El desarrollo de la nueva planta fotovoltaica, el proyecto de energía solar más importante para Baja California en los últimos años, se ha visto interrumpido por la pugna de intereses particulares.
Esto ya que, si bien la empresa Next Energy ganó la licitación al presentar las mejores condiciones técnicas y económicas para hacerse cargo, han sido operaciones políticas vinculadas con el próximo Gobierno estatal las que han frenado su puesta en marcha.
A mediados de octubre de 2020, el gobernador Jaime Bonilla y Rodolfo Castro Valdez, secretario de Financias y titular de la Comisión Interinstitucional de Energía, anunciaron a Next Energy de México S.A. de C.V. como ganadora de la licitación LPN-CIE-001-2021 en el que participaron un total de 17 firmas particulares. Certificándola como la empresa que había logrado la mejor oferta y asegurando que los beneficios de esta serían para el estado de Baja California.
El proyecto contempla que la planta fotovoltaica de que desarrollará Next Energy genere y suministre 385 megawatts de electricidad para lograr la autosuficiencia de Baja California y evitar que se siga importando energía desde Estados Unidos; lo que representaría un ahorro al erario superior a los tres mil 700 millones de pesos sin representar mayores compromisos ni deudas al erario que el contrato de compra-venta con la empresa.
La planta fotovoltaica incluso contó con el visto bueno de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apenas unos meses antes, en marzo de 2020, se mostró crítico de proyectos energéticos llevados a cabo por los últimos gobiernos de Baja California. Particularmente, la instalación de “molinos” para generar energía eólica que “afectan el paisaje natural” en la región de La Rumorosa.
Pero el proyecto se ha estancado en trámites burocráticos, pues no en BC se han terminado de aprobar los permisos correspondientes por parte de las instancias federales. Las solicitudes se presentaron ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en junio pasado y ante el Centro Nacional de Control de Energía desde abril. Sin embargo, las autoridades reguladoras no se han pronunciado al respecto.
En el marco del primer aniversario de la licitación y a dos meses y medio de que Jaime Bonilla Valdés concluya su mandato al frente del Gobierno estatal, el proyecto energético ha quedado en vilo e, incluso, es posible que el contrato termine en manos de otro concesionario una vez inicie el sexenio de Marina del Pilar Ávila, electa el pasado 6 de junio como la primera gobernadora de Baja California.
La sospecha parte de que el esposo de la mandataria electa, el exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Torres Torres, fue el principal socio y operador en Baja California de Felipe Calderón, quien incluso fue padrino de bodas del matrimonio. Dada la cercana relación del expresidente con la firma española Iberdrola, no han faltado los señalamientos en torno a que ésta podría terminar con el contrato de la planta fotovoltaica durante la próxima administración.
Esta versión toma fuerza tras considerar lo particularmente restrictiva que ha resultado la competencia en el sector energético de Baja California, como lo muestra el caso de la gasera sonorense Blue Propane, que incluso ha tenido que recurrir a los tribunales para buscar un espacio en el mercado bajacaliforniano, dominado por Z Gas en colusión con autoridades estatales y municipales, las cuales incluso retiraron la publicidad de la firma en Tijuana.
Ojo a las cláusulas del proyecto de energía solar
Para analizar el complejo panorama del proyecto fotovoltaico, Reporte Índigo entrevistó a Ramsés Pech, analista y asesor en temas de la industria energética, quien igualmente señala la importancia de verificar las capacidades técnicas para realizar la obra. Mismas que, de acuerdo con el fallo de la Comisión Interinstitucional de Energía, fueron avaladas por la administración de Jaime Bonilla cuando se reconoció ganadora a Next Energy.
“Hay que evaluar si, dentro del proyecto, tenían contemplado el costo de la conexión o el reforzamiento de las líneas en donde desean conectar la planta. Esto era para el acuífero y todo lo que necesitaban ellos en esa parte de Baja California. Ahora, el inconveniente es, como es una licitación pública, hay que ver cuáles son las cláusulas en dado caso que el proyecto no funcione, que en dado caso se cancele, por condiciones de cualquier índole”.
Por otro lado, también recuerda que el sistema de Baja California es independiente del Sistema Eléctrico Nacional, lo que ha generado el efecto de la denominada “isla energética”, que se suma al existente rezago en materia de infraestructura y de generación, siendo que los últimos desarrollos en materia geotérmica se hicieron hace alrededor de 20 años. Por lo que es otro reto con el que Next Energy deberá lidiar para poder cumplir con el contrato de suministro.
“Hoy en día este tipo de paneles sería funcional y serían maravillosos si tuvieran baterías. Pero como esto depende mucho de la generación y en los picos donde van a estar, que pueden ser entre las 2:00 y 3:00 de la tarde, hay que ver cuál es el volumen que se necesita en donde la quieran utilizar. Hay muchas variantes y muchas incógnitas. El problema de hacer este tipo de proyectos radica realmente en sobre qué tienen contemplado la utilización, y en las horas del día”, explica.
Finalmente, señala que no existen políticas públicas con una planeación estratégica a largo plazo a nivel federal ni estatal. Recuerda que, dado que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no podían encargarse de todos los proyectos a lo largo del país, la reforma energética del sexenio pasado otorgó a los estados la facultad de entablar contratos y asociaciones con empresas privadas para que éstas realizaran las inversiones.
“Lo importante no es si fue PAN, Morena o quien sea. Lo importante es que no existe un plan, ya sea de una administración estatal o federal que llega en cualquier momento.