Corruptos en fuga

Todo mundo habla del sistema anticorrupción, pero hay una serie de actores -empresas, gobierno, servidores públicos y ciudadanía- que promueven, incentivan, ignoran o sencillamente “dejan pasar” las transas y cochupos de este país.

Es el sistema procorrupción mexicano que nunca será reconocido oficialmente pero es muy popular, que ha dado muestras de que está blindado y hay pocas acciones que se han hecho para combatirlo.

Es este sistema el que ha traído su propia terminología. Desde la “mordida” y la “cuatitud” hasta los “moches”. Los conceptos como “El año de Hidalgo” -ese en el que los políticos dicen ‘chingue su madre el que deje algo’-, y muchos otros, son parte de la vida pública de nuestro país.

En México está claro que cuando el saqueo haya acabado con todo… se puede hacer negocio con las ruinas. ¡Al cabo que las multas son de chocolate!

Uno de los actos más grandes de corrupción que se han hecho con el patrimonio nacional es el negocio con las vías de ferrocarril en cinco estados de la República, en el que, por cierto, los sancionados no han pagado su multa por más de mil 800 millones de pesos.

Este caso ocurrió en Ferrocarriles Nacionales de México, pero no es el único. Petróleos Mexicanos (PEMEX) también documenta al menos cinco casos en que la sanción contra los presuntos implicados es mayor a los 10 millones de pesos.

Sólo se está hablando de multas firmes interpuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el que hay sanción. Son las más grandes de la historia de México.

El escándalo de Ferronales se dio a conocer desde 2010 y hoy se sabe que los funcionarios implicados no han pagado la multa millonaria que, de acuerdo con la SFP, iba acompañada por una sanción de 20 años.

Dos funcionarios de Ferrocarriles Nacionales (Ferronales) fueron multados por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública como resultado de un procedimiento administrativo disciplinario, con una sanción de mil 874 millones 947 mil 776 pesos a cada uno.

“Derivado del procedimiento administrativo disciplinario descrito en los párrafos que anteceden, este Órgano Fiscalizador presentó denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación por la disposición indebida de cinco vías ferroviarias, sin que se cuente con información proporcionada por la autoridad ministerial que permita determinar el delito que, en su caso, les haya sido imputado”, refiere un oficio de la SFP en poder de Reporte Indigo.

Uno de los funcionarios acusados es Enrique Alejandro Rivas Zivy por disponer ilícitamente de las vías férreas para venderlas como toneladas de chatarra a las empresas.

Los servidores públicos dispusieron de bienes que no son sujetos de comercio, en presunta violación a la Ley General de Bienes Nacionales; además, incumplieron con los requisitos legales para desincorporar dichos bienes del patrimonio nacional.

Es decir, se saltaron la ley e hicieron negocio con el patrimonio nacional de todos los mexicanos.

Hicieron, deshicieron y repartieron de arriba a abajo del territorio nacional, sobre todo en cinco distintos tramos: en Chihuahua, de La Junta hasta Ciudad Juárez; en Michoacán, de Caltzontzin hasta Uruapan; en Durango, de Purísima a Regocijo; en Jalisco, de Ocotlán a Atotonilco; y en Puebla, de Axochiapan hasta el empalme del distrito de Atencingo.

En 2010, la Función Pública, entonces a cargo de Salvador Vega Casillas, relacionó a cinco funcionarios públicos de Ferronales: el exdelegado fiduciario, encargado de la liquidación de la paraestatal; el exsubdirector general jurídico; el exsubgerente de Servicios Especiales; el exjefe de área “C” de la Subgerencia de Servicios Especiales, y el exjefe de área de la Subdirección General Jurídica.

Hoy se sabe que solo tres se mantienen implicados.

Los funcionarios vendieron el acero de las vías férreas con una extensión mayor a los 590 kilómetros y un peso de más de 52 mil toneladas de acero de la más alta calidad. Eso es equivale a vender una distancia carretera de México a Coatzacoalcos, pero de férrea vía del tren… a precio de regalo.

La SFP mantiene abiertos los expedientes de responsabilidades administrativas adicionales para los cinco involucrados. El daño se efectuó entre 2007 y 2008.

Los empleados de Ferronales entregaron vías férreas y accesorios a empresas como Remetsa, Remesare y Cicloaceros. Vendieron lo mismo los rieles que los durmientes. También los pernos y hasta los clavos enterrados en los durmientes de madera. Todo. El valor de estos bienes se calculó en más de mil 800 millones de pesos.

Sancionados e inhabilitados

Funcionarios acusados por vender el acero de las vías férreas con una extensión mayor a los 590 kilómetros y un peso de más de 52 mil toneladas de acero de la más alta calidad:

Enrique Alejandro Rivas Zivy, ostentaba el cargo de delegado fiduciario.

Tiene una multa por mil 847 millones de pesos y una inhabilitación por más de 20 años.

Efrén Alejandro del Pozo Castro, era subdirector general jurídico.

Tiene una multa por mil 847 millones de pesos y una sanción por 20 años.

Saúl Román Tiburcio, exsubgerente de ventas de bienes muebles.

No tiene sanción económica y también fue inhabilitado por dos décadas.

Llévelo, llévelo… los bienes de la nación

Los funcionarios públicos se hacen de dinero con los bienes de la nación.

En Petróleos Mexicanos (Pemex) hay cinco multas firmes contra servidores públicos que rebasan los 10 millones de pesos. En estos casos los funcionarios vendieron materiales o favorecieron a los contratistas.

El servidor público Rogelio Rosendo Ruiz fue inhabilitado por suministrar, como superintendente de Pemex Exploración y Producción, un material denominado barita, que en la industria se utiliza para hacer balatas y otros artículos. Recibió una sanción de 16 millones 164 mil pesos.

Al supervisor de obra Jesús Gil Torres se le pasó establecer en un contrato un porcentaje para el otorgamiento de un segundo anticipo y ello ocasionó un pago en exceso. La multa para el servidor público fue por 11 millones 200 mil pesos y una inhabilitación permanente.

El subgerente de Administración Joel Espinoza García le otorgó a un contratista una extensión de plazo para la entrega de una obra… pero sin tener facultades para ello. Además, recibió de manera extemporánea otros trabajos sin aplicar penas. La multa fue de 10 millones 800 mil pesos.

Roberto González Hernández, especialista técnico A, incurrió en estas mismas faltas que provocaron el retraso de una obra para la petrolera. La multa fue por 10 millones 800 mil pesos.

Un monto de multa de 10 millones 100 mil pesos fue impuesta a Teodoro Alfredo Valenzuela, cuyo cargo no se especifica, pero pagó por una obra sin terminar que derivó en un pago injustificado.

En Pemex

Multas a funcionarios por vender materiales o favorecer a contratistas:

>> 16.1

Millones de pesos sanción que recibió Rogelio Rosendo Ruiz por suministrar barita. También fue inhabilitado

>> 11.2

Millones de pesos multa para Jesús Gil Torres y la inhabilitación permanente

>> 10.8

Millones de pesos pena para Joel Espinoza García y Roberto González Hernández

>> 10.1

Millones de pesos sanción impuesta a Teodoro Alfredo Valenzuela por pagar por una obra sin terminar

La evasión de los corruptos

Los corruptos en algunos casos están plenamente identificados, pero -como por arte de magia- evaden los castigos.

La legisladora del PAN, Minerva Hernández Ramos pidió que la PGR “haga su tarea, porque de poco sirven todos los hallazgos de la ASF, que con todo y las omisiones y lo reducido del universo de revisión, son valiosos los resultados, si la PGR no hace lo que le toca ante un daño al erario público de más de 221 mil millones de pesos acumulado  2014, más 165 mil millones de pesos que se reporta en la Cuenta Pública 2015”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un organismo autónomo de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública.

Resaltó la importancia de sesionar conjuntamente entre la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, porque “la ejecución del gasto va de la mano con la vigilancia. Tenemos un presupuesto ficticio, no podemos negarnos ese derecho y facultad: la aprobació del presupuesto y su vigilancia”.

En un comunicado señaló lo valiosa que es la información de la ASF solo en las revisiones que practica; sin embargo, “muchos de esos recursos presupuestales escapan a su fiscalización. Es necesario contrastar, tanto la existencia de las constantes en las observaciones de la ASF cada año como las arbitrariedades en las transferencias, porque una cosa es lo que aprueba esta Soberanía y otra muy distinta (lo que se ve) al cierre del ejercicio. No se parecen en nada”.

La legisladora ha pedido a la Cámara de Senadores que acelere el nombramiento del fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción.

Este sistema está en riesgo de no enmendar los vicios del presente.

En estos días, el procurador general de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, deberá comparecer ante la Cámara de Diputados para que informe sobre el curso de las promociones de responsabilidad administrativa y sanciones por anomalías en la aplicación del presupuesto.

Impunidad sistemática

En México, uno de los grandes problemas es que la corrupción no se castiga, afirmó la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“La PGR dice que tiene guardadas o en lista 70 mil denuncias. (Dice la PGR) que no tiene un área especializada, que no se ha nombrado a un fiscal anticorrupción que podría encargarse de estos casos y se les da largas al asunto.

“Los mexicanos siguen viendo a funcionarios abusivos y no se persigue este delito en México, y finalmente se vuelve una forma de enriquecimiento ilícito”, asegura la diputada Minerva Hernández Ramos.

El sistema para la persecución de delitos de corrupción permite que los funcionarios evadan a las autoridades.

“En la Cámara de Diputados, cuando se ha tratado de llamar a funcionarios relacionados con esta problemática de corrupción y de perseguir el delito normalmente lo evaden. No se considera relevante. Me parece vergonzoso y preocupante que estas multas no se paguen.

“Además, la relación entre la multa y lo que verdaderamente pudieron haber causado en daño al erario, estamos hablando de millones de pesos que finalmente las multas no reflejan necesariamente el tamaño real del mal uso que se hizo el dinero público”, afirma la legisladora por Morena, Araceli Damián.

En la historia reciente de México ha habido un proceso de desmantelamiento de la infraestructura nacional de los bienes públicos, señala la diputada federal.

“Desde la forma en cómo se privatizó Teléfonos de México, se le dio una concesión a quien, gracias a esa empresa, que es nacional, se hizo uno de los hombres más ricos del mundo.

“Podemos ir desde ese gran acto hasta todos los demás, en donde verdaderamente no conocemos el remate de bienes nacionales. No se investiga, no se castiga, y aunque haya multas los funcionarios encuentran la forma de zafarse”, añade.

Lo cierto, comenta, es que quedan “dudas de qué se hizo con las empresas que en algún momento eran nacionales y que se están desmantelando”.