“El Estado me mató moral y socialmente. Me dieron un trato de delincuente que no merecía. No había ninguna razón para que me mantuvieran segregado e incomunicado por años”
A Enoc Tafolla Torres se le acusó de brindar protección, a través de la policía de Lázaro Cárdenas, a células criminales identificadas con el cártel de Osiel Cárdenas Guillen
Tras permanecer una década preso, Tafolla fue liberado porque un juez decidió que no había elementos para sentenciarlo
Ni siquiera un “usted disculpe” le dijo el juez que lo liberó. Tuvo que pasar 10 años en la cárcel para demostrar que era inocente.
El gobierno de Vicente Fox lo acusó de lavado de dinero y delincuencia organizada, que a final de cuentas no pudo demostrar. Todo se fundó en suposiciones de la Procuraduría General de la República (PGR) a la que hoy ha demandado, no para que le devuelvan los diez años de cautiverio injusto, sino para ayudar a sentar el precedente sobre el uso en México de la justicia con fines políticos.
Enoc Tafolla Torres es el último de los 87 funcionarios públicos michoacanos –entre ellos los del Michoacanazo– que fueron encarcelados en los sexenios de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, siempre bajo la acusación falsa de pertenecer a cárteles de las drogas.
Finalmente hoy se encuentran en libertad al no poder sostenerse las mentiras mediante las cuales les fueron abiertos sus procesos penales, que los llevaron a estar recluidos en cárceles de máxima seguridad.
Tafolla Torres fue detenido el 3 de octubre del 2005 mientras asistía a una diligencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Morelia, a donde en calidad de síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas acudió para responder a una demanda interpuesta contra la administración de la que formaba parte, hecha por un grupo de trabajadores despedidos.
Elementos de la PGR lo detuvieron bajo la acusación de ser parte de un grupo delincuencial.
A partir de ese momento, Enoc Tafolla Torres fue tratado como un delincuente. Se le acusó de brindar protección, a través de la policía de Lázaro Cárdenas, a células criminales identificadas con el cártel de Osiel Cárdenas Guillen.
También se le fincaron –en base a un testigo protegido– delitos de fomento al narcotráfico y lavado de dinero. Además se le abrieron dos procesos penales por lesiones y abuso de autoridad.
A la vuelta de diez años de prisión, siempre en la cárcel federal de Puente Grande, tras no haberse aportado elementos suficientes por parte del agente del Ministerio Público de la federación para demostrar la constitución de los ilícitos señalados, un juez decidió que no había elementos para sentenciarlo penalmente, y ordenó su inmediata liberación absolviéndolo de los cargos.
“El Estado me mató moral y socialmente. Me dieron un trato de delincuente que no merecía. No había ninguna razón para que me mantuvieran segregado e incomunicado por años. Eso me aniquiló también emocional y físicamente, porque he salido enfermo y con algunos problemas de conducta”, explica a Reporte Indigo el que fue liberado hace apenas uno días.
El primer acto que hizo Enoc Tafolla Torres, apenas pisó la calle, fue demandar penalmente al presidente Vicente Fox y a los procuradores del régimen Rafael Macedo de la Concha y Daniel Francisco Cabeza de Vaca.
La acusación también alcanza a los procuradores del gobierno de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez.
A todos los está reclamando para que le expliquen la razón por la que lo mantuvieron preso sin existir pruebas que sustentaran la acusación de la que fue objeto.
“Quiero llegar hasta el último funcionario de la PGR que por decisión propia, alejado el marco jurídico, decidió que yo debería estar preso. Y que además maniobraron para que se me tortura dentro de la prisión y se me dejara incomunicado por años”, dijo.
Fue un crimen político
El encierro de Enoc Tafolla –así habla de sí mismo, en tercera persona- fue un crimen político. En Michoacán hubo funcionarios a los que el síndico de Lázaro Cárdenas les fue incómodo sólo porque intentó denunciar actos de corrupción que se estaban llevando a cabo en el puerto de ese municipio, en donde funcionarios del Gobierno federal estaban haciendo negocios con el crimen organizado y algunas empresas chinas para sacar mineral de manera ilegal.
Durante el periodo en que Enoc Tafolla fue llevado a prisión llegaron al puerto de Lázaro Cárdenas, al menos siete empresas chinas, las que comenzaron a comprar de manera ilegal todo el mineral que ofrecían los grupos delincuenciales de la zona.
Los acuerdos de comercialización, principalmente de hierro, fueron avalados por funcionarios de la administración del presidente Vicente Fox, entre ellos los secretarios de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista, Fernando Canales Clariond y Sergio García de Alba.
Paralelamente, explica Tafolla Torres, se denunció la creciente presencia del crimen organizado en la zona portuaria, en donde se advirtió a la Secretaría de gobernación, primero a Santiago Creel Miranda y luego de Carlos María Abascal Carranza, señalando la existencia de civiles armados que estaban actuando como ejércitos particulares de algunos empresarios mineros que se fueron asentando en la zona.
La respuesta del Gobierno federal ante los señalamientos de corrupción y de inestabilidad social que hizo el síndico de Lázaro Cárdenas fue simple: se le armó una investigación penal en su contra, acusándolo de tener a disposición del crimen organizado a toda la policía de ese municipio portuario.
En las investigaciones ayudó un testigo protegido que aseguró la pertenencia del indiciado al cártel de Osiel Cárdenas Guillén, lo que fue suficiente para llevarlo a prisión.
Al momento de su detención, Enoc Tafolla Torres se postulaba como un fuerte aspirante a la alcaldía de Lázaro Cárdenas, pese a no contar con el respaldo del entonces presidente del PRI Jesús Reyna García, ni del presidente municipal Gustavo Torres Camacho, los que ayudaron a la integración de expediente falso con el que se terminó por acusar al síndico del delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Puente Grande, el infierno
Tras su detención y luego de estar casi dos meses arraigado en las instalaciones de la entonces SIEDO, Tafolla Torres fue ingresado a la cárcel federal de Puente Grande, bajo la causa penal 12/2006.
Allí vivió lo indecible. Fue puesto en el área de segregación y se le violentaron sus derechos más elementales, como a la alimentación, el sueño y medicamentos. También se le mantuvo en aislamiento para no que no hiciera contacto con otros presos.
No pudo llevar a cabo una defensa acorde, no sólo porque el Ministerio Público federal no aportaba pruebas para defenderse, sino porque no le permitieron el acceso a su defensor, lo que hizo que el proceso se dilatara por casi una década.
El maltrato físico por parte de los oficiales de guardia era constante. No se le permitía el acceso al sanitario y tuvo que pasar periodos de hasta 3 meses sin poder bañarse.
Además del desconcierto de ser sacado a mitad de la noche de su celda sin explicación de a dónde los trasladaban, sólo para regresarlo de nueva cuenta a su estancia, luego de hacerlo caminar por diversos pasillos de la cárcel federal.
Busca la reparación del daño
Enoc Tafolla ha iniciado un proceso legal contra el Estado mexicano, en donde pretende que la federación reconozca que lo mantuvo preso sin ninguna prueba real en su contra. No está pidiendo se le pague monto alguno, solo que se le repare el daño social ocasionado.
“La cárcel es una huella que no se puede quitar uno fácilmente. Lo que uno siente en el interior es nada comparado con la vergüenza de la duda con la que a uno lo mira la gente en la calle. Por eso estoy pidiendo que el Gobierno federal reconozca que siempre fui inocente. Que no había razón para mantenerme en la cárcel por tantos años”, detalla.
En los próximos días, con el expediente de mentiras que le integró la PGR, Enoc Tafolla Torres pretende una entrevista con el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a fin de exponerle las condiciones de vida que se viven dentro de la cárcel federal para todo los internos, en donde destaca que no hay respeto a los derechos humanos y que los oficiales de guardia actúan a discreción en el maltrato a los internos.
