Lorena Villavicencio Ayala, diputada federal de Morena, presentó este lunes una iniciativa de ley para impulsar el aborto legal, seguro y gratuito en el país. La legisladora busca terminar con la penalización a las mujeres que recurren a esta práctica.
“Ninguna mujer debe ser criminalizada por interrumpir el embarazo antes de las primeras 12 semanas de gestación. No queremos una sola mujer encarcelada por ejercer su derecho a decidir sobre su maternidad. Y desde luego, que estamos a favor de que se otorgue amnistía a quien se encuentre en este supuesto”, subrayó.
En conferencia de prensa, la legisladora de Morena presentó una iniciativa para armonizar las legislaciones estatales en la materia, ya que hay diversas regulaciones, unas más restrictivas que otras.
Dijo que con una legislación federal será el punto de partida para que sea la mujer la que decida sobre su cuerpo, su sexualidad y su maternidad, además de que ninguna mexicana vuelva a ser criminalizada en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que consagra para ellas la Constitución.
Advirtió que junto con ello se busca garantizar que la violencia institucional contra las mujeres sea sancionada.
“Con esta iniciativa eliminaremos formas de violencia contra la mujer como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la continuación forzada del embarazo y la criminalización del aborto”, expuso.
Villavicencio Ayala aclaró que su iniciativa de diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y del Código Penal Federal en la materia no busca convertir al aborto en una medida preventiva.
La legisladora morenista planteó como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto: cuando el embarazo sea resultado de una violación; cuando de no provocarse el aborto, la embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo este el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.
Además, cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia de éste, siempre que se tenga el consentimiento de la embarazada y que se realice antes de las 12 semanas de gestación del feto en desarrollo.
Los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la embarazada información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.
De esta forma, propone sanciones de tres a seis meses de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.
