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A diferencia de México, en Estados Unidos la corrupción se previene, se persigue y se castiga. No sólo la de los políticos, sino también la de los empresarios que sobornan.
Y no sólo se sanciona la corrupción que se comete en suelo norteamericano, sino la que se comete fuera de sus fronteras.
Un ejemplo: la próxima semana el expresidente de la Asamblea Legislativa de Nueva York, Sheldon Silver, se sentará en el banquillo de los acusados de una Corte de Nueva York.
El exlíder demócrata enfrentará en los tribunales un juicio por corrupción luego de recibir 4 millones de dólares en sobornos por parte de dos despachos de abogados.
En México la historia es diferente. El exdiputado del Partido Verde, Ernesto Núñez, fue grabado hace un año pidiendo un “moche” de 4 millones de pesos a una promotora cultural.
A diferencia de Silver en los Estados Unidos, que enfrenta cargos por hasta 80 años de prisión, al legislador mexicano ni siquiera se le inició una investigación.
“La corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí”, dice Juan Pardinas, director general del IMCO, en la presentación del Índice de Competitividad Internacional 2015.
La más reciente versión de este estudio concluye que en México la corrupción es el principal obstáculo para la competitividad.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone una serie de acciones para combatir realmente la corrupción –pública y privada- que azota el país.
Entre las propuestas está la creación de leyes como la Whistleblower Act y False Claims Act (FCA), que existen en los Estados Unidos.
La primera ofrece recompensas para que los ciudadanos que denuncien fraudes (tanto en gobierno como en el sector privado) y la segunda permite a ciudadanos presentar una demanda a nombre del Gobierno por haber sufrido un acto de corrupción y cobrar una comisión del monto recuperado.
En su territorio y más allá
En Estados Unidos opera una Fiscalía Federal, que depende del Departamento de Justicia. En el vecino país existe la Legislation Foregein Corrupt Practices Act (FCPA) que permite a las autoridades estadounidenses castigar a las compañías que pagan sobornos en otros países.
Esta ley se aplica a ciudadanos que no son americanos en caso de que sean dueños de compañías que cotizan en la Bolsa o si realizan operaciones en los Estados Unidos. Uno de los casos emblemáticos fue el de Walmart, investigada por los sobornos que pagó en México a autoridades municipales para conseguir permisos de construcción.
Corrupción, cosa de dos
En México la corrupción está por todas partes. En el sector público, pero también en el privado.
María Amparo Casar, directora de Anticorrupción del IMCO, pone el dedo en la llaga: La corrupción no es exclusiva de políticos o funcionarios públicos. En esto participan todos, incluidos los empresarios.
Este es un tema que pocas veces se menciona cuando se hace referencia a actos indebidos que afectan las finanzas públicas.
Casar señala que para que existan estas malas prácticas se requiere de la presencia del que ofrece y del que recibe.
“La corrupción no es un problema exclusivo del sector público. Por eso es importante definirla no sólo como ‘el uso y abuso del cargo público para provecho privado’ sino como cualquier acto en el que la decisión de un individuo es tomada con el propósito de dar o recibir una recompensa ilegal.
“En los actos de corrupción siempre confluyen un oferente y un demandante. Si nos limitamos a entender y atacar la corrupción dentro del sector público sin considerar la participación de empresas y ciudadanos la solución propuesta siempre será incompleta”.
Para la doctora en Ciencias Políticas no existen casos de éxito en materia de combate a la corrupción en los que no hayan estado involucrados gobierno, ciudadanos y empresas.
“Empresas y ciudadanos son en muchos casos víctimas de la corrupción pero también son victimarios. La corrupción no es ni única ni fundamentalmente un problema de ética individual o de ética pública. Si se quiere combatir la corrupción de manera eficaz es indispensable internalizar la idea de que la corrupción acarrea más costos que beneficios”, establece en su participación en el estudio hecho público hace un par de días.
En el terreno económico la corrupción frena la inversión.
Frena además la productividad, la competencia, la competitividad y el crecimiento. En el plano político, según Casar, afecta el desarrollo de la democracia, fustiga la credibilidad de las instituciones y genera desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades. En lo social baja el bienestar, la calidad de los servicios públicos, y profundiza la desigualdad.
Una encuesta que se publica en el Índice de Competitividad Internacional revela que la mitad de los empresarios admiten haber pagado un “soborno” en una gestión en el gobierno.
El Índice de Fuentes de Soborno de Transparencia Internacional –citado en el mismo estudio- indica que las empresas mexicanas son las terceras que más pagan sobornos en el mundo.
‘Un grillete para la competitividad’
El investigador Pablo Montes en su ensayo incluido Índice de Competitividad Internacional 2015 detalla que un recuento de 72 escándalos de corrupción, donde se señalaron irregularidades a 41 gobernadores mexicanos sólo a 16 se le inició una investigación y sólo en 4 se consignó ante los tribunales.
Es decir: sólo en un 5 por ciento.
En contraste con los Estados Unidos donde 9 gobernadores se involucraron en escándalos de corrupción… los 9 fueron puestos a disposición de un tribunal para que respondieran a las acusaciones.
En otras naciones la corrupción es castigada y aquí no.
“La corrupción se manifiesta en Alabama y en Beijing. Los escándalos van del gabinete presidencial en Brasilia a la familia real en Madrid. Sin embargo, la diferencia con México es que aquí los escándalos no tienen consecuencias en los tribunales”, dice Juan Pardinas, director general del IMCO.
En opinión del académico es un grillete para la competitividad en México.
“La corrupción es el principal obstáculo para la competitividad de nuestro país. Tanto el Banco de México como el Foro Económico Mundial en dos estudios separados, llegaron a la conclusión de que este problema es el mayor lastre para el despegue económico de nuestro país”.
México pierde por corrupción
Según el Índice de Competitividad Internacional 2015, revelado esta semana, los países más competitivos son Suiza, Noruega, Suecia, Irlanda, Japón, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Australia y Alemania.
En estos países el PIB Per Cápita es de 61 mil 068 dólares y la inversión por trabajador es por 25 mil 045 dólares.
En cambio los países menos competitivos son Nigeria, Guatemala, India, Indonesia, Colombia, Rusia, Argentina, México, Perú y Sudáfrica.
En estas naciones el PIB Per Cápita asciende a 7 mil 233 dólares.
El estudio reveló que en México hay rezagos importantes en el sistema de derecho confiable. Se ubicó en el lugar 40, sólo superado por Colombia, Nigeria y Guatemala.
México presenta avances en los indicadores sobre economía, gobierno eficiente y mercado de factores, pero presenta rezagos en el estado de derecho y legalidad.
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