Tras ser presentada como una de las principales políticas sociales de Enrique Peña Nieto, en enero de 2013, la Cruzada Nacional contra el Hambre presentó varias inconsistencias en su Auditoría de Desempeño.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó esta tarde la fiscalización del programa en el que concluyó que la mayoría de los objetivos del proyecto no se cumplieron.
Lo anterior, fundamentalmente, se adjudicó a que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) no elaboró matriz alguna de medición para conocer el impacto y desarrollo de la política social.
En la revisión especializada a la cuenta pública de 2017 se halló, en primer lugar, que no se reglamentó el derecho constitucional a la alimentación y no se identificó con precisión a la población a la que deben ir dirigidos los apoyos.
Argumentó que la SEDESOL no constituyó como tal una solución estructural y permanente para solucionar el problema de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria.
Por esta razón, la ASF presentó los datos actuales en los que el 64.2% de las personas tienen una carencia por acceso a la salud, mientras que el 58.1% tiene carencia por acceso a alimentación.
Agregó que la estrategia no constituyó una solución para superar el problema de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria, y en ningún momento se pudo demostrar el impacto de la Cruzada.
Finalmente, la ASF indicó que la SEDESOL también cambió el término “erradicar” por “atender” la pobreza alimentaria, en 2015, lo que disminuía, evidentemente, el efecto de la política social en los mexicanos.