Prebendas carcelarias

El sistema penitenciario de Jalisco aloja toda una industria de corrupción que genera decenas  de millones de pesos en prebendas para sus servidores públicos, y donde los más afectados son los familiares y conocidos de los presos.

Las estructuras burocráticas y operativas de las cárceles estatales exigen pagos ilegales o mordidas por 80.1 millones de pesos en un aproximado anual, según la más reciente medición de la corrupción local del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal).

Es decir, se trata de dádivas ilegales que los familiares y amistades de los presos deben pagar en su interacción cotidiana con el sistema carcelario de Jalisco, para el desahogo de trámites habituales, como el poder visitar a los internos, e incluso para que estos se encuentren “cuidados”.

Los hallazgos del Cesjal muestran que el problema de corrupción en las prisiones de la Fiscalía General va más allá del autogobierno que, como ha sido exhibido, sostiene el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), o los malos manejos de las tiendas en su interior aún sin retornar a la rectoría de la autoridad.

Según el Consejo, la mordida que pagan los jaliscienses que acuden al sistema penitenciario “para que un familiar o amistad esté ‘cuidado’ en el reclusorio”, se eleva en promedio a los 2 mil 014 pesos, lo cual hace que su cálculo anual sea de 62.9 millones de pesos.

Pero este no es el único cobro ilegal que demanda la estructura de la Fiscalía General responsable de las cárceles: su Fiscalía de Reinserción Social, otro es el que surge del trámite para “ver o hablar con un familiar o amistad en el reclusorio”.

Por este último cada dádiva ilegal pagada por los jaliscienses fue en promedio de 800 pesos, con una estimación anual del orden de 17.2 millones de pesos, todo según el Estudio sobre la Percepción de la Corrupción en Jalisco 2017.

Mal sistemático

Con la difusión en mayo de una narcofiesta del CJNG al interior del Reclusorio Preventivo -hoy Comisaría de Prisión Preventiva-, ocurrida en 2013, la atención del Gobierno de Jalisco se centró sobre sus cárceles, luego, pasada la crisis, todo volvió a su estado habitual.

No obstante, lo que advierte el Cesjal es que el mal de la corrupción en la gestión carcelaria es sistemático y generalizado, una deficiencia que compete directamente al titular de la Fiscalía, Eduardo Almaguer Ramírez. 

Por ejemplo, el trámite para “ver o hablar con un familiar o amistad en el reclusorio”, si bien lo tuvo que realizar solamente un 2 por ciento de los encuestados, toda una quinta parte de los mismos – 20 por ciento- tuvo que pagar una mordida para poder efectuarlo.

Y en el caso del trámite para “pagar para que un familiar o amistad esté ‘cuidado’ en el reclusorio”, el cual lo efectuó el 1 por ciento de los encuestados, el estudio constató que el 100 por ciento de los mismos dio la mordida -aunque ese concepto es en sí mismo un soborno-.

En el 91 por ciento de los pagos ilegales que obtuvo el sistema carcelario estatal fueron recibidos por sus propios servidores públicos, y solo el resto por gestores o “coyotes” de algún tipo. 

Esta misma estructura penitenciaria, con esta corrupción ínsita, es la que está a cargo de una población de más de 17 mil internos, con 839 miembros de organizaciones delictivas, como el CJNG, con 354 integrantes; Los Zetas, 143; el Cártel del Milenio, 65; La Resistencia, 64, y del Golfo, 62.

Depuración pendiente

Pese a las dinámicas corruptas que muestra la Fiscalía de Reinserción Social, cuyo titular es Carlos Zamudio Grave,  esta no ha cumplido en un nivel óptimo con el control de confianza, y tampoco ha sido sujeta a un proceso de depuración honda en sus distintos grados jerárquicos.

Esa Fiscalía mantiene en activo a 93 mandos y operativos del área de custodios penitenciarios que reprobaron las pruebas de confianza, esto es, el 4.72 por ciento de su estado de fuerza -mil 960-.

Y si bien en su inmensa mayoría los mandos y operativos de custodia fueron evaluados -99.5 por ciento-, más de la mitad ya debió haber sido evaluada de nuevo, pues el 58.3 por ciento está en activo con certificados de control pendientes de renovación -mil 149-.

Esto según el seguimiento que hace en esta materia la asociación civil Causa en Común, a diciembre pasado. Pero este problema lo confirma el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con números a abril pasado.

Este arroja un área de custodios con 2 mil 100 elementos en Jalisco, de los que el 5 por ciento está activo pese a haber reprobado, y en efecto, solo el 40 por ciento están aprobados con certificado vigente, por lo que el 60 por ciento ya debió haber sido evaluado de nuevo.

Los síntomas

Durante el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, la deficiente estructura carcelaria ha quedado expuesta:

– Tienditas en las prisiones. Hay 38 de estas; aunque la Fiscalía aseveró que fueron cedidas en su mando al CJNG en el pasado sexenio, en el actual no se ha removido a ninguno de sus concesionarios.

– El caso de “El Chaca”, o Gerardo “N”, detenido por la Policía tapatía por liderar a una banda de robacoches con cerca de 150 robos. La Fiscalía de Reinserción Social lo dejó ir  el 21 de marzo, aunque existía una orden de aprehensión pendiente en su contra. Se abrieron indagatorias contra seis funcionarios sobre las que no se han dado detalles.

– El 10 de abril la Fiscalía difundió que al interior de la Comisaría de Prisión Preventiva operaba una célula dedicada a la extorsión telefónica de connacionales en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, Miami, Georgia, Austin, Dallas, Houston y Chicago.

Ganancia sin reportar

Reporte Indigo publicó que la Fiscalía no supervisa las finanzas de las tiendas al interior de las prisiones, ni sus utilidades, ni regula el precio de sus productos.