Dilema verde

El dilema sobre la regulación de la mariguana en Jalisco se encuentra atrapado entre un gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, que se decide tarde por el respaldo a la iniciativa, y el líder de la oposición política y alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, que ha confesado no tener ideas claras al respecto. 

Sandoval Díaz sorprendió con el viraje de su postura en el Foro del Debate Nacional sobre el uso de la Mariguana, el pasado 15 de marzo, cuando dijo ante el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong:

“En el Gobierno de Jalisco lo decimos claro y contundente, sí en la despenalización del uso de la mariguana, sí al respeto de la libertad de las personas”. 

Un respaldo que el gobernador nunca emitió durante los años 2014 y 2015, cuando el Congreso local desahogaba formalmente el proceso legislativo de la iniciativa presentada por el PRD, que pretendía permitir el acceso a la cannabis con fines médicos. 

Esa reforma, no obstante que contaba con el apoyo mayoritario de la población consultada en septiembre de 2014, fue desechada en octubre de 2015 ante la falta de apoyo del Ejecutivo y de las fuerzas políticas en el Congreso, el PRI entre estas. 

Lejos de que esa iniciativa fuera reivindicada por el gobernador con una declaración tan firme como la del reciente 15 de marzo, antes expresó a través de integrantes de su gabinete posicionamientos muy críticos, como los del secretario de Salud, Agustín González Álvarez, el 18 de septiembre de 2014:

“Si la propuesta es que la gente pueda tener plantas de mariguana en su casa para utilizarla con fines médicos está mal planteada, creo que hay que darle más respeto a nuestro país (…) es una propuesta retrógrada cuando tenemos gente que se dedica a hacer las cosas serias y a investigar”. 

Así se perdía el planteamiento legislativo más elaborado que ha tenido el estado hacia un tratamiento distinto del uso de la mariguana.   

Luego, el fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, afirmaría el 5 de noviembre de 2015 que la mariguana y las drogas eran el “origen” del 80 por ciento de los delitos, y que volvían violentas a las personas. 

Ideas que habían sido descartadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su falta de base científica, cuando concedió el amparo a favor del uso de la yerba a varios ciudadanos.   

Naranja sin claridad

El líder de la oposición política en el estado y alcalde de Guadalajara por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Alfaro Ramírez, mantiene una falta de definición ante la mariguana que influye directamente en la fracción de diputados que controla en el Congreso. 

El 4 de noviembre de 2015, Alfaro Ramírez expresó de manera diáfana lo que pensaba sobre la mariguana ante miembros del Colegio de México, como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer y María Eugenia Suárez de Garay, en el Seminario sobre Violencia y Paz. 

“La posición sobre la mariguana…no tengo una posición muy clara al respecto. Tengo dudas respecto al impacto que tenga en términos de salud pública. No soy un conocedor sobre el tema, mi sentido común me dice que podría tener un efecto positivo en términos de lo que está siendo el negocio del crimen organizado, que podría ayudar a lo mejor en ese sentido, pero no tengo una idea muy clara. 

 “(…) en principio diría que estoy a favor, pero con algunas reservas al respecto, sobre todo en términos del impacto que pueda tener en términos de salud pública”, dijo Alfaro.

La misma indefinición de Alfaro determina la de Ismael del Toro Castro, coordinador de los diputados del PMC, quien cuestionó la declaración del gobernador.

“Desde ahí está mal, el Gobierno de Jalisco somos los tres poderes, puede ser la postura personal de Jorge Aristóteles Sandoval, y nosotros nos quedamos más con lo que hemos mencionado permanentemente en este tema, primero que se haga un análisis técnico, que se consulte”, según lo consignó la estación Notisistema el 16 de marzo.

Discurso y realidad

El cambio de postura del gobernador a favor de la legalización de la mariguana no ha venido acompañada de acciones de gobierno para revisar los casos judiciales de más de mil personas que mantiene recluidas en sus cárceles por delitos vinculados a esa droga, como lo ha recomendado la SCJN. 

En su discurso del 15 de marzo en el que usó indistintamente las palabras “despenalización“ y “legalización”, el gobernador habló de una “evolución social” que debía reflejarse en las políticas de gobierno:

“Ese desarrollo debe de alejarse de la prohibición, de la represión y del abuso de autoridad”. 

Mientras daba esas palabras ante Osorio Chong, en las cárceles estatales permanecían presas mil 183 personas por algún delito ligado a la mariguana, según los datos de la Fiscalía de Reinserción Social. 

El gobernador abundaba: “Ahora, sin ceder un centímetro en el cumplimiento de la ley, debemos de enfocarnos en las personas quienes tienen todo el derecho a vivir en paz, libres de decidir sobre el rumbo de sus vidas”.

No obstante, el 40 por ciento de las personas que el Gobierno estatal mantiene recluidas por algún ilícito relacionado a la mariguana son jóvenes de entre 19 y 29 años de edad, 472, de los que 18 son mujeres. 

“El problema de las drogas no solamente es un tema de seguridad, sino es un tema primordialmente de salud, por eso debemos de cambiar paradigmas e invertir de manera inteligente nuestros recursos económicos y humanos”, dijo Sandoval. 

Hoy su gobierno, sin embargo, destina cerca de 81.1 millones de pesos al año para mantener presas a esas más de mil personas por la cannabis.

Cuando la SCJN concedió el amparo, el ministro José Ramón Cossío Díaz exhortó a las autoridades del país en materia de justicia “a realizar una revisión de las investigaciones y procesos penales en trámite, así como de los procedimientos de ejecución de penas impuestas” de las personas encarceladas por la yerba, para:

“En su caso, establecer la procedencia del no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, el sobreseimiento de causas penales o extinción de sanciones, derivado de la actualización de una causa excluyente de delito”.