lo mejor que se puede hacer es no sacar el celular en el camión y procurar traer cambio a la mano en caso de que se llegue a subir un presunto exconvicto a pedir cooperación.
Dado que en estas situaciones de intimidación no se llega a incurrir en una falta material o en un objetivo de daño físico, las mismas aún no son consideradas como un delito y los involucrados suelen dedicarse con pleno conocimiento a este tipo de actos y en absoluta impunidad.
Para propiciar mayores condiciones de seguridad al momento de trasladarse de un sitio a otro y poner un alto a los discursos “amenazantes e intimatorios” en contra de los usuarios del transporte público, la fracción perredista manifestó la urgencia de tomar cartas en el asunto.
El grupo parlamentario aseguró que la agudización de este fenómeno se encuentra emparentado con la liberación de más de 35 mil personas que en años anteriores se mantenían recluidas en alguna de las 13 sedes penitenciarias con las que cuenta la ciudad.
De acuerdo con registros de la Procuraduría General de Justicia local, de enero de 2016 a diciembre de 2018 en la capital del país fueron iniciadas un total de 2 mil 954 carpetas de investigación por el delito de robo a pasajero a bordo de transporte público con violencia; mientras que otras 597 casos fueron abiertos por su modalidad sin violencia.
Del señalamiento al delito
El asalto psicológico es un fenómeno que recae dentro de las conductas que deben de tipificarse como delitos por su grado de afectación, refiere en Lobo Román, vicecoordinador del PRD en el Congreso capitalino.
“Este tipo de ataques ocurre todos los días y por eso es urgente que el tema no sea considerado menor, que se haga costumbre o se deje crecer aún más, sino todo lo contrario y para que las personas que lo vienen realizando sepan que no se incurre en un simple señalamiento, sino un delito que atenta en contra de otros”
A su consideración, es necesario que se establezcan las sanciones y una figura procesal con la cual se llegue a tipificar esta clase de hechos, ya que el asunto ha crecido y se ha ampliado hasta el punto de lastimar a cualquier ciudadano de manera impune.
“Estos episodios que no sólo trastocan la economía y el derecho al transporte, sino también el estado de ánimo de las personas, por su matiz psicológico, de miedo y de posibles amenazas posteriores”, enfatiza.
Fenómeno complejo
La conformación de un delito siempre apela a una amenaza negativa o de restricción, sin embargo, al tratarse de un hecho psicológico esta conducta podría mutar en el ámbito del discurso y así evitar un roce con los límites de la falta, por lo que una tipificación no podría suponer un obstáculo para estos actos, explica José Antonio Álvarez León, académico en Política Criminal por la FES Acatlán de la UNAM.
“Construir catálogos de delitos es más fácil que combatir la inseguridad, no obstante, antes de cualquier decisión se deben agotar todas las estrategias posibles, además de hacer frente a la serie de delitos ya existentes y que también podrían influir en la conformación del mismo”, indica el experto.
Ya que cualquier delincuente podría variar su conducta o discurso con tal de no incurrir en los actos considerados como crímenes, sostiene el también doctor en Derecho, resultaría pertinente adoptar ciertas medidas de seguridad en el transporte público.
“Si se tipificara como un delito grave el asalto psicológico se correría el riesgo de que las cárceles se llenaran con esta clase de personas y si se considerara no grave, éstas no acumularían ningún cargo imputable y saldrían libres sin ninguna culpa”, sostiene.
De enero de 2016 a diciembre de 2018 se iniciaron 2 mil 954 carpetas de investigación por el delito de robo a pasajero a bordo de transporte público con violencia y 597 en su modalidad sin violencia
De obtenerse una tipificación por estos hechos en el Congreso local, el especialista apunta que sería viable enmarcarla dentro de los lineamientos del delito extorsión, pero en un “apartado muy específico que establezca las condiciones en que pueda ser aplicable y que se garantice una protección para las víctimas”.
