Dos años han transcurrido desde que medios locales dieron a conocer que el Gobierno del Estado de Jalisco se encontraba en una lista de clientes de la empresa Hacking Team tras adquirir un software de seguridad utilizado para el espionaje, y los diputados por fin deliberaron pedirle cuentas al Ejecutivo estatal para que aclare el tema.
Los medios locales dieron cuenta que el gobierno de Aristóteles Sandoval era cliente de tal empresa al adquirir un sistema por cerca de 748 mil euros, alrededor de 16 millones de pesos mexicanos, utilizado por los gobiernos en materia de seguridad para la vigilancia.
Esto tras un informe elaborado por R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, donde se documentó que el software sólo había sido utilizado en dos ocasiones bajo ordenes legales, sin un conocimiento real de su utilización en el seguimiento de otras acciones, hecho deducido por la R3D debido a las tareas que había realizado el gobierno con el mismo.
“Galileo es un sistema ofensivo que, a través de él, se infectan computadoras y dispositivos móviles para extraer información; puedes monitorear el uso de redes sociales, llamadas de Skype, llamadas por el celular, en general, tomar el control absoluto del dispositivo para intervenirlo”, detalló Luis Fernando García, director de R3D, en entrevista con Reporte Indigo el pasado 10 de julio de 2015.
La polémica volvió a la escena pública luego de que el New York Times diera a conocer la existencia de espionaje por parte del Gobierno federal a algunas figuras públicas relevantes como periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
El de Jalisco es uno de los 12 gobiernos estatales que adquirieron el software y por el cual no se han dado explicaciones claras sobre su uso y adquisición. Tras la publicación del diario estadunidense, el pasado 19 de junio, figuras de la oposición revivieron el tema a nivel local.
Transparentar su uso
Eduardo Almaguer Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado, reconoció la existencia de dicho equipo, bajo el argumento de que es utilizado para combatir delitos concernientes a la desaparición de personas, extorsión y secuestros, sin dar cifras claras sobre su uso.
“Aquí en Jalisco todos los instrumentos de investigación que se tienen del área de inteligencia son utilizados siempre bajo los protocolos que marca la ley y también bajo la autorización en este caso de un juez de control, o en el sistema anterior bajo el sistema de un juez de cualquier juzgado”, dijo Almaguer a medios locales.
Esto llevó a que el diputado local por Movimiento Ciudadano, Alejandro Hermosillo González, presentara la iniciativa de exhorto que este miércoles aprobó el Pleno del Congreso del Estado para que el Ejecutivo aclare el tema.
“Gírese respetuoso oficio al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de los titulares de las Secretarías y Dependencias del Ejecutivo del Estado que están involucradas en la adquisición y operación del equipo y servicios contratados en materia de espionaje y vigilancia, rindan a esta Legislatura un informe detallado”, se lee en el acuerdo único del exhorto.
El mismo informe deberá rendir cuentas sobre el proceso de adquisición del material de espionaje, su costo, el monitoreo que ha rendido, operación, criterios y marcos normativos bajo el que se emplea el equipo de Hacking Team.
“Resulta fundamental aclarar y transparentar el uso de este tipo de sistemas no sólo por lo que representa en términos de derechos humanos, derechos digitales y libertad de expresión, sino porque también es indispensable para que existan las condiciones de confianza en el grupo de trabajo durante la implementación de los compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto de Jalisco”, se lee en la exposición de motivos del exhorto.
Un espacio de simulación
Esta iniciativa se da luego de confrontaciones políticas entre el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Guadalajara, ya que la falta de información respecto a la adquisición del equipo de espionaje ocasionó que el Municipio saliera del Secretariado local de Gobierno Abierto.
Planteó como una incongruencia que la administración de Aristóteles Sandoval impulse una agenda de transparencia gubernamental, y por otra afecte la seguridad ciudadana con dispositivos de coerción social como el espionaje.
“Renuncio porque no se puede formar parte de un espacio de simulación (…) Esto rompe con cualquier posibilidad de diálogo y confianza entre la partes anulando las oportunidades de concretar un ejercicio auténtico de gobierno abierto”, detalló Alfaro a través de un comunicado en redes sociales.
Por eso en la fundamentación del exhorto señala que debe aclararse a detalle la problemática.
“El uso de sistemas de espionaje debe limitarse a la investigación de delitos siempre y cuando la autoridad judicial así lo considere oportuno, razón que nos obliga a exigir el conocer los términos, la frecuencia y las condiciones con que el Ejecutivo del Estado de Jalisco hace uso de este tipo de tecnologías”, se lee en el documento legislativo.
La discusión sobre el espionaje causó tal revuelo, que hasta el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, se posicionó al respecto y defendió el derecho a la privacidad e intimidad de las personas.
“No puedo asegurar que somos objetos de espionaje, pero tampoco me extrañaría que alguien estuviera interesado o al pendiente de lo que uno piensa, expresa, sobre todo en determinadas circunstancias”, declaró Robles Ortega.