El próximo Cherán
La llama de la autonomía comunitaria que encendió Cherán el 15 de abril del 2011, no se apaga.
El ejemplo se nutre: ahora San Francisco Pichátaro, en el municipio de Tingambato, Michoacán, el que avanza hacia su independencia administrativa y política, zanjando una distancia con respecto de los gobiernos partidistas.
Con esta, ya son tres las comunidades indígenas michoacanas que han iniciado un proceso social y judicial para mantener un régimen de gobierno fincado en los usos y costumbres ancestrales.
La llama de la autonomía comunitaria que encendió Cherán el 15 de abril del 2011, no se apaga.
El ejemplo se nutre: ahora San Francisco Pichátaro, en el municipio de Tingambato, Michoacán, el que avanza hacia su independencia administrativa y política, zanjando una distancia con respecto de los gobiernos partidistas.
Con esta, ya son tres las comunidades indígenas michoacanas que han iniciado un proceso social y judicial para mantener un régimen de gobierno fincado en los usos y costumbres ancestrales.
Utilizando los cauces legales, San Francisco Pichátaro reclamó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) su derecho al manejo de un presupuesto de forma autónoma, independiente de las decisiones políticas y administrativas tomadas por el gobierno municipal de Tingambato.
El TEPJ determinó, en el fallo marcado con el expediente SUP-JDC-1865/2015, que San Francisco Pichátaro, con una población 100 por ciento indígena cercana a los 5 mil habitantes, “tiene derecho al autogobierno en su vertiente de participación”, según lo expuso la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa.
El fallo del derecho al autogobierno de esta comunidad fue otorgado por la sala Superior del TEPJ el pasado 16 de mayo, pero fue hasta esta semana que la autoridad comunal lo explicó de forma clara a sus pobladores convocados en una reunión pública en la plaza principal de esa localidad.
El proceso
Los indígenas de San Francisco Pichátaro decidieron desde el año pasado iniciar el proceso judicial para reclamar el derecho a un presupuesto económico para ser manejado por ellos en forma directa, alegando el abandono en que la administración municipal mantiene a diversas comunidades indígenas.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), el municipio de Tingambato –al que pertenece la comunidad de Pichátaro– es uno de los más pobres de Michoacán.
El 70.5 por ciento de la población se encuentra en condición de pobreza calificada de moderada a extrema.
La mayor parte del presupuesto económico que se destina a esa localidad, por parte del Gobierno estatal y de la federación, se destina al sostenimiento del gobierno.
La mayor participación se aplica al gasto corriente, el pago de nómina ocupa el 73 por ciento de los recursos.
A la fecha, el 88 por ciento de la población no tiene acceso a servicios elementales, como los de salud, agua potable y recolección de basura.
Libres y soberanos
Con el fallo de la Sala Superior del TEPJ, el gobierno de Michoacán se ve obligado a desglosar el próximo presupuesto destinado a Tingambato, a fin de que la parte proporcional correspondiente a San Francisco Pichátaro le llegue directamente a los vecinos.
Con base a la misma resolución del TEPJ, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) comenzará a trabajar en la forma de legitimar el autogobierno reconocido por la federación, a fin de que en los próximos meses, antes de la entrega del presupuesto, los vecinos de Pichátaro tengan un gobierno independiente.
Referencia internacional
Con la autonomía reconocida ya para tres comunidades indígenas, Michoacán se coloca en la avanzada nacional en cuanto al reconocimiento legal del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación de sus gobiernos, movimiento que ha sido motivado por la desconfianza en el sistema de partidos políticos.
Las consejeras del IEM, Elvia Higuera Pérez y Martha López González reconocieron que lo que se está dando en Michoacán es el resultado de una lucha que están llevado los comuneros para conservar su sistema de usos y costumbres, que los ha convertido en referente internacional ante otras etnias, para eliminar el modelo de partidos políticos.
Muestra de ese reconocimiento internacional que están teniendo las comunidades indígenas de Michoacán, es la invitación de una delegación indígena para que participe en “La Semana de Michoacán en Holanda”.
La delegación indígena de Cherán que hablará en foros holandeses sobre los beneficios sociales alcanzados al rechazar la injerencia de partidos en su sistema de gobierno, estará encabezada por Salvador Campos Gembe, integrante del Consejo Mayor de esa comunidad que ya cumple 5 años de autogobierno, tiempo en el que se ha logrado avances en educación, salud y rendición de cuentas.
Otros logros alcanzados en la comunidad de Cherán, que serán expuestos en Holanda, es el abatimiento de los índices de delincuencia; Cherán es el primer punto geográfico del estado de Michoacán en donde se ha erradicado la presencia de las células del crimen organizado, que por décadas se apropiaron de los bosques de la zona indígena.
Los avances
Frente a la idea de autogobierno que ha comenzado a bullir entre las comunidades indígenas de Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ha intensificado sus trabajos para el diseño de un reglamento que norme la elección de autoridades por usos y costumbres entre las poblaciones indígenas.
El proyecto de Reglamento Para los Pueblos Indígenas de Michoacán ya fue presentado ante los vecinos de la comunidad de Santa Cruz Tanaco.
Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del IEM, detalló que esto garantiza a las poblaciones indígenas de Michoacán “ser partícipes de las decisiones que se puedan tomar en relación con la comunidad”.
A su modo
Tres comunidades indígenas michoacanas han iniciado un proceso social y judicial para mantener un régimen de gobierno fincado en los usos y costumbres ancestrales
> 70.5% de la población se encuentra en condición de pobreza calificada de moderada a extrema
> 73% del presupuesto de los recursos oficiales se aplica al pago del aparato de gobierno
> 88% de la población no tiene acceso a servicios de salud, agua potable o recolección de basura