La virtual designación de Gerardo Octavio Solís Gómez como titular de la Fiscalía General de Jalisco ha quedado empañada por las denuncias ciudadanas y las críticas de organismos defensores de derechos humanos a su administración en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco.
En el análisis a su gestión destacan las detenciones arbitrarias y la tortura como método de investigación por parte de los agentes. Esto ha llevado a que organizaciones, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), levanten la voz para advertir sobre los riesgos que esto implica y la evidencia de un paradigma contrario a la paz y la justicia que ahora anuncian los nuevos gobiernos.
“Como organización de derechos humanos nos preocupa bastante. Aunque ya se había señalado en los medios de comunicación (…), no nos deja de sorprender. Se trata de un personaje que en Jalisco se le debe recordar por su papel que jugó al frente de la Procuraduría de Justicia de la entidad”
El 26 de noviembre, Enrique Alfaro Ramírez, futuro gobernador de Jalisco, hizo pública su decisión de presentar a Solís Gómez para encabezar la fiscalía, proceso que aunque aún no queda en sus manos, ya había sido informado al actual gobierno estatal para que sea avalado por el Congreso de Jalisco en los próximos días.
“Jalisco tendrá un Fiscal con una amplia trayectoria en el servicio público y con responsabilidades del más alto nivel en nuestro estado; Gerardo Octavio ha sido procurador general de justicia, secretario general de gobierno y exgobernador del estado, confío en su experiencia y su compromiso para recuperar la paz y la tranquilidad de los jaliscienses”, dijo Alfaro Ramírez en redes sociales.
Sin embargo, el peso de las acusaciones que se realizaron durante su gestión al frente del gobierno estatal y las instancias de seguridad, que recuerda Enrique Alfaro, han dejado una huella inevitable en la trayectoria de este funcionario público.
El ‘Análisis de la situación de la tortura en el Estado de Jalisco, 2001- 2015’, elaborado por Faride Assad Gómez, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), destaca que en el periodo del gobernador Francisco Ramírez Acuña (2001-2006), cuando Gerardo Solís era el encargado de la procuración de justicia, las quejas por tortura ascendieron a 816.
A partir de la llegada de Solís Gómez a la Procuraduría, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) comenzó a recibir más de cien quejas por violaciones al año, entre 2001 y 2007, cuando en el año previo apenas habían sumado 58.
Entre marzo de 2001 y febrero de 2007, la autoridad más señalada era la Procuraduría General de Justicia del Estado, con 79 por ciento de las quejas, según el análisis de Assad.
Los casos documentados dan cuenta de métodos como golpes, patadas mientras la víctima está inmovilizada, toques eléctricos, asfixia con una bolsa plástica en la cabeza y la introducción de agua a diversas partes del cuerpo, bajo el argumento de que es una práctica común de los interrogatorios.
Pero el número de procedimientos administrativos por tortura fueron apenas 17, sin que en ese periodo se emitiera una sola sentencia o sanción a los señalados.
Dos casos marcaron su periodo al frente de la Procuraduría estatal, uno fue el llamado Tlajomulcazo, una fiesta juvenil en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga donde se realizaron detenciones arbitrarias y tratos crueles a cerca mil 500 jóvenes porque la autoridad tenía la sospecha de que se vendía droga ahí.
El más emblemático fue durante las protestas por la tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno América Latina, Caribe y Unión Europea, el 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, donde se detuvo a cerca de 120 personas con diversas violaciones a los derechos humanos, a tal grado que intervino Amnistía Internacional.
A las violaciones acreditadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ese día se sumaron 15 detenciones arbitrarias, 73 detenciones ilegales, 73 violaciones por incomunicación, 55 tratos crueles y degradantes y 19 casos de tortura.
En su informe del 2 de diciembre de 2004, titulado ‘Abusos desoídos en Guadalajara’, Amnistía Internacional señaló que las violaciones se dieron por parte de agentes del estado.
“Cuerpos de la Seguridad Pública de la ciudad de Guadalajara y del estado y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco incurrieron en graves violaciones de los derechos humanos durante y después de las detenciones”, dice.
La organización documentó cómo estas violaciones se llevaron a cabo en las propias instalaciones de la procuraduría, donde las tomas de declaraciones servían como pretexto para la coacción y la tortura.
Gerardo Solís llega con el aval técnico del Comité de Participación Social Anticorrupción, lo cual ha sido criticado por organizaciones civiles.
“Nos preocupa que el Comité de Participación Social haya jugado un papel relevante en el proceso de analizar a la terna propuesta por el gobernador electo”, señaló César Pérez, director del CEPAD.
Aún así los anuncios sobre la llegada de Solís Gómez son inminentes. El actual gobernador Aristóteles Sandoval enviará la solicitud para que sea avalado por el Legislativo local, donde Movimiento Ciudadano es la primera fuerza política.
Salvador Caro Cabrera, líder de la bancada naranja en Jalisco, dijo que Gerardo Solís no comparecerá ante los diputados, sino presentará su plan de trabajo en privado y con cada una de las fracciones, como acuerdo de las fuerzas políticas del Congreso local.
