El estado inhumano

Michoacán es el primer estado de la república en donde los derechos humanos –al menos durante la pasada administración local- fueron letra muerta para las autoridades estatal y federal. 

La omisión con la que actuó no sólo el gobernador Salvador Jara sino la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) obliga a que se haga una investigación a fondo para fincar responsabilidades civiles o penales a quienes permitieron el estado de abandono en el que vivió la sociedad entera.

Lo anterior fue considerado por el abogado Salvador Molina, defensor de los 283 integrantes de las autodefensas presos, incluyendo a José Manuel Mireles Valverde, a quienes se les envío a prisión partiendo de la violación de sus garantías individuales, concatenadas con historias oficiales falsas, que a la fecha los mantienen en reclusión.

A decir del jurista, la actuación de la CEDH ha sido opaca.

“Ha generado una sombría participación al interior del estado, en donde se ha visto alejada de la gente, con una actuación gris, sombría, opaca, que ha generado un caldo de cultivo que ha fermentado el desconcierto social”, por lo que consideró que Michoacán requiere de una Comisión Estatal de Derechos Humanos fuerte y autónoma.

La prueba más evidente de la omisa participación de la CEDH en la pasada administración son los focos rojos que llamaron la atención de todos, incluso de organismos internacionales, menos de la comisión local garante de los derechos humanos, en donde se distingue su ceguera en la investigación a fondo de la matanza del 6 de enero del 2015 en la ciudad de Apatzingán, en donde la propia CNDH ha reconocido que hubo ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, en agravio de la población civil.

Otros casos en donde la CEDH no quiso intervenir o su actuación fue tibia, son las quejas presentadas por las víctimas de los granadazos del 2008, a los que no se les ha podido resolver si hubo o no violación a sus garantías, tras casi 7 años de los hechos. 

La CEDH ha dado largas a los quejosos que buscan una respuesta oficial al abandono en que han quedado por parte de las instancias del gobierno estatal de Michoacán.

EL organismo defensor de la ciudadanía tampoco quiso conocer a fondo –dijo el abogado Salvador Molina- la forma en que se dieron los hechos de Tanhuato, en donde el 22 de mayo del 2015 fueron ejecutados 42 hombres, presuntamente miembros del crimen organizado, cuando se encontraban en el interior de un rancho. 

A algunas de las víctimas se les ejecutó en ropa interior, sin que la CEDH emitiera una postura oficial.

A lo anterior se ha sumado también la omisión de la CEDH que no ha querido emitir recomendación alguna sobre la situación que viven los grupos de autodefensa de la zona de la Costa Sierra Nahua.

Los miembros de la autollamada Policía Comunitaria están siendo perseguidos con órdenes de aprehensión por parte del gobierno estatal, fincadas en hechos que no son ciertos, como es el caso del comandante Semeí Verdía.

En todos los casos, lamentó Salvador Molina, no sólo no se ha querido llegar a la verdad histórica de los hechos, sino que se ha buscado alterar los escenarios para proteger a los principales responsables de esas violaciones que han costado vidas. 

Entre esos responsables, necesariamente están entre otros, el que fuera comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, y el propio exgobernador Salvador Jara Guerrero.

Bajo revisión

De acuerdo al abogado de los miembros de las autodefensas presos, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe iniciar ya una investigación sobre la Comisión Estatal por convertirse en violadora de las garantías individuales, al no actuar en tiempo y forma sobre hechos de importancia social, argumentando la falta de competencia jurisdiccional, lo que se traduce en omisión.

“Sí hubo omisión (en el caso de la matanza de Apatzingán), porque la CEDH no es una procuraduría para argumentar cuestiones juriscompetenciales. Ella tenía la obligación de impulsar las investigaciones necesarias. 

“Y en caso de que llegara la CNDH -que tiene mayores elementos de investigación- debería sumarse a los trabajos. Pero no puede actuar como lo hizo: esperando a que lleguen otras autoridades para que resuelvan la investigación, porque simplemente no es una autoridad jurisdiccional, sino ciudadana”.

De la misma forma la CEDH ha violentado los derechos de la población de la Sierra Costa Nahua, donde no sólo los civiles que integran la Policía Comunitaria están siendo perseguidos injustamente. 

 “Estamos hablamos de tortura, de desvío de fondos, abusos en materia laboral, situaciones que están arrancado a la comunidad sus bienes, sus minas, el producto de su campo, de su mar, sus maderas, los están saqueando. Y la CEDH no hace nada. Se les está violando el derecho humano al desarrollo integral y una vida digna”.

También está el caso de Tanhuato, donde no hubo enfrentamiento como se dijo en la versión oficial. Allí, entre los ejecutados había personas en ropa interior a los que se victimizó doblemente señalándolos como agresores de la Policía Federal.

Jara y Castillo, posibles responsables

El estado de descomposición en materia de derechos humanos que se vivió en Michoacán en los últimos dos años no sólo se atribuye a la debilidad institucional propiciada por los gobernadores Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, sino que apunta como principales responsables al gobernador Salvador Jara Guerrero y al que fuera comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes.

Este último propició una situación irregular. De acuerdo con la propia CNDH, Alfredo Castillo tomó el control de las instituciones de seguridad pública porque el estado fracasó en eso. 

El Comisionado primero reconoció la necesidad y la legalidad del movimiento de autodefensas, al decir que los ciudadanos tenían que tomar el control de su seguridad y de sus municipios para protegerse (del cártel de los Caballeros Templarios) y resguardar sus bienes y a sus familias.

Pero el propio Comisionado Castillo después comenzó a cambiar la historia, con el Estado a su disposición.

“Se vivieron consecuencias como la tortura y la corrupción. Había extorsiones, incluso secuestros por la misma gente de Castillo. Despidos a policías que estaban a meses de ser jubilados. Los despedían, diciendo que tenían vínculos con algún cártel de las drogas, pero no era cierto nada, sólo era generar espacios para meter a su gente”, explicó Salvador Molina.

El gobernador Salvador Jara tuvo también responsabilidad por omisión “y hasta por acción”, sentencia Molina.

“Se tiene que ejercer una investigación completa sobre él. Esa tarea la tiene que hacer la próxima Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que le asiste la obligación de hacer una investigación seria y profunda sobre su participación, para que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer la verdad histórica de nuestra entidad”, detalla el abogado.

Y dicha investigación, a decir del litigante, debe ser no solamente administrativa, sino una investigación que impacte en el derecho positivo, para ver el grado de participación que tuvieron los funcionarios de organismos descentralizados o de autoridades constitucionales como la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública.