En el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el análisis sobre la corrupción en México enfrenta dos perspectivas.
Mientras la población opina que al interior del Gobierno federal hay menos actos de corrupción en comparación con la administración pasada –que encabezó Enrique Peña Nieto–, las mediciones revelan que se elevó el número de personas que fueron testigos o víctimas de estas prácticas.
Es decir, que aun cuando el discurso del jefe del Ejecutivo refiere que se está “barriendo la corrupción”, esta problemática sigue presentándose y con mayor frecuencia.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), elaborada por el Inegi, en el 2017, penúltimo año del sexenio de Peña Nieto, el 94.5 por ciento de los entrevistados dijeron que percibían actos de corrupción en algún nivel, ya sea de manera poco frecuente, frecuente o muy frecuente al interior de su administración.
Para el 2019 –primer año de López Obrador como presidente– el 85.2 por ciento respondió de la misma forma. Es decir, que la percepción de corrupción decreció 9.3 puntos.
A pesar de que el gobierno del tabasqueño se vio beneficiado por las consideraciones de la población, durante el 2019 la tasa de actos de corrupción aumentó un 7.5 por ciento con respecto al 2017.
De acuerdo con la ENCIG, 14 mil 635 personas de cada 100 mil experimentaron una acción corrupta al momento de realizar un trámite gubernamental durante el 2017; para el 2019 la cifra creció a 15 mil 732 casos
Según la encuesta, el año pasado Durango presentó la tasa más alta en percepción de corrupción con 25 mil 389 sucesos. Le siguen la Ciudad de México con 20 mil 690, el Estado de México con 20 mil 683, Quintana Roo con 19 mil 946 y Morelos con 16 mil 396.
En contraste, las entidades con menor incidencia son Zacatecas con 6 mil 872, Colima con 6 mil 945, Baja California Sur con 7 mil 673, Tamaulipas con 7 mil 705 y Tabasco con 8 mil 640.
Desde su campaña a la Presidencia el combate a la corrupción ha sido un eje central en el discurso, las políticas y el plan de desarrollo de López Obrador. De manera reiterativa ha mencionado que el enfrentar este fenómeno beneficia los ingresos de la nación.
“Ya tenemos esta transformación, pero no sólo es una nueva moral pública, sino también imagínense los beneficios que nos da acabar con la corrupción. Yo creo que llevamos ahorrado en nueve meses como 500 mil millones de pesos por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, por no gobernar con lujos en el gobierno”, declaró el presidente en Chignahuapan, Puebla, durante un acto público en agosto de 2019, unos días antes de rendir su primer informe de gobierno.
En el marco global en materia de corrupción, México avanza a paso lento. De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción que elabora la organización Transparencia Internacional, el país obtuvo 29 puntos de calificación y se colocó en el lugar 130 de 180 países.
Aunque la nación mejoró un punto en el 2019 con respecto al 2018, es el miembro con más presencia de corrupción de todas las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El periodo que Transparencia Internacional tomó en cuenta para este estudio, comprendió el 2018 y de enero a agosto de 2019, es decir, que observó la transición del gobierno priista al morenista, que resultó de las elecciones celebradas hace dos años.
Discurso vacío contra la corrupción
Para Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, el Gobierno federal no debe atribuirse como un logro el hecho de que la percepción ciudadana considere que hay menos corrupción en esta administración que en las anteriores.
Creo que la narrativa (del presidente) es poderosa pero vemos una débil realidad. El presidente tiene un discurso muy consistente, muy fuerte, pero las acciones judiciales, la acciones en materia de lucha contra la corrupción con nombre y apellido brillan por su ausencia
El legislador añade que las instituciones dedicadas a investigar y perseguir los actos de corrupción, como la Secretaría de la Función Pública o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), deberían estar alarmadas por el repunte en los casos de corrupción que identifica la población.
Pablo Montes, coordinador de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) opina que el combate a esta problemática carece de acciones claras para disminuir su incidencia.
“Con el discurso no se acaba la corrupción, se requieren políticas claras y, como no las tenemos, eso se refleja en que la gente que escucha día con día al presidente, en el sentir perciban que hay menos corrupción. Pero al momento de enfrentarse con la realidad, en el caso de los trámites, no solo sigue ahí, sino que va en aumento. Es un discurso fuerte pero vacío”, considera el especialista.
