Derrumban la historia

La falta de un listado de inmuebles históricos en el Barrio Antiguo demuestra que la Ley de protección a la historia y la cultura de Monterrey es letra muerta.

La preservación y rescate de la historia de la entidad asentada en este antiguo sector se disipa, sin que exista al menos un catálogo de su riqueza, como lo marca la Ley.

Mediante un  decreto del exgobernador Sócrates Rizzo García, el 9 de marzo de 1993 se estableció al Barrio Antiguo como zona protegida con carácter de Centro Histórico.

Esto conforme a la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León establecida el 23 de diciembre de 1991.

La Ley marca la creación de un inventario en el que se inscribirían los inmuebles con valor histórico, pero éste nunca se ha elaborado.

Sócrates Rizzo García declaró a Reporte Indigo que la creación de la Ley surgió con la intención de que El Barrio antiguo se convirtiera en un proyecto de orden cultural y no comercial.

“El propósito original era exaltar, conservar y preservar aquellos aspectos en la arquitectura que nos dan sentido de identidad colectiva, y yo creo que todas las sociedades que buscan estabilidad, quieren identificar algo que les permita propio, de lo cual se sientan orgullosos”, dijo.

Un aval inexistente

Para la protección de las edificaciones de este Centro Histórico se determinó la creación de una Junta de Protección y Conservación.

Que junto al  Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) daría el aval a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey para modificaciones en las construcciones antiguas.

El pasado 22 de septiembre Reporte Indigo dio a conocer que la demolición de edificios históricos y desaparición de fachadas antiguas en El Barrio están provocando la desaparición de la historia de la capital neolonesa.

Aunado a ello, se han edificado construcciones ajenas a la arquitectura antigua, que se supone debería respetarse.

La forma de conocer cuáles son los inmuebles protegidos, se supone que es en base al listado.

En su Capítulo X, Artículo 55, la Ley determina crear dentro del Registro Público de la Propiedad una sección denominada Registro Público del Patrimonio Cultural, en el que se inscribirían las declaraciones de bienes adscritos al Patrimonio Cultural y de Zonas Protegidas.

“La declaratoria de que un bien inmueble queda adscrito al Patrimonio Cultural deberá inscribirse también en el Registro Público de la Propiedad”, detalla el documento de la Ley.

En remodelación 

En el Registro Público de la Propiedad, localizado en la Torre Administrativa, el hasta hace unos días director Jurídico, Lorenzo Vázquez, explicó que la Secretaría General de Gobierno es la encargada de crear y registrar el listado de bienes protegidos, pero que éste nunca fue elaborado.

“No se ha creado, por lo tanto nosotros no tenemos nada registrado, aunque la Ley lo marca, el Estado nunca lo ha hecho.

“Quien tiene un listado es el INAH y parece que el Conarte, pero nosotros no lo tenemos”, dijo Lorenzo Vázquez.

Por su parte el exgobernador Rizzo describió que “La Ley de Patrimonio Cultural del Estado deja claro que el objeto de la misma es la protección, restauración, recuperación y enriquecimiento del patrimonio cultural de la Entidad, constituido por bienes históricos, artísticos, personas protegidas y valores culturales”.

Rizzo García confirmó que la Secretaría General de Gobierno es la encargada de integrar los expedientes y fomentar las iniciativas.

“Y a su vez, en el capítulo 3 establece las Juntas de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, que son organismos integrados en los municipios por acuerdo del gobernador”.

Vecinos de El Barrio Antiguo denunciaron a Reporte Indigo la autorización de 22 permisos de cambio de uso de suelo y construcción por parte del Municipio de Monterrey.

“Es para demolerlas o para cambiarles el uso de suelo. Yo creo que lo que tenemos que ver es que no podemos vender la tierra de nuestros ancestros y menos en donde se fundó”, dijo Moisés Solís.

Este medio constató que de las autorizaciones, al momento hay cinco en proceso de remodelación, en donde tres incumplen con las normas establecidas.

Se solicitó en repetidas ocasiones una entrevista con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para corroborar cuántos permisos se han otorgado para cambio de uso de suelo y construcción, pero ésta fue negada con el argumento de que el director de Control Urbano, Tomás Macías, se encontraba enfermo.

El secretario de la Junta de Protección y Conservación, Gregorio Mariano Núñez, ha afirmado que ésta no es un aval ni Consejo, sólo emite una opinión, de acuerdo con La Ley de Patrimonio Cultural del Estado.

Y como en toda Ley, quien no la cumple debe tener consecuencias, aseguró el exmandatario estatal.

“Si alguien destruyó o la autoridad no cumplió también hay sanciones. Habrá dos tipos de sanciones que compete al Ayuntamiento, las áreas administrativas se sancionarán con multas de 5 a 10 salarios y aquí está cuáles son, como la falta de inscripción, o sea que si no existe ese catálogo.

“El artículo 72 dice que se impondrá prisión de 2 a 5 años y multa de 10 a 100 días de salario mínimo general vigente, al que en contra de la prohibición de la Ley o de la autoridad, realice y ordene trabajos de construcción de cualquier índole, incluso de restauración, que causen daños en un bien adscrito al patrimonio cultural.

“Por ello la necesidad de la inscripción en el padrón es bastante importante”, aseguró Rizzo García.

Grave destrucción de la ciudad

El arquitecto Juan Manuel Casas García considera sorprendente la autorización de las autoridades para la destrucción del Barrio Antiguo, pese a la existencia de la Ley.

Casas García recientemente publicó el ensayo sobre el patrimonio inmueble perdido de Monterrey “Imaginarios interrumpidos”.

En su texto habla sobre cómo se ha perdido la identidad arquitectónica a lo largo de más de 400 años en la ciudad.

“Las destrucciones patrimoniales no son ninguna novedad en Monterrey.

“Pero ha habido maneras en que por falta de legislación, que los propietarios se salgan con la suya y prácticamente todas esas batallas las hemos perdido”, detalló Casas García.

El experto aseguró que el caso del Barrio Antiguo es distinto, porque es una zona protegida.

“Lo que sorprende, lo que asombra, lo que enmudece es que precisamente la única zona protegida por un reglamento especial, esté siendo vulnerada, esto es lo gravísimo del tema de depredación patrimonial de toda la ciudad”.

La destrucción es generalizada en toda América Latina, afirmó, debido a la adopción de una filosofía neoliberal que ve el beneficio monetario.

Pero no es responsabilidad del crecimiento de la ciudad porque en otros casos hay sustitución de lo demolido, pero no así en Monterrey.

Descalificó la actuación de la Junta de Conservación y Protección del Barrio Antiguo, y criticó la indiferencia de los gobernantes que no llevan la Ley a la práctica.

A lo largo de la historia ha existido apatía e indiferencia derivada de la falta de educación ciudadana, pero en la actualidad es la misma comunidad, dice, la que está creando redes para defender sus territorios.