Desfalcos impunes de Jalisco

Los mecanismos de cobranza de los que dispone el Gobierno de Jalisco, para la recuperación de los desfalcos que sufre por hechos de corrupción, no han podido restituirle a sus arcas ni siquiera el 1 por ciento de todo lo que se ha perdido en manos de funcionarios del Estado.

Mientras fallan los métodos para resarcir los daños económicos que deja la corrupción en el Gobierno estatal, los malos manejos de recursos se siguen descubriendo en áreas tan disímiles como el Instituto de Pensiones, en esta gestión, o en el propio despacho del gobernador, durante la pasada administración.

De 2007 hasta hoy los distintos órganos anti-corrupción como la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), la Contraloría e incluso la Fiscalía General, turnaron a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), expedientes de desfalcos por 19 millones 667 mil 213 pesos para su recuperación. 

La Sepaf es la instancia competente para subsanar en la hacienda pública, el descalabro económico que genera la corrupción de los servidores públicos estatales, instaurándoles créditos fiscales para cobrarles esos recursos públicos que desviaron. 

Sin embargo, de los 39 créditos fiscales que emprendió la Sepaf en estos nueve años, contra burócratas estatales involucrados en estos hechos, únicamente tres concluyeron en un pago resarcitorio para el Estado, y por un monto de tan solo 10 mil 909 pesos. 

Esto significa que persiste hasta hoy una afectación al erario por 19 millones 656 mil 304 pesos, producto de la corrupción, y sin que los responsables hayan tenido que retornarlos a la hacienda pública de Jalisco. 

Entre los daños al patrimonio público muy recientes que no han podido ser restituidos para el Estado, está uno detectado en el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), dentro de su agencia de viajes Barlovento, por 493 mil 543 pesos en la cuenta pública de 2014. 

La Sepaf instauró un crédito fiscal en contra de María Isabel Yanome, que se desempeñaba como la administradora de la agencia de viajes, quien aparece en la nómina del Ipejal hasta agosto de 2014. 

La agencia Barlovento, donde se dio este manejo irregular sobre casi medio millón de pesos (MDP), es uno de los centros de negocios del Ipejal; está administrada por cuatro personas y depende de la Coordinación de Centros de Servicio, cuyo titular es Jorge Arturo García. 

Otros desfalcos relevantes aún sin ser recuperados involucran directamente al Despacho del ex gobernador panista de Jalisco, Emilio González; ocurrieron en 2008 y señalan a dos de sus colaboradores por una suma de 2 millones 933 mil 282 pesos. 

Según los registros de Sepaf, impuso tres créditos fiscales por estos hechos: un par en contra de Jorge Alberto Guerrero, quien se desempeñaba en el Despacho como titular de Servicios Internos, en funciones de encargado de Movimientos Bancarios de la Dirección Administrativa. 

Uno de los créditos en contra del encargado de Movimientos Bancarios asciende a 2 millones 199 mil 488 pesos, otro por 618 mil 793 pesos, así que superan los 2.8 MDP. 

Mientras que el tercer crédito fue para Nadia Sujeim Figueroa, quien fungía como la Coordinadora de Comunicación y Apoyo en el Despacho del ex gobernador, por 115 mil pesos. 

En su caso el proceso de cobro aún está abierto, mientras que el de Guerrero se cerró al declararse “insolvencia económica del servidor público resuelto mediante acuerdo de Contraloría”, por lo que esos casi 3 MDP ya no retornarán al presupuesto público. 

Desvíos populares

Hay desfalcos notables que tampoco han sido resarcidos para el Estado y que se dieron en la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), y muy en particular en el Seguro Popular. 

La Sepaf abrió 11 créditos fiscales por 9 millones 88 mil 799 pesos en la SSJ, por desvíos en el lapso 2010-2012, de los cuales 4 millones 573 mil 468 pesos están relacionados con el Seguro Popular, pero nada de eso ha sido restituido a las arcas estatales. 

Estos cobros pendientes son nimios si se toma en cuenta que en las auditorías federales sobre Jalisco se han detectado malos manejos en el Seguro Popular por más de tres mil 890 MDP de 2009 a 2012, y otros mil 366 MDP ya en 2013, en el gobierno priista. 

La Sepaf abrió cinco créditos contra Álvaro Córdoba, ex director general de Administración del Seguro Popular en el pasado gobierno, por 4 millones 515 mil 331 pesos, aunque el funcionario enfrente un proceso penal por un presunto desvío de 326 millones 545 mil 600 pesos. 

Sobre José Luis Gómez, ex titular del Seguro Popular pesaba otro crédito fiscal por solo 58 mil 136 pesos, el cual, empero, fue decretado ya en su nulidad por una determinación en tribunales. Contra él llegó a girarse una orden de aprehensión; luego quedaría sin efectos. 

Otro nombre que resalta en la SSJ es el de Araceli Cornejo, una supernumerario temporal de la que no hay mayores registros, pero que ahora le debe al Estado 3 millones 92 mil 436 pesos tras su paso en la dependencia en 2012. 

Desvíos en Movilidad

Los daños a las arcas también se han dado en áreas de la Secretaría de Movilidad (Semov) y en las recaudadoras del Estado.  

En 2013 se fincaron cuatro créditos fiscales contra dos contadoras de la Semov, asignadas a la Dirección de la Antigua Central Camionera, de nombre Irma Rodríguez y Ana Bertha Talamantes, por 390 mil 737 pesos; y antes, en 2010, otro al ex director general administrativo de esa Secretaría, Reynaldo Gómez, por 379 mil 212 pesos. Todo pendiente. 

En las recaudadoras de la Sepaf, por su parte, se han dado malos manejos sobre un millón 470 mil 614 pesos, sin recuperar, ocurridos de esta forma: 393 mil 69 pesos en 2014; 306 mil 307 pesos en 2012, y 771 mil 238 pesos en 2009.  

Otros ex funcionarios que le deben recursos a los jaliscienses son Salvador Uribe, ex titular del comité constructor de escuelas (Capece, hoy Instituto de la Infraestructura Física Educativa), por 276 mil 208 pesos, aunque él pelea en tribunales. 

Y Víctor Alfonso Quiñones, ex coordinador de Escrituración y Regularización de la Promotora de Vivienda estatal (hoy Instituto Jalisciense de la Vivienda) por 565 mil 707 pesos. 

El maestro y el Presidente

El Gobierno estatal tampoco ha podido recuperar los 2 millones 695 mil 44 pesos que reclama a Rubén Zatarain, el maestro jalisciense que saltó a la fama porque gozaba de un salario mayor al del Presidente, Enrique Peña, por 193 mil pesos mensuales, y sobre el cual se detectaron múltiples irregularidades en sus plazas asignadas. 

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó que tenía dos plazas incompatibles, por lo  que presentó una denuncia penal y se le aseguraron –según dijo- ocho propiedades. La SEJ, sin embargo, reaccionó solo después de que el caso fue revelado por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) en mayo de 2014. 

El profesor tramitó un amparo que evita, por el momento, la recuperación de esos recursos a través del crédito fiscal impuesto por la Sepaf.