Los tres niveles de gobierno tienen una deuda con las familias de desaparecidos en México y no hay indicios de que busquen saldarla. De acuerdo con colectivos como Solecito, el gran aliciente de las desapariciones forzadas es el nivel de impunidad, ya que no se integran los expedientes, no se abren los procesos, ni mucho menos se llega a la detención de los posibles delincuentes.
En el último año, se han notificado 262 nuevas denuncias y no ha habido un solo detenido o sentenciado por estas prácticas que realizan funcionarios públicos, principalmente policías.
Todas las desapariciones en México corren la misma suerte: no se investigan, no se hace nada. No se resuelve ningún caso. Aquí no hay ni rendición de cuentas ni hay justicia; lo que hay es una soberana impunidad a todos los niveles
Una función primordial para el combate a este problema es la actividad de las policías locales y estatales, así como de los presidentes municipales y los gobernadores, quienes tienen mayor proximidad para la atención del problema, considera la activista.
“Los gobernadores necesitan responder porque precisamente el poder de ellos es muy grande. ¿Por qué pudo Duarte hacer todas esas desapariciones? Se hicieron cuando estaba él. Él sustentó la gestión en base a la represión. Un gobernador de un estado de los grandes de México es prácticamente como presidente de un país de Latinoamérica”, considera la fundadora de la organización Solecito.
Los mandatarios estatales tienen más cercanía con los problemas de seguridad en los estados que el propio presidente, considera Lucy Díaz.
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Las autoridades locales son las que —antes que la Federación— tienen el conocimiento de las desapariciones y tendrían que actuar para poder evitarlas y aportar los elementos para su investigación.
“En México hay un problema severo de falta de investigación, porque si el policía quisiera investigar hay cosas que puede hacer, de manera rudimentaria, pero la mayoría no tiene ni idea de por dónde comenzar.
“No tienen interés tampoco. Las policías en México no tienen preparación y, por lo general, no puedo hablar de todos, son corruptos”, explica la activista.
Díaz considera que aún hay mandos viciados de anteriores gobiernos que siguen operando y es por ello que las desapariciones forzadas no se detienen.
“Nada más los han cambiado de un lugar a otro, pero siguen delinquiendo. En esas desapariciones forzadas son los mismos, las siguen llevando a cabo y es imposible detenerlas”, asevera.
La respuesta para el combate al delito de la desaparición forzada —que es aquella en la que participa un servidor público— tiene que venir de todo aquel que esté en un cargo relacionado con la seguridad pública.
“Muchísimas de las desapariciones se dan por alcaldes corruptos o que sencillamente no hacen nada por la seguridad de sus lugares de origen.
“Nadie responde por la seguridad en México, piensan que para eso está la Federación porque fue la que declaró la guerra al narco. Y sí, la Federación es un elemento pero también tiene que ir bajando, la rendición de cuentas va por todos: alcaldes, mandos policiacos y gobernadores”, considera.
En México el problema de las desapariciones forzadas no se atiende, en el último año, se han denunciado 262 casos y no ha habido un solo detenido o sentenciado por esta práctica
La función pública tiene que cambiar para que se pueda avanzar en la detección del problema, agrega.
“Los alcaldes hacen de cuenta que nada más están para arreglar calles, para cobrar, y no responden. En muchísimos municipios el alcalde podría detener mucho la violencia. Son los que se enteran más”, asegura.
El caso más sonado de desaparición forzada en México en los últimos años es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que tampoco ha sido resuelto. El Estado mexicano ha iniciado reuniones con los padres de los normalistas para notificarles que ha cambiado la investigación que se consideraba como una “verdad histórica”.
Pero ese caso apenas es uno de los muchos que hay que atender en el país.
El informe “Búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas de la Secretaría de Gobernación publicado en julio pasado indica que hay 73 mil 224 personas en calidad de desaparecidas.
Algunas de estas personas están vinculadas con movimientos sociales o políticos, pero también otras que solo por haber tenido un desencuentro con alguna autoridad fueron víctimas de este delito, pero no necesariamente se ha acreditado la desaparición forzada.
En el último año, este Gobierno ha reportado ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada —de acuerdo con una solicitud de transparencia respondida el 8 de octubre pasado— la incidencia de 262 denuncias por el delito de desaparición forzada y no se ha establecido ningún proceso judicial para dar con un responsable y llevarlo ante un juez.
“El universo del Colectivo Solecito puede servir para una muestra estadística. Más de 300 casos. No hay uno solo con proceso. Uno solo no lo hay, ni siquiera el mío que estoy todo el tiempo en esto. Y en todos los demás colectivos que conozco, en lo personal puedo hablar de mil casos fácilmente, no hay ninguno bajo proceso.
El caso más sonado de desaparición forzada en el país es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a pesar de eso permanece impune
“Si estuviéramos haciendo una estadística se puede decir, sin lugar a dudas, que es del 100 por ciento. Así de sencillo”, explica Lucy Díaz.
