Amás de 30 años de que comenzaran a fortalecerse las instituciones electorales democráticas en el país, estas podrían pasar por su mayor proceso de transformación. Por primera vez en la historia del país, el Poder Ejecutivo busca imponer una reforma electoral que no solo significaría un retroceso para las instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino para los derechos políticos-electorales de los mexicanos.
De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, su propuesta de iniciativa de reforma electoral la presentará al Congreso de la Unión esta semana, ya concluida la consulta de Revocación de Mandato.
A pesar de que el documento aún no se conoce a detalle, el primer mandatario del país adelantó desde su conferencia mañanera algunas de las modificaciones que pretende implementar, entre las que destacan: la reducción de diputados y senadores plurinominales, la disminución del presupuesto de los partidos políticos y del INE, así como un nuevo modelo para seleccionar a los consejeros y magistrados electorales mediante el voto popular.
Según lo que explicó López Obrador respecto a esto, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentarán 20 candidatos cada uno para tener un total de 60 ciudadanos con paridad de género y quien tenga la mayor cantidad de votos emitidos por parte de la ciudadanía, sería el o la nueva presidenta del INE.
“Necesitamos dejar establecido un órgano que realmente haga valer la democracia en el país, es fundamental.
“Que el pueblo elija a los jueces, que se proponga como candidatos a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, que los hay en el país, y que con los tiempos que tiene el INE (…) se difunda quiénes son, verdaderamente independientes, ciudadanos íntegros, mujeres y hombres”, dijo en su conferencia matutina del 30 de marzo.
Árbitros politizados
No es fácil imaginar todas las consecuencias que tendría la propuesta presidencial porque lo cierto es que no hay un solo país en el mundo en el cual el árbitro electoral, para serlo, antes haya sido candidato y actor político electo, dice en entrevista el consejero del INE, Ciro Murayama.
“En México el único cargo por el que votamos todos los mexicanos es el de la Presidencia de la República. Lo que tendríamos ahora, es a un grupo de candidatos que tendrían que hacer una suerte de campaña nacional, equivalente a la presidencial.
“¿Pero quién puede hacer una campaña ganadora en México con más de 92 millones de electores y más de 126 millones de personas, quién tiene la estructura para hacer campaña y ganar? Solamente los partidos políticos. Entonces sería una manera de volver a poner a actores políticos en los asientos del árbitro electoral”.
Murayama asegura que este modelo que se busca implementar desde la Presidencia de la República sería muy riesgoso porque implicaría un retroceso.
“Significaría partidizar el arbitraje, capturar directamente al INE y abandonar los principios de imparcialidad, autonomía e independencia”, asegura.
La importancia de las reglas
Una reforma constitucional en materia político-electoral no se puede tomar a la ligera.
“Aquí es muy importante tanto el contenido como la forma porque estamos hablando de las reglas del juego para disputar el poder político, nada más y nada menos. Por eso las normas deben ser acordadas por los distintos participantes y jugadores.
“Qué es lo que me preocupa de una reforma como la que quiere presentar AMLO: no hay un reclamo social de las oposiciones frente al sistema electoral y no hay una voluntad de diálogo y de construir consensos, se trata de una agenda desde el poder para imponer su visión”, dice Ciro Murayama.
Reforma electoral en contrasentido
Para el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, la reforma propuesta por el titular del Ejecutivo federal va en dirección opuesta a todo lo que se ha ganado en materia democrática durante las últimas tres décadas.
“Lo que veo es que la reforma electoral que ha delineado el presidente rompe con la construcción institucional que hemos alcanzado los mexicanos a lo largo de décadas para tener un sistema electoral confiable que nos permite renovar los poderes a través del voto libre y secreto.
“México ha avanzado de manera muy significativa en materia político-electoral. Si lo contrastamos con lo que teníamos a finales de los ochenta es como la noche y el día. No había un padrón confiable, ni una institución autónoma, ni credibilidad en la ciudadanía. Cada elección era motivo de conflicto y hoy cada elección es motivo de renovación civilizada y pacífica de los cargos públicos. Me parece que no debemos de perder lo que hemos edificado”.