La Procuraduría Fiscal de la Federación ubica a Jalisco entre los cinco estados del país con la mayor problemática en materia de defraudación fiscal, pues sus contribuyentes omitieron el pago de más de 2 mil millones de pesos de impuestos en los últimos años, según registros oficiales.
En el periodo de 2013 a mayo de 2019, en su mayor parte correspondiente al gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso 127 denuncias por casos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada cometidos en el estado de Jalisco, por un monto total de 2 mil 049 millones 056 mil 738.5 pesos.
El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación señala que: “Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”, y continúa:
“La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales”.
De acuerdo con estos registros de la Procuraduría Fiscal obtenidos vía transparencia, mediante el recurso de revisión RRA 15200-19, solo hay cuatro entidades federativas del país donde se detectó un mayor volumen de contribuciones que fueron objeto de defraudación fiscal, a saber:
La Ciudad de México, donde se interpusieron 320 denuncias por estos delitos por un monto de 10 mil 609 millones 085 mil 753.86 pesos, lo que la coloca en el primer lugar nacional; en el segundo sitio, Veracruz, ahí se presentaron 115 denuncias penales por un monto de 7 mil 908 millones 878 mil 064.94 pesos.
En el tercer sitio aparece Nuevo León, con 82 denuncias de defraudación fiscal por un volumen de impuestos omitido de 3 mil 933 millones 208 mil 650.22 pesos; y en el cuarto lugar, el Estado de México, con 149 denuncias por más de estos ilícitos fiscales cometidos en su territorio, que impidieron que la hacienda federal recibiera una bolsa de 3 mil 271 millones 457 mil 488.79 pesos.
En este periodo de poco más de seis años, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó en total y a nivel nacional mil 638 denuncias por estos delitos de defraudación fiscal, por una bolsa total de 44 mil 475 millones 706 mil 418.15 pesos que nunca ingresaron a las arcas de la hacienda pública.
Narco y trata de personas, origen de la defraudación
Los hechos de defraudación fiscal cuando están relacionados con la expedición y uso de facturas simuladas, pueden llegar a estar vinculados con organizaciones criminales dedicadas a actividades como el narcotráfico y la trata de personas, según lo ha advertido Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El 23 de junio de 2020 en que Buenrostro Sánchez presentó las acciones que han implementado contra las empresas llamadas factureras, puntualizó que estas facturas simuladas se utilizan principalmente con dos fines ilegales: el primero, para omitir el pago de impuestos; y el segundo, para el ocultamiento de actividades criminales como las antes descritas.
Así lo indicó: “¿Por qué surgen estas empresas factureras? Lo que hacen es aumentar con gastos falsos los gastos de alguna empresa real, de tal suerte que lo que hacen es disminuir sus utilidades y con eso disminuyen también el pago de sus impuestos. Con esto engañan a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, y generan defraudación fiscal”.
Luego habló de su segundo uso: “También sirven las empresas factureras para realizar pagos de actividades ilícitas; es decir, una actividad ilícita la disfrazan de una operación de una compra o venta del servicio. Se factura, por ejemplo, un honorario de una persona que está haciendo a lo mejor trabajos de construcción cuando en realidad lo que se está pagando es un soborno o tráfico de drogas, extorsión, trata de personas, actos de corrupción de servidores públicos, entre otros”.
Este doble fin de las facturas irregulares está corroborado por el SAT: “Hemos encontrado diferentes empresas factureras, algunas que simplemente se dedican a aumentar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes, pero muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos actividades, o sea, no sólo inventan facturas de gastos falsos, sino también llevan facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos”.
Aquel día la jefa del SAT anunció que habían presentado denuncias contra 43 factureras por haber contribuido a una defraudación fiscal por más de 55 mil millones de pesos: “Estas 43 empresas factureras están relacionadas, no sólo son empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, en estas participaron ocho mil 202 entre personas físicas y personas morales”.
La funcionaria detalló que el monto de las facturas ascendió a 93 mil millones de pesos, y que se omitió el pago del IVA y del ISR: “En total, de todas estas operaciones simuladas dejaron de entrar al SAT 55 mil 125 millones de pesos. (…) Hay 244 clientes que compran en varias de las empresas factureras, en más de dos, y en total se analizaron 22 millones de facturas”.
Paraíso facturero
Ya desde el 25 de junio de 2019, la entonces titular del SAT, Margarita Rios Farjat, había colocado a Jalisco entre los estados que se han vuelto paraísos para las firmas factureras de operaciones simuladas. Aquel día el SAT informó:
“La Jefa del SAT también explicó que, de 2014 a la fecha, fueron identificadas 8 mil 204 empresas que facturan operaciones simuladas y que han generado 8 millones 827 mil 390 facturas falsas por un monto aproximado de 1.6 billones de pesos, lo cual, supone una evasión fiscal de 354 mil 512 millones de pesos que representa 1.4% del PIB”.
Y continuó: “Ríos-Farjat reveló que el 60% de las empresas que definitivamente están identificadas por el SAT como facturadoras de operaciones simuladas se concentran en 9 estados de la república, siendo los de mayor incidencia, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León”.