La planta de tratamiento del edificio todavía no está en operación, se estima que podría tener averías, pues desde hace dos años que fue construida, pero nunca fue puesta en marcha
Los malos manejos administrativos en la construcción de ese edificio se sumarían a la lista negra del exgobernador Emilio González, quien podría enfrentar cargos penales
El cambio de sede de los juzgados del Poder Judicial del Estado sigue causando dolores de cabeza tanto a trabajadores del organismo de justicia como a Consejeros de la Judicatura.
A pocos días de iniciar con la mudanza al nuevo edificio todavía no se ponen de acuerdo con los ajustes necesarios que den certeza a la administración de la nueva sede ni de los insumos obligados para los empleados.
De lado de los trabajadores existen dudas respecto a cómo se ayudará económicamente a los empleados que a partir del 19 de agosto, fecha en que se tiene tiene previsto el cambio, despacharán desde la nueva sede en Periférico Norte.
Pero la fecha podría recorrerse de no tener todos los permisos de habitabilidad y puesta en marcha del sistema de operación de agua potable de la llamada Ciudad Judicial, confirma el Consejero de la Judicatura.
El consejero Mario Pizano reconoce que faltan ajustes administrativos, pero la intención de utilizar el edifico sigue.
Sin embargo, los sindicatos ven con ojos de desconfianza la súbita decisión de habitar el edificio que por más de dos años se mantuvo en abandono.
Acusan que el Consejo de La Judicatura hizo contrataciones de personal con el fin de hacer negocio en el proceso de mudanza, sin dar nombres refieren que hijos de magistrados están involucrados en el proceso.
“Supuestamente se tiene contratado un secretario y un hijo de un magistrado que va a ganar 35 mil pesos mensuales por seis meses, el cambio se hace en 15 días”, señala Arturo Anaya, integrante de uno de los sindicatos.
El pago del transporte, las comidas y el servicio de guardería son algunos de los pedimentos de los trabajadores.
Pero estos son minimizados por los consejeros de la judicatura, quienes no ven en el proceso ninguna doble intención.
Construida durante la administración del exmandatario de Jalisco, Emilio González Márquez, el edifico todavía tiene en obra negra el tercer piso. En donde se pretende hacer adecuaciones para albergar espacios para juicios orales y más oficinas de juzgados.
Los malos manejos administrativos en la construcción de ese edificio que costó (sin terminar) más de 900 millones de pesos, se sumarían a la lista negra del exgobernador panista, quien podría enfrentar cargos penales por este caso.
Sin nuevas prerrogativas
Los dos sindicatos del Poder Judicial: el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Jalisco y el Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial Del Estado de Jalisco, unieron fuerzas en este caso.
Y con motivo del cambio de edifico exigen a los Consejeros de la Judicatura que den total certeza a sus condiciones laborales.
Pues a dicho de Arturo Anaya Peña, secretariogeneral del Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial, hasta hoy no se ha cumplido con el aumento salarial prometido.
Con el cambio de edificio los empleados deberán trasladarse hasta las nuevas instalaciones que se ubican en Periférico muy cerca de la avenida Guadalupe.
Las distancias serán el doble para la gran mayoría de los trabajadores, aseguran los entrevistados.
El problema –dicen- es que no hay las rutas de camión suficientes para dar cabida a todo el personal, ni se ha anunciado nuevos derroteros, expone Anaya Peña.
Y de cara al cambio de edificio, los líderes sindicales señalan otros inconvenientes que observan en el nuevo edificio, como la falta de espacios de cafetería y guardería.
Para el líder sindical, la ausencia de estos dos servicios denotan que la Ciudad Judicial no es un espacio digno para los trabajadores del Poder Judicial del Estado. Ambos servicios se ofrecen en las instalaciones del Poder Judicial Federal, contrasta el entrevistado.
En la óptica de los sindicatos estos dos servicios deben proveerse de forma gratuita a fin de no alterar la economía familiar de los trabajadores del Estado.
“Dónde está la Ciudad Judicial. Si fuera una ciudad se notaría. Si este edificio albergara a los Magistrados y los Jueces como el Poder Judicial Federal”, refiere el sindicalista a propósito de la mudanza que deja fuera a los Tribunal Estatales.
Persisten las dudas
La versión de los Consejeros de la Judicatura dista mucho de la de los trabajadores, el Consejero, Mario Pizano Ramos, refiere que el Poder Judicial no está obligado a dar servicio de guardería por ser una actividad de riesgo.
“Desde luego que no es un edificio que pueda albergar guardería, el Consejo de Judicatura no tiene capacidad para dar servicio de guardería, pero ya tenemos convenio con Ayuntamiento que dan ese servicio “, dijo Pizano Ramos.
En cuanto al servicio de transporte, el consejero aseguró que el Poder Judicial ofrecerá el servicio a través de una empresa privada.
Pero a cuatro días de que cumpla el plazo para la mudanza, todavía no firma ningún convenio. Ni se han definido los puntos de salida de las rutas de camión. El Centro Histórico se valora como opción.
El área de cafetería no está adecuada, sin embargo Pizano Ramos prometió que el Consejo también lanzará las invitaciones para que empresas provean el servicio y que este sea accesible a los empleados.
Al reclamo del aumento de salario, refiere que los impuestos de los trabajadores hoy son asumidos por el Poder Judicial y es una prerrogativa que ayuda a su economía.
Pero a dicho del sindicato, esto solo se ha aplicado en los sueldos que reciben Jueces y consejeros.
Las fallas de la Ciudad Judicial
En junio pasado Reporte Indigo realizó un recorrido por las instalaciones del Poder Judicial en las que se corroboró que las instalaciones en el tercer piso siguen en obra negra.
El edificio entonces se encontraba deshabitado, sucio, sin muebles.
En todo momento el Consejero de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero, responsabilizó al exmandatario Emilio González Márquez del desfalco económico en la construcción de la Ciudad Judicial, que asciende a 900 millones de pesos, el triple de lo presupuestado.
Pese a los avances en el mobiliario y en la instalación de luz y servicio de Internet y telefonía, a la fecha el edificio sigue sin permisos de habitabilidad. El trámite está atorado en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Pero según declaraciones que hizo el consejero Pizano Ramos en entrevista con Reporte Indigo, ya se había logrado un acuerdo con el SIAPA, en específico con su presidente Francisco Ayón para que el organismo provea de los servicios de agua potable y alcantarillado.
La planta de tratamiento del edificio todavía no está en operación, se estima que podría tener averías, pues desde hace dos años que fue construida, pero nunca fue puesta en marcha.
Entre los pendiente de la mudanza está la firma de un contrato con alguna empresa operadora de la planta, aunque todavía no se lanza ninguna invitación o licitación del tema.
