Doblemente víctimas

La guerra contra el narco ha dejado en Michoacán el peor de los saldos; más de 7 mil huérfanos, mil 519 viudas, mil 300 desaparecidos y casi 2 mil 900 muertos. De los desplazados, también contados en millares, hace mucho tiempo que se dejó de llevar la cuenta por parte de algunos medios informativos locales. Aun así, en el gobierno estatal no hay una instancia oficial que atienda a las víctimas de la violencia.

Al gobierno interino de Salvador Jara Guerrero parece no interesarle la población de víctimas colaterales de la guerra, que de manera insistente siguen solicitado oficialmente la ayuda para mitigar el abandono en que han quedado. 

Pese al cúmulo de víctimas por el estado de guerra que se vive en Michoacán, el Gobierno estatal solo beneficia a 132 personas de las miles de afectadas por el crimen organizado. La mayor parte de las personas beneficiadas con becas o nóminas vitalicias son hijos o viudas de funcionarios estatales que perdieron la vida a causa de hechos de violencia, registrados del 2008 al 2014.

La nómina especial de apoyo a personas víctimas de la violencia fue creada por el gobernador Leonel Godoy Rangel y luego respetada por los mandatarios Fausto Vallejos Figueroa y Jesús Reyna García, quienes agregaron algunas víctimas a ese beneficio. El actual gobernador Salvador Jara Guerrero no ha ingresado a la nómina especial a ningún afectado colateral de la guerra contra el narcotráfico; por el contrario, ha insistido en el retiro de algunos beneficiarios.

Deudos de los fallecidos la noche del 15 de septiembre del 2008, víctimas de los granadazos ocurridos en pleno festejo del Grito de Independencia, dijeron a Reporte Indigo que por instrucción del gobernador Salvador Jara Guerrero, desde el pasado 15 de agosto ya no se les respetó la entrega de la beca escolar que les fue otorgada por decreto por el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel.

Se quejaron del gobernador Salvador Jara Guerrero, no solo porque no ha hecho crecer el número de beneficiarios de la nómina especial de víctimas del gobierno estatal, sino porque ha ordenado la suspensión de pagos para los pocos favorecidos con recursos directos y constantes. 

Bajo el argumento de la falta de dinero en la administración, desde hace un mes, el gobierno estatal suspendió el pago de 54 becas para hijos víctimas de la violencia. Algunas viudas de policías que cobran su quincena de forma vitalicia, también han sido víctimas del gobierno estatal, que les ha regateado los pagos y ya se entregaban con retrasos en los últimos meses.

La versión oficial sobre la suspensión de pagos de becas y pensiones vitalicias llegó del Secretario de gobierno, Jaime Esparza Cortina, quien aseguró que la nómina especial del gobierno estatal se habrá de reanudar una vez que el Congreso local emita una petición al Ejecutivo estatal.

Gobierno que no siente

Ante la suspensión del pago de la nómina especial de víctimas, que no atiende ni al 1.5 por ciento de los afectados colaterales de la guerra, los que recibían este recurso aseguraron que nunca se les había cancelado el pago al que se comprometió el estado.

La mayor parte de los beneficiarios de la nómina especial son hijos de policías estatales asesinados en acciones de la guerra contra el narcotráfico. A todos se les anunció su inclusión en la nómina especial del Gobierno del estado como un derecho que pagaron con la muerte de sus padres o esposos, “pero ese derecho lo ha trastocado el gobernador Salvador Jara con todo su orgullo y falta de sensibilidad”, dijo llorosa la viuda de un policía ejecutado en Uruapan.

El gobierno que fue más sensible con el pago de la nómina especial, según contaron algunos de los afectados que acudieron a reunirse con el Secretario de gobierno para exigir la reanudación de los pagos, fue el gobernador Leonel Godoy Rangel, “el que tuvo el valor de crear por decreto la primera lista de víctimas de la violencia, tras haberse registrado las explosiones por granada la Noche del Grito del 2008”, dijo Antonio Salinas, familiar de una de las víctimas de los granadazos.

La reducida lista de apoyo a víctimas de la violencia en Michoacán, de acuerdo a la versión oficial, está sujeta a la decisión del Congreso local, el que habrá de determinar si instruye o no al gobernador en turno para que se sigan pagando tanto las nóminas vitalicias como las becas a que se comprometieron en su momento no solo los gobernadores del estado, sino quien fuera el propio Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

La cancelación de los pagos de la nómina especial de víctimas del Gobierno estatal fue calificada como un acto inhumano por parte del gobernador Salvador Jara Guerrero, toda vez que muchos de los beneficiarios requieren ese dinero para los tratamientos de rehabilitación física, cirugías y tratamientos psicológicos, a los que están sometidos desde un día después de los ataques terroristas.

Peticiones, todos los días

Todos los días, en las principales dependencias del Gobierno estatal se reciben cientos de solicitudes de apoyo por parte de los hijos huérfanos y las viudas de quienes han perdido la vida en la ola de violencia en Michoacán.

De acuerdo a la oficialía de partes de la Secretaría de Educación en esta entidad, se estima un promedio de 270 becas las que se solicitan por parte de los vecinos de los municipios en conflicto, que en su mayoría argumentan la pérdida de su padre en actos de violencia.

En la Secretaría de Gobierno, en la dirección de atención ciudadana, se reciben en promedio 340 solicitudes de apoyo económico y de servicios médicos para los hijos y viudas de la guerra, la mayor parte de ellos de los vecinos de la región Sierra-Costa Nahua y Tierra Caliente. Menos del 0.2 por ciento de los reclamos presentados son resueltos luego de diversas solicitudes y tras dos semanas de trámites.

En la Secretaría de Política Social se recibe el mayor número de reclamos de ayuda económica. Las peticiones se encaminan principalmente a la búsqueda de un esquema de alimentación o dotación de vivienda. En esa dependencia el número de solicitudes oscila entre las 120 y 170 por semana, en su mayor parte por cuenta de viudas de integrantes de las autodefensas.

Como dice una cosa, dice otra

El 10 de agosto pasado, el gobernador Salvador Jara Guerrero había comprometido, ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, todo su esfuerzo para lograr “la atención integral de los segmentos en situación de vulnerabilidad”.

Ofreció proporcionar ayuda en diversos ámbitos a quienes de alguna u otra manera se han visto afectados por la violencia y el crimen organizado.

“Hemos entrado en la recta final de mi gobierno, pero tengan la seguridad de que nos esforzaremos hasta el último minuto del periodo para dejar cimentada la Comisión y lo suficientemente fuerte para que pueda cumplir con sus objetivos; sin duda, se trata de un tema importante a nivel mundial y seguramente podremos colaborar muy de cerca a través del convenio celebrado con Francia para la atención de los adolescentes, especialmente de los que han sido víctimas de la violencia”, destacó.

Pero apenas terminó la reunión con los designados por los diputados de la LXXII Legislatura del Congreso local como garantes de atención a víctimas, el gobernador ordenó la cancelación de los pagos a la nómina especial que atiende a las primeras víctimas de la violencia.

Afectados por la suspensión de los pagos de la nómina especial:

> Víctimas de los granadazos del 15 de septiembre del 2008.

> Viudas por la detonación de una granada arrojada a policías municipales el 12 de febrero de 2009, en Uruapan.

> Huérfanos y viudas de los ataques dirigidos contra elementos de la Policía Federal en los municipios de Morelia, Apatzingán, Arteaga, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas, el 9 de diciembre de 2009.

> Afectados por el atentado a la entonces secretaria de Seguridad Pública del Estado, Minerva Bautista, el 24 de abril del 2010.