Después de postergar más de un año el trámite de juicio político contra las magistradas Juana María Treviño y Aurora Gámez, los diputados locales adelantaron que habrían incurrido en presuntas violaciones a la ley.
Los legisladores que integran la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso, presidida por el priista Francisco Cienfuegos, aprobaron el pasado 1 de julio, por unanimidad, iniciar el proceso de esta acción popular.
En el dictamen legislativo advirtieron que “pudieron existir presuntas acciones ilegales” cometidas por ambas funcionarias del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León.
“Se requiere de contar con mayores elementos que coadyuven a determinar en un contexto más enriquecido si efectivamente es causa de juicio político dichas acciones”, se lee en el acuerdo firmado por nueve de los 11 diputados de la comisión.
Reporte Indigo publicó que la solicitud para iniciar el proceso fue presentada por el abogado Alberto Sada.
El litigante denunció actos y omisiones de Juana María Treviño, integrante de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal, y de la exmagistrada Aurora Gámez.
El particular promovió el recurso luego de que Treviño obtuvo una suspensión contra su destitución, ordenada por el Congreso, y que la ayudó a recuperar su cargo en el Tribunal.
La solicitud fue turnada a la comisión dictaminadora el 15 de junio de 2012, pero ante la falta de respuesta de los diputados, Sada tuvo que recurrir a la justicia federal y finalmente su petición fue tramitada.
Los legisladores resolvieron que en las actuaciones de las magistradas “se presume la violación a intereses públicos fundamentales”, contenidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
“Esta comisión de dictamen legislativo acuerda turnar el presente asunto con la documentación acompañada al Pleno del Congreso, para que se proceda a la integración de la comisión jurisdiccional que substanciará el procedimiento”.
El diputado Cienfuegos expresó la semana pasada que el asunto podría resolverse hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre, o en uno extraordinario.
Sada expuso en su denuncia diversas irregularidades que los legisladores analizaron cuando acordaron el inicio del proceso.
El quejoso sostuvo que se extendió cinco meses más la duración de dos años para ocupar la presidencia del Tribunal, lo que trajo como consecuencia una “reelección” de Treviño.
Lo anterior ocurrió pese a que la ley en la materia prohíbe expresamente la “reelección” del cargo en el periodo inmediato.
En segundo lugar, Treviño asignó a su secretaria de Estudio y Cuenta, Laura Alicia Martínez, funciones de magistrada, tomándose atribuciones que no le correspondían.
El denunciante también mencionó que las abstenciones de las magistradas en resolver recursos de revisión afectaron el funcionamiento normal del Tribunal.
Además, aseguró que la “reelección” provocó inestabilidad jurídica porque el Tribunal designó a Juana María Aragón como titular de la Primera Sala Ordinaria, aunque Treviño aparece en el mismo cargo.
Por último, Sada manifestó que Treviño no puede impartir justicia porque su encargo terminó el 3 de mayo del año pasado, cuando Genaro Sánchez tomó protesta como magistrado de la Tercera Sala Ordinaria.
