El poco control de la Contraloría

Los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal deben presentar durante agosto la Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Interés, pero la Contraloría General capitalina poco abona para que fructifique esta iniciativa.

La Contraloría guarda silencio respecto a los resultados de la investigación que inició en contra del exsecretario de Obras, Alfredo Hernández, quien fue despedido precisamente por conflicto de interés.

El jefe de Gobierno promueve la firma de esta declaración que busca evitar los conflictos de interés entre empresas, funcionarios y familiares de estos.

Y en el marco de esa iniciativa se cumplen cinco meses de que Alfredo Hernández fuera despedido en medio de un escándalo, en el que se le acusó de entregarle millonarios contratos a empresas en las que trabajó su esposa, Érika Sofibeth Molina Barragán.

Al funcionario se le despidió presuntamente por el posible conflicto de interés en el que incurrió por haberle entregado contratos a Planet Ingeniería y Vento System, cuyos socios estaban relacionados con la mujer de Alfredo Hernández.

Y es que desde que estalló aquel escándalo en marzo de este año, la Contraloría General guarda silencio respecto a los resultados. 

Se desconoce si Eduardo Rovelo Pico y su equipo lograron fundamentar la acusación de conflicto de interés y si fue así cuáles fueron las sanciones.

Desde la Secretaría de Obras, Alfredo Hernández le habría entregado dos contratos para la renovación de luminarias por 40 millones de pesos a la empresa Planet Ingeniería, firma en la que habría trabajado Érika Sofibeth, su esposa, quien mantenía relación laboral con uno de los socios.

Reporte Indigo documentó que los representantes legales de Planet Ingeniería eran los mismos que los de Vento System, esta última, también beneficiada con un contrato de 454 millones de pesos.

La conexión entre ambas empresas se da a través de Luis Miguel Orozco Lucio, quien aparece como socio accionista de la primera y como representante legal de la segundas. Las dos firmas con domicilio y operaciones en el estado de Hidalgo.

Evitar ventajas ilegales

Para evitar que se repitan este tipo de actos entre funcionarios, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, busca combatir la corrupción entre sus funcionarios y empresas.

Por eso pidió que presentaran entre el 1 y 31 de agosto la Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Interés.

Según esta manifestación, empresas y servidores públicos que participen en un proceso de contratación, ya sea a través de licitaciones o adjudicaciones directas, deberán presentar una declaración de intereses para evitar que con la transacción se beneficie a sus amigos, familiares o conocidos.

“Se busca evitar una ventaja ilegal en la realización de contratos con el Gobierno del Distrito Federal”, dijo Mancera cuando firmó las Políticas de Actuación para Prevenir y Sancionar el Conflicto de Intereses en la Ciudad de México.

Así las cosas, cada vez que vaya a iniciar un procedimiento de contratación o compra, los involucrados deberán especificar las relaciones personales, profesionales, laborales, familiares y de negocios que tengan los servidores públicos con cualquier empresa.

En esta cruzada contra la corrupción que emprendió el gobierno de Miguel Ángel Mancera y que se difundirá en medios de comunicación impresos, estaciones del Metro y mobiliario urbano, la Contraloría General del Distrito Federal desempeña un papel clave.

Desde el pasado 23 de julio se publicaron los lineamientos para la presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto, que precisan los plazos, formalidades, sanciones y condiciones para el cumplimiento de las obligaciones señaladas.

Desde esa fecha se han realizado diversas acciones de capacitación, cursos presenciales, mesas con sectores empresariales, cámaras y confederaciones, así como contralores internos de las diferentes dependencias del gobierno capitalino.

Celebres escándalos sin sancionar

La estrategia que busca combatir la corrupción hace recordar casos específicos de conflicto de interés que siguen sin ser sancionados.

No sólo en esta administración, sino también en la que antecede a Mancera. 

El ejemplo más claro es el que protagonizó el hoy prófugo Enrique Horcasitas Manjarrez, quien ejecutó la obra cumbre del sexenio de Marcelo Ebrard, la construcción de la Línea 12 a cargo de ICA, empresa en la que su hermano Luis Horcasitas ostentaba un cargo directivo.

Otro escandaloso caso es el de Jesús Valencia Guzmán, el exdelegado en Iztapalapa y la empresa Amexire, a quien le otorgó contratos millonarios mientras los dueños de la firma le facilitaban camionetas de lujo para su uso.

Además de la Contraloría General capitalina, el caso fue turnado a la Procuraduría de Justicia local, pese a todo, hoy Valencia es diputado federal del PRD.

Por eso más allá de obligarlos a firmar declaraciones, la Contraloría General del DF tiene que conseguir cuadrar estas actuaciones con lo que sanciona la Ley, para no dejar sin castigo a los tristemente célebres funcionarios protagonistas de escándalos de corrupción.