Derechos humanos: la difícil herencia
En los dos últimos sexenios la violencia y la crisis de derechos humanos se han agravado en el país, problema que ahora tendrá que enfrentar el gobierno de López Obrador y para el cual se ha planteado una nueva estrategia de combate al crimen organizado, la legalización de las drogas y la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria
Gibrán Zafra[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”0_9aypuupd” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] México está herido en materia de derechos humanos. La evidente crisis que existe en esa materia en el país desde hace dos sexenios ha abonado a un ambiente violento generalizado en el que nadie se salva.
En plena etapa de transición, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto vive sus últimos meses al frente del Poder Ejecutivo y en el que la administración que re presentará Andrés Manuel López Obrador espera con ansías para asumir el poder, surgen las preguntas de qué país deja el actual gobierno y cuál recibe el próximo.
En su discurso de la noche del 1 de julio en el hotel Hilton, el virtual presidente habló sobre derechos humanos y violencia tras arrasar en una elección que sacó de ventaja 31 puntos porcentuales del segundo lugar.
López Obrador habla de términos como amnistía, pacificación y legalización de las drogas, cuya finalidad es tratar de frenar la grave crisis de derechos humanos que se vive en México
“A partir de mañana convocaré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México que aplicaremos desde el inicio del próximo gobierno”, exclamó López Obrador ante sus fervientes seguidores que celebraban por fin su victoria tras dos intentos previos fallidos.
“Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males (inseguridad y violencia) exige, necesariamente, el combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, agregó.
A partir de ese momento, López Obrador ha puesto sobre la mesa las acciones que pretende iniciar para recuperar el estado de derecho. En la discusión pública se ha comenzado a hablar de términos como amnistía, pacificación y legalización, entre otros, cuya finalidad es tratar de frenar la evidente crisis de derechos humanos.
En el 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó tras una visita realizada un año antes que en México había una grave crisis de derechos humanos y violencia, la instancia internacional advirtió sobre los niveles críticos de impunidad y los obstáculos para encontrar la justicia.
El país que recibirá el próximo gobierno se encuentra en un contexto grave de violencia e inseguridad
Tras la observación, el gobierno de Peña Nieto respondió por medio de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Gobernación que no compartían la metodología que dio origen a la conclusión del informe de la CIDH, ya que dijeron no refleja la situación general del país.
El defensor de los derechos humanos, Jesús Robles Maloof, observa que la situación actual de México es muy delicada, ya que se encuentra en un contexto muy grave de violencia. Para el también abogado, el país que se entrega está en márgenes extremos y difíciles.
“Se ha construido en los últimos 12 años un contexto propicio para la violación sistémica de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y otros crímenes aberrantes (…) no sólo es legado de Peña Nieto, es eso sumado a lo de Calderón y a responsabilidades estatales”
Robles Maloof dice que dentro del discurso que se está manejando en el equipo de transición de López Obrador ve con buenos ojos que se hable de pacificación, ya que desde su punto de vista, cuando se está en una situación tan crítica, las respuestas tienen que ser totalmente diferentes a las que ya se han aplicado y que no funcionaron.
Agrega que aunque es un reto difícil, se debe implementar una estrategia sin titubeos, los cuales aún observa y espera se aclaren una vez que asuma la nueva administración, entre ellos qué papel jugarán las fuerzas militares, qué pasará con la Ley de Seguridad Interior y el respeto a la autonomía de la CNDH.
Reconocer la crisis
El año pasado Amnistía Internacional (AI) advirtió en su informe anual que México estaba sumido en una de las peores crisis de derechos humanos de toda América Latina.
El organismo internacional señaló que tras casi una década de la llamada guerra contra el narcotráfico, el país llegó a un punto de violencia generalizada e impunidad casi absoluta.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI en México, considera que la herencia que se deja del sexenio peñanietista a la administración que tomará posesión el 1 de diciembre, es que no se ha reconocido por parte del Gobierno federal la grave crisis y recordó lo ocurrido en 2016 con la CIDH, donde incluso se negó que lo que se reportaba estuviera pasando.
“El gravísimo problema tiene muchas caras, es multifacético. La primera es la ruptura del estado de derecho, donde hay una fractura porque encontramos normas jurídicas muy fuertes donde incluso la sociedad civil participó y luego una enorme brecha en su implementación”
Otra es el sistema de seguridad pública vinculada al control de drogas ilícitas que desencadenó en la militarización del país, lo que dejó un aumento en homicidios y desapariciones.Además del papel de las fuerzas armadas haciendo tareas que le tocan a las policías, las cuales han quedado muy débiles.
“Con estos factores jamás vamos a lograr revertir el 98 por ciento de impunidad. Es una herencia maldita, impunidad rampante. Los ciudadanos no nos sentimos seguros y tampoco confiamos en las instituciones. Se hereda la desconfianza ciudadana”, explica.
Reneaum considera que el gobierno entrante de López Obrador deberá entender que la interlocución con las víctimas de la crisis de derechos humanos es fundamental, pero no sólo para escucharlas, también para construir canales de reparación.
Explica que la nueva administración debe saber dialogar con las recomendaciones que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la cual le deberá respetar y reforzar su autonomía para que actúe como un contrapeso a los abusos de autoridad.
El primer paso para poder combatir y revertir la crisis de derechos humanos en México es que el Estado acepte el problema y la gravedad del mismo
La directora ejecutiva de AI no duda que lo que se está viviendo en México tras la elección es un optimismo de que por primera vez el voto fue respetado, pero reflexiona que esa sensación no debe llevar a la sociedad civil a olvidar sus causas; mientras que a la administración de López Obrador le recomienda como primer paso reconocer la grave crisis.
Una gran comisión de la verdad
Javier Sicilia vivió en carne propia los estragos de la violencia del país, situación que va de la mano de la gran crisis de derechos humanos que se padece.
En el 2011, su hijo fue asesinado en Temixco, Morelos, a partir de ahí se volvió un impulsor de movimientos para frenar la violencia que vive México.
“Debemos crear una gran comisión de la verdad con apoyo internacional. No sabemos absolutamente nada de fondo sobre las violaciones a los derechos humanos de este país. Tenemos casos con recomendaciones como Ayotzinapa, pero no tenemos un panorama completo de esas violaciones”
Para Sicilia, quien abandonó la poesía tras la muerte de su hijo, lo que hoy se vive es un desastre con un panorama difuso el cual se necesita esclarecer, ya que no sólo es ver qué ocurrió con el reciente sexenio de Peña Nieto, también se debe analizar lo sucedido en el gobierno de Calderón.
A esta idea también se suma la Plataforma Contra la Corrupción y la Impunidad, la cual, junto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y colectivos de víctimas propusieron al virtual presidente electo, a través de un documento, la creación de una comisión de la verdad nacional.
El objetivo de este órgano sería reunir información sobre casos de violaciones de derechos humanos que han sido cometidos de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2018.
Por su parte, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo que el organismo respalda la propuesta de la creación de la Comisión de la Verdad y la Memoria en México y que es urgente que haya un modelo de comisión de este tipo en el país.
En el tema de la amnistía, el cual ha puesto sobre la mesa el equipo de López Obrador, el activista Javier Sicilia considera que no se puede llegar a ella ahora, ya que es el fin de un proceso el cual debe iniciar precisamente con la verdad, la justicia, los derechos de las víctimas y la paz.
La militarización del país ha provocado que el número de homicidios, desapariciones y violaciones a los derechos humanos aumente
“Se están poniendo los bueyes detrás de la carreta”, indica sobre la propuesta del virtual presidente de México e incluso dice que la palabra amnistía es equívoca para ese fin, ya que implica olvido, a su parecer se debió utilizar perdón, pero considera que no se hizo por la gran carga de contenido religioso que tiene, pero en su mundo de letras es la más exacta.
Sicilia considera que en un proceso de justicia transicional el tema de amnistía va hasta el final. “El problema es que no podemos llegar a la amnistía total si no llegamos a la verdad”.
Sobre la invitación de López Obrador para participar en los procesos de pacificación, Sicilia fue claro en decir que si lo invitan trabajará pero no buscando un empleo, sin remuneración, el quiere ser útil desde fuera aportando un servicio.
El desconocimiento y la falta de información de los múltiples casos de violaciones a los derechos humanos en México requiere de la creación de una gran comisión de la verdad en la cual se considere, incluso, el apoyo internacional
“Yo puedo hacer ese servicio, no como chamba. Me importa el país. Me importa la justicia. Traemos mucho dolor. Traigo mucho dolor. Es mejor no estar involucrado en la estructura del sistema, más como ciudadanos. Lo que yo hago desde hace 7 años. Hablar con claridad y libertad”, concluye el hombre cuya poesía fue callada por la violencia.
Tensa relación con organismos internacionales
El gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo una relación de tensión con organismos internacionales de derechos humanos.
La rigidez en las relaciones fue notable, principalmente en el caso Ayotzinapa, donde incluso hubo acusaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de espionaje y de obstrucción en su trabajo en el país.
Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, considera que la administración saliente deja un país en llamas con conflictos por todos lados, en una situación de impunidad absoluta y con una estrategia de seguridad fallida. Además de una relación muy dañada con los organismos internacionales de la materia, lo que es preocupante.
“Se deja una relación dañada con organismos de derechos humanos a nivel internacional. El gobierno de Peña Nieto y Calderón tuvieron enfrentamientos serios con relatores y comisiones”
El de la tortura, el de las desapariciones, con el alto comisionado de la Naciones Unidas. Y una relación desgastada con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el asunto del GIEI. Hacia el exterior una relación muy dañada”, resalta el también investigador del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex).
Dayán pone también el dedo sobre el renglón acerca de que en México hay una gran carencia de la verdad, no se sabe qué ha ocurrido realmente en los últimos 12 años en los casos de violaciones de derechos humanos, por lo que apoya también la creación de una gran comisión de la verdad, como ha pasado en países que atraviesan por crisis similares.
“La agenda es brutal, enorme. Nos va a llevar años. No se resuelve en un sexenio, son proyectos a 10 o 15 años. Probablemente las fiscalías autónomas no alcancen y necesitaremos un mecanismo internacional contra la impunidad como otros países que se reforzaron desde esa experiencia”, agrega el exdirector del Museo Memoria y Tolerancia.
A lo largo de los últimos dos sexenios la violencia y las violaciones a los derechos humanos han ido en aumento, lo que ha provocado un desgaste cada vez mayor en la relación entre el gobierno Federal y los organismos internacionales especializados en esta materia
El especialista también espera que la nueva administración analice que el modelo de seguridad actual debe cambiar; la persecución y la utilización de la fuerza para acabar con el crimen organizado o la violencia regional evidentemente no funciona.
“El modelo prohibicionista ya probó que no funciona. Se necesita empezar a despenalizar, en mi opinión, todas las drogas. No sé si se vaya a querer hacer. Eso quitaría presión al sistema penitenciario que también se encuentra desbordado en gran medida por gente que no debería estar ahí”, indica.
Dayán es enfático y determinante ante el cuestionamiento de qué papel deben jugar las víctimas y sus familias en los procesos para acabar con la violencia en el país: “Se ha dicho una y otra vez. Sin las familias nunca, sin las familias no. En las comisiones de la verdad deben estar al centro. La víctima tiene que ser el centro de la política”.
El modelo de seguridad actual debe cambiar; la persecución y la utilización de la fuerza para acabar con el crimen organizado no ha funcionado
Los tres ejes urgentes
La revisión de la política de seguridad, la procuración de justicia y la implementación de la justicia transicional son los tres puntos que desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideran que se deben ejecutar para tratar de desarrollar una política que mejore la situación actual, explica Santiago Aguirre, su subdirector.
“El saldo que deja este sexenio es muy negativo. Basta con ver a la Procuraduría, no tiene cabeza. Con actuaciones políticas en situaciones como Odebrecht y en casos emblemáticos de derechos humanos como Ayotzinapa”
El activista indica que desde su acompañamiento y trabajo en el tema de los derechos humanos, así como con los hechos se puede concluir que la estrategia de seguridad que se desarrolló no es la solución, al contrario, es parte del mismo problema que mantiene en crisis a los derechos humanos.
Además de que debe existir una independencia real en los nombramientos y designaciones de los fiscales y también replantear el modelo de procuración de justicia con fiscalías que sirvan, ven con simpatía que se hable de justicia transicional porque eso conlleva reconocer la crisis enorme que se está viviendo en México.
“Estamos en un momento que es igual de relevante que haya justicia y verdad en casos específicos. Sí a los grandes cambios en la estructura anticorrupción, pero que no quede pendiente el caso Odebrecht. Igual grandes cambios en derechos humanos pero que no sigamos sin saber del caso Ayotzinapa”, concluye Santiago Aguirre.
En México no se sabe con certeza qué ha ocurrido realmente en los últimos 12 años en los casos de violaciones de derechos humanos
