La petición de destitución e inhabilitación para los diputados del Congreso de Nuevo León por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa pone a los legisladores en un panorama político incierto por violar la Ley de Amparo.
Este planteamiento, que está sobre la mesa desde el 17 de septiembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ), inicia por desacatar en ocho ocasiones la orden de ratificar a Ángel Mario García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.
La petición se establece dentro del expediente 2/2020, que precisa que el 13 de agosto en sesión, el Pleno del Tribunal Colegiado determinó que subsistía el incumplimiento de la sentencia de amparo dictada el 6 de febrero de 2018.
“La separación del cargo a los titulares de la autoridad responsable: Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León por incumplir injustificadamente la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 1044/2017 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León”, cita el documento entregado en la Corte.
Esto ha generado que los diputados estén en la incertidumbre, lo que los ha llevado a buscar asesoría legal para combatir el proyecto de destitución e inhabilitación, aun cuando hayan votado a favor de la ratificación de García Guerra.
Por casi tres años, el magistrado Ángel Mario Guerra sostuvo una lucha legal para lograr su ratificación, la cual le fue negada por los legisladores y, el 24 de agosto de 2020, logró continuar en su cargo por 10 años, además de conseguir el reembolso de su salarios caídos. En este tiempo el magistrado buscó un proceso legal en contra de los legisladores por desacato, al violar la Ley de Amparo.
La coordinadora de la bancada Independiente Progresista, Claudia Tapia Castelo, prevé que la resolución de la Corte sea en este mes de noviembre, por lo que ya tiene una estrategia legal para evitar una sanción.
Para Diputados de Morena es sólo un pendiente
El líder de la bancada de Morena, Ramiro González, aseguró que los coordinadores de los grupos parlamentarios han tenido reuniones con los abogados y el siguiente paso es que el Congreso como institución notifique a la Corte que ya cumplió con la petición de ratificación.
“Es un proceso que está pendiente, el juez todavía no le dice a la Corte que el Congreso ya cumplió y, a partir de ahí, cuando se tenga cuál es el ministro ponente, como institución, tenemos que informar que ya cumplimos”, afirmó.
El diputado morenista explicó que la SCJN recibió la petición todavía sin cumplimiento de ratificación.
“La Suprema Corte, según los abogados, no ha recibido que ya cumplimos. Cuando se va la petición, la reciben todavía sin el cumplimiento de ratificación, después, a la semana, ratificamos al magistrado, donde ya se cumplió el acto reclamado”, dijo el legislador.
No obstante, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa señaló al enviar la petición de sanción contra los diputados que no encuentra respaldo probatorio lícito y suficiente.
“Retirar la imputación de las conductas que conforme a lo expuesto en esta sentencia no encuentra respaldo probatorio lícito y suficiente”, dice la notificación enviada por el Tribunal que está en la Corte.
Corte bajo la mira
En Nuevo León, los reflectores están puestos en la SCJN, organismo autónomo que tiene sobre la mesa la petición de destitución e inhabilitación para los diputados del Congreso local por desacato al violar la Ley de Amparo en ocho ocasiones.
Si la Corte decide no aplicar la sanción habría polémica, pues los legisladores pueden caer en desacato sin recibir un castigo. En cambio, en caso de que sí aplique la destitución e inhabilitación, este órgano dejará un precedente en la vida política de Nuevo León.
Cabe recordar que no todos los 42 legisladores estuvieron en contra de ratificar al magistrado Ángel Mario García Guerra. Por lo tanto, de proceder la petición de destitución, tendrán que citar a quienes no avalaron su nombramiento.
En la votación del 17 de Octubre de 2019 en la que se proponía la no ratificación de Ángel Mario Garza. Tapia Castelo fue la única diputada en votar en la comisión en contra, además de exponer los motivos por los cuales debería ratificarse.