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La generación de contenidos propios y su difusión a través de las diferentes redes de Internet será, de acuerdo con la opinión de los expertos, el reto al que se enfrentará Carlos Slim con la entrada de la reforma de Telecom.
La televisión de paga no es su mercado, ya que Televisa acapara el 60 por ciento del mercado de televisión restringida a través de Cablevisión, Cablevisión Monterrey, Cablemás y Sky.
Es por eso que los analistas aseguran que el magnate de la telefonía tendrá que enfocar sus baterías hacia los de menor poder adquisitivo.
El hombre más rico del mundo ya transita por el mercado de contenidos a través de su canal por Internet Uno TV (en alianza con el diario El Universal). Además, el año pasado adquirió DLA, una firma que se especializa en este mercado para televisión de paga.
Pero de acuerdo con un informe de BBVA Research, esto no servirá para compensar el impacto de la reforma de telecomunicaciones sobre el flujo operativo de Telmex, calculado en más de 98 mil millones de pesos.
La firma estima que los nuevos mandatos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) obligarán a compartir la infraestructura de Telmex y la aplicación de tarifas asimétricas a Telcel.
Incluso, argumenta que la entrada a la televisión de paga le permitirá luchar en condiciones de igualdad con las ofertas de triple y cuádruple play de Televisa-Iusacell, algo que hasta la fecha se le ha negado.
Telmex, que ha ha estado dispuesto a incursionar en la televisión de paga desde 2006, cuenta con la red de fibra óptica más grande del país.
Pero esta fibra debe llegar a los hogares para poder ofrecer este servicio, pues, según todos los especialistas, resulta complicado hacerlo usando el cableado de cobre. De ahí que el consorcio Slim tendrá que invertir mucho más en fibra óptica.
Se abre la última milla
Sergio Ordóñez, especialista del Instituto de Investigaciones de la UNAM, considera que la iniciativa va más allá de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Y es que la reforma abre una red troncal nacional en manos del Estado, constituida por la de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los 90 MHz de espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda de 700 MHz).
Ésta será concesionada bajo un modelo de red compartida para todos sus servicios.
Es decir, implica la obligación de los operadores concesionados de ofrecer servicios y capacidades a otros operadores bajo las mismas condiciones que los primeros reciban de la red compartida.
De acuerdo con el investigador de la UNAM, en cuanto a cobertura, México se encuentra en una situación similar a la de países como Venezuela, Filipinas o Egipto y muy por detrás de China, Moldavia, Brasil, Argentina, Portugal, Grecia o Vietnam.
Una buena y una mala
De acuerdo con el investigador de la UNAM, en cuanto a cobertura, México se encuentra en una situación similar a la de países como Venezuela, Filipinas o Egipto y muy por detrás de China, Moldavia, Brasil, Argentina, Portugal, Grecia o Vietnam.
Y en lo referente a los precios de los servicios de telecomunicaciones, la situación es más dramática: México tiene precios de telefonía fija y móvil comparables a los de países como Australia, Rumania u Holanda.
El país está muy por arriba de sus competidores de Europa Occidental (excepto España), Oriental (excepto República Checa, Hungría y Polonia) o Central (excepto Eslovenia). Pero muy lejos de sus competidores latinoamericanos, con excepción de Chile.
Por encima de México, en este apartado, se encuentran Filipinas, Colombia, Arabia Saudí, Venezuela, Malasia, Egipto, Vietnam, Pakistán, India, Indonesia y Bulgaria.
¿Cuál es la opción?
La fuerza material del Estado, propone Ordoñez, puede consistir en una red nacional de banda ancha compuesta no sólo por la fibra oscura de la CFE y parte del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre, sino por la propia red de distribución eléctrica.
Con ello, explica el especialista, se conformaría una amplia red nacional de banda ancha que tendría que ser gestionada bajo un esquema diferente al planteado por la iniciativa.
“Una concesión de la red a empresas que se dediquen exclusivamente a su gestión y mantenimiento, y éstas, a su vez, la renten a empresas proveedoras de servicios intermedios a otras empresas o a consumidores finales”.
Con ello, sostiene Ordóñez, se rompería el conflicto de intereses.