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El paraíso para robar gasolina

El robo de hidrocarburos, hoy tan común en Jalisco, no es una actividad delictiva nueva o de reciente aparición en la entidad, por el contrario, tiene antecedentes que se remontan a por lo menos a 16 años atrás, de acuerdo con informes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros estima que en Jalisco los grupos delictivos obtienen ingresos mensuales cercanos a los 600 millones de pesos, por la venta de gasolina robada
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El robo de hidrocarburos, hoy tan común en Jalisco, no es una actividad delictiva nueva o de reciente aparición en la entidad, por el contrario, tiene antecedentes que se remontan a por lo menos a 16 años atrás, de acuerdo con informes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lo que sí es novedoso es la intensidad con la que se lleva a cabo en estos días, la finalidad con que lo practican los grupos delictivos –un medio compensatorio de ingresos, y el que haya crecido a tal grado que Pemex ha reconocido que es la causa principal del desabasto de gasolina en la zona metropolitana de Guadalajara y en otras entidades del país.

En el año 2000, cuando se daba la transición democrática en México, en Jalisco ya se detectaban siete tomas clandestinas en los municipios de Atotonilco, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Tototlán y Zapotlanejo, lugares donde el robo continúa hasta estos días.

En los años siguientes, los ataques a los ductos no llegaron ni a una decena, sino hasta en el 2006. El cambio más importante en el indicador se dio en 2010, cuando el hurto se expandió hasta a una decena de municipios, con 33 tomas, un disparo de 175 por ciento con respecto al 2009, cuando Jalisco había presentado 12 casos.

De ahí en adelante no ha dejado de crecer la ordeña: de 2010 a 2011 aumentó 51 por ciento, cuando pasó de 33 a 50 robos; y de 2011 a 2012 aumentó un 144 por ciento, al subir la cifra de casos de 50 a 122.

Lo que pasó en el 2013, el primer año de la administración estatal del PRI, parece más la metástasis del problema que su sola continuidad. 

Jalisco superó por vez primera las 200 tomas clandestinas, fueron 230, casi el doble de las que se encontraron en el último año de la gestión panista (122), ampliándose así el robo de hidrocarburos a 13 municipios. 

En 15 años (de 2000 a 2014) han sido 16 municipios distintos donde se ha confirmado esta actividad ilícita, algunos con una persistencia clara.

Por 13 años se ha detectado tal sustracción en Tala; por nueve en El Arenal, Atotonilco, Lagos de Moreno y  Tlajomulco; por ocho en Zapotlanejo; por siete en Tototlán; por seis en Degollado y Encarnación de Díaz; por cinco en Ayotlán y Tonalá; por tres en Zapopan y El Salto; por dos en Unión de San Antonio, y por uno en Tlaquepaque y Juanacatlán.  

Esto indica dos cosas, que las zonas de hurto sistemático no son aleatorias, y por eso, que la aplicación de operativos focalizados es factible. 

El 12 de enero pasado, mientras Guadalajara vivía un nuevo desabasto de gasolina (había ocurrido ya en diciembre de 2013, y en julio y octubre de 2014), Pemex tuvo que admitir públicamente que era el impacto generado por los robos. 

“Los retrasos en la distribución se han derivado de las continuas interrupciones en el suministro de combustibles por la red de ductos a causa de las tomas clandestinas, principalmente en los poliductos Minatitlán-México y Salamanca-Guadalajara”.

“Desde el pasado fin de semana estos ductos han operado con mayor regularidad, lo que aunado a las medidas adoptadas ha permitido reestablecer el reparto, evitando se presentara un desabasto generalizado (…) los problemas que se presentaron son de continuidad operativa  a consecuencia de la ordeña en ductos”, se lee en el comunicado 4/2015 de la paraestatal.

Metástasis

La sustracción de hidrocarburo como expresión de la delincuencia organizada no ha tenido la respuesta debida de los gobiernos estatal y federal, afirma Harold Dutton, profesor del Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. 

El académico resalta el poderoso mensaje de impunidad que envió el acontecimiento del 6 de enero, cuando dos pipas cargadas con combustible ilícito que habían sido recuperadas por autoridades, fueron robadas de nueva cuenta por un comando, en el propio corralón donde se habían depositado, en el municipio de Tlajomulco.  

“Creo que es algo muy grave que está pasando y no nos estamos dando cuenta. Me imagino que preocupa muchísimo al gobierno estatal y federal que cada vez se hagan más comunes  (estos robos) y ese grado de impunidad”. 

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) estima que en Jalisco los grupos delictivos obtienen ingresos mensuales cercanos a los 600 millones de pesos, derivados de la comercialización de gasolina robada. 

La Fiscalía General ha dado diversos golpes, pero Dutton no halla una estrategia estructurada con la Federación. 

“Creo que no le han reconocido la importancia debida, no han querido, el hecho de no abordar el tema de manera frontal es muy preocupante, estas cuestiones de inseguridad no las puedes tratar de minimizar”. 

Cuando los diputados federales reforzaron las penas contra este delito, el 6 de noviembre de 2014, dijeron en su dictamen –hoy en el Senado-:

“Como resultado de la presión que el Estado ha ejercido sobre los diferentes grupos delictivos, éstos han desarrollado nuevas estrategias para captar recursos que puedan destinar a sus actividades ilícitas; es por ello que el crimen organizado ha incursionado en los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos”.

Aquí, las autoridades atribuyen el hurto sobre todo al Cartel Jalisco Nueva Generación. “Podemos pensar que no le están dando la atención debida y que las estrategias que están haciendo no son las adecuadas, y es muy grave, no es nada más la impunidad sino toda esta pérdida que hay para Pemex y otra, ¿cuáles son las ramificaciones de alguien que roba y luego a quién le vende?”, cuestiona Dutton. 

Justo por ello, el cambio al Código Penal Federal fue para castigar todo el abanico de acciones que implica el delito, ya no solo la posesión y resguardo de hidrocarburo robado, sino también el almacenarlo, transportarlo, ocultarlo, enajenarlo, suministrarlo o distribuirlo. 

Y debido a que uno de sus canales de venta son las mismas gasolineras, se acotó en tales modificaciones: “Si el responsable es franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, además de las penas señaladas (…), se le impondrá como sanción la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad”. 

La mitad de las gasolineras de Jalisco, fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, son extorsionadas para ser punto de venta del crimen organizado, según la Amegas. En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se agregó sobre el franquiciatario: 

“Deberá comprobarse su participación fehaciente en la comisión del hecho delictivo”, así los diputados esperan “evitar que sean doblemente victimizadas aquellas personas que son objeto de extorsión y amenazas”. 

Aquel día de noviembre del año pasado, el diputado Ricardo Monreal dijo: “Algunos conocen a muchos gasolineros y saben cómo opera el crimen organizado: amenazándolos de muerte si no les compran o si no expenden el combustible robado en sus estaciones”. 

La ordeña nacional

Los estados con más tomas clandestinas:

>De 2000 a 2014 (al 13 de agosto), Jalisco fue el octavo estado con más tomas clandestinas en el país con 681, detrás de Veracruz (mil 667), Tamaulipas (mil 470), Sinaloa (974), México (780), Puebla (736), Nuevo León (716), Guanajuato (704). 

>Si se analiza a partir de 2007, Jalisco es séptimo, con 638, detrás de Tamaulipas (mil 439), Veracruz (mil 395), Sinaloa (935), México (746), Puebla (669), Nuevo León (653). 

>La red nacional de Refinación tiene 14 mil kilómetros de ductos, pero el sistema total supera los 60 mil. 

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La contaminación que origina en Jalisco el robo de hidrocarburos, y los severos derrames que causan las tomas clandestinas, han rebasado la capacidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) para subsanar este impacto ambiental que legalmente está obligado a hacer.

De los 31 sitios de Jalisco contaminados a causa de la sustracción de hidrocarburos por el crimen organizado, identificados por el área de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SIPA) de Pemex Refinación, ninguno está clasificado aún en etapa de remediación o saneamiento.

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La impunidad reina cuando se trata de tomas clandestinas. 

Un total de 19  fugas de hidrocarburos se han detectado en territorio jalisciense en el primer trimestre del año sin que las autoridades ejerzan de manera efectiva acciones de sanción, mucho menos de prevención.

La cifra resulta alarmante considerando que en el mismo periodo, pero del 2012, solo hubo 11 tomas clandestinas. Un año después la cifra es casi el doble.

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En otras entidades, el robo de hidrocarburos es monopolio del grupo criminal que domina la plaza, es decir, el estado.