Nunca como ahora un muerto había sido tan incómodo para el gobierno estatal de Michoacán.
El asesinato de Enrique Hernández Salcedo, líder de las autodefensas en Yurécuaro y candidato del partido Morena a esa alcaldía intenta ser sepultado en lo más hondo de la denostación y la criminalización.
Como intentando zanjar la deficiencia de los funcionarios del gobierno estatal que no fueron capaces de brindar la seguridad reclamada por el candidato asesinado, el gobierno de Michoacán no deja de lanzar señalamientos criminales en contra del fallecido. Se le ha golpeado hasta después de muerto.
En una actitud que pocas veces se le había conocido al gobierno estatal, el gobernador Salvador Jara Guerrero ha ordenado recursos de investigación no para dar con el paradero de los asesinos del candidato caído en Yurécuaro, sino para indagar en su pasado y filtrarlo a los medios de comunicación.
Aguerrido en vida
Antes de saltar al escenario como líder de los grupos de autodefensa, Enrique Hernández era un empresario de medio pelo en Yurécuaro. Adentrado en el ramo de los agronegocios se ganó la fama de colérico y el apodo de ‘El Llamaradas’.
Como cientos de michoacanos, sus negocios fueron el blanco del crimen organizado. Los cobros de piso cada vez más constantes y más elevados lo llevaron a a buscar personalmente al doctor Mireles a la zona de Tierra Caliente para ver la forma en que estaban organizados los grupos de autodefensa.
En Yurécuaro formó su primer grupo de hombres armados. Armó un ejército privado que no fue del agrado de muchos de los empresarios de la zona del Bajío, principalmente de La Piedad y Zamora que estaban acostumbrados a negociar con las bandas del narco.
“El Llamaradas” Hernández comenzó a ser incómodo cuando buscó el apoyo de algunos empresarios. Se corrió el rumor de que ahora el cobro de piso lo aplicaban los grupos de autodefensas que él comandaba. Por eso los hombres de negocios organizaron a los alcaldes a su servicio para que no permitieran civiles armados en sus localidades.
Esa fue la razón por la que Enrique Hernández Salcedo se confrontó con los alcaldes de La Piedad, Yurécuaro, Tanhuato, Briseñas, Vista Hermosa e Ixtlán.
Con el edil de Tanhuato, Gustavo Garibay, se mentaron la madre y se amenazaron mutuamente de muerte. A Garibay lo ejecutaron el 22 de marzo del 2014. Su asesinato fue atribuido desde la PGR a “El Llamaradas”, quien fue encarcelado, torturado por elementos de la policía estatal de Michoacán, luego fue exonerado de la acusación y se volvió “perro del mal”, como él mismo dijo tras su liberación.
Filtraciones desde lo alto
Todavía no estaba sepultado el cuerpo de Enrique Hernández Salcedo, cuando manos anónimas de la PGR hicieron circular partes de un expediente judicial y de averiguaciones previas integradas en Michoacán que daban cuenta de acusaciones pendientes contra el difunto.
Se le señaló del secuestro, tortura y desaparición de cinco personas que acudieron a una manifestación contra los grupos de autodefensa.
Otra filtración hecha desde el gobierno estatal de Michoacán apunta hacia el hecho de que el nombre de Enrique Hernández Salcedo aparece en forma reiterada en al menos cinco averiguaciones previas que se llevan a cabo, principalmente por el delito de extorsión y narcotráfico en la zona del Bajío.
De manera oficial, la Procuraduría de Justicia de Michoacán ha señalado que el homicidio de Hernández Salcedo fue una especie de ajuste de cuentas. Sus deudos aseguran que en el gobierno estatal existe la intención de manchar el nombre del difunto, “quien finalmente ya no puede defenderse de lo que le imputen”, dice uno de sus colaboradores.
No hay detenidos
Fuentes de la Presidencia Municipal de Yurécuaro dieron a conocer que por lo menos 23 elementos de esa corporación han sido llamados a comparecer ante el agente del ministerio público, para recabar las primeras pesquisas. Todos los policías convocados han acudido ante la representación social en calidad de presentados.
Todas las pesquisas iniciadas apuntan a una coparticipación en el homicidio de Enrique Hernández por parte de los mandos policiales de Yurécuaro, quienes podrían ser declarados formalmente presos en las próximas horas. Al director y subdirector de la policía municipal de Yurécuaro se les acusa de haber facilitado la huida de los homicidas, más no de la ejecución del asesinato.
En ese clima, la familia de Enrique Hernández, cuya viuda ha sido invitada por Morena para que retome la candidatura a la alcaldía, revisan la posibilidad de salir de la zona por el riesgo que corren sus vidas, no solo por las células del crimen organizado que siguen actuantes en la zona, sino por la campaña que se ha orquestado en contra del autodefensa caído, del que se ha dicho de todo, “al cabo que el hombre ya está muerto, ni modo que lo desmienta”, dijo quien fuera su compadre y cercano colaborador.