Hasta en los últimos días de su administración el ahora ex alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, se brincó las trancas.
El ex edil sampetrino montó un show para presumir el inicio en su administración de dos de sus proyectos pilares en materia de seguridad que no pudo arrancar en sus tres años de gobierno.
En el final de su gestión Fernández apenas arrancó estas polémicas obras, que hoy deberán ser concluidas y pagadas también por el nuevo presidente municipal Ugo Ruiz.
Sin embargo, los trabajos de construcción de los cuarteles de seguridad de Díaz Ordaz y Valle Oriente no están soportados legalmente y violan procedimientos normativos.
En ninguna de las dos obras el Municipio de San Pedro ha completado el proceso legal para la constitución del fideicomiso, que administrará estos dos polémicos proyectos públicos privados por los próximos 15 años.
La falta de este instrumento financiero impide también que las autoridades expidan los permisos de construcción municipales que requieren las obras.
El Municipio de San Pedro debe de transferir a los fideicomisos constituidos los terrenos municipales donde se edificarán los llamados edificios inteligentes de seguridad.
Es este fideicomiso, que tendrá la propiedad legal de los terrenos, el que debe de tramitar los permisos y licencias de construcción.
En sus últimos dos días el ahora ex alcalde de San Pedro organizó dos eventos de inicio de construcción de los cuarteles de seguridad.
El lunes, Mauricio Fernández encabezó un banderazo de obras en el terreno ubicado en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Rufino Tamayo, en Valle Oriente.
Y un día después hizo lo mismo en el predio municipal ubicado en la avenida Díaz Ordaz, en su cruce con María Cantú, en San Pedro poniente.
En los dos eventos convocados por Mauricio Fernández se hizo acompañar de Ugo Ruiz, quien ayer tomó protesta como nuevo presidente municipal de San Pedro.
La situación del proyecto de Valle Oriente es más crítica que la que presenta el edificio de Díaz Ordaz.
Además de que no está constituido el fideicomiso con la institución bancaria, los trabajos fueron arrancados aunque el plan de desarrollo urbano vigente no contempla todavía este uso de suelo en la zona.
Esta omisión pone en una situación de ilegalidad el contrato que San Pedro adjudicó, por más
de 300 millones de pesos, a la empresa GP Bienes Inmuebles.
En el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 2000-2024, que está vigente, este terreno municipal tiene asignado un uso de suelo de área verde.
Es en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030, que no pudo ser aprobado durante la gestión de Fernández, es donde se concede a esta área el uso de suelo de equipamiento, factibilidad que se requiere para la construcción de este edificio de seguridad.
Esta irregularidad fue revelada por Reporte Indigo el pasado 19 de julio.
El día de ayer en un recorrido por la zona de trabajos se constató que las obras de construcción relativas al cuartel de Valle Oriente son escasas por parte de la empresa Garza Ponce.
En la zona sólo se observaron maniobras de una máquina retroexcavadora realizando movimientos de tierra y camiones acarreando material.
Esta constructora, propiedad del empresario José María Garza Ponce, ganó el contrato por más de 300 millones para construir y equipar este inmueble que formó parte del programa de blindaje de seguridad.
El proyecto de construcción de cuartel de seguridad de Díaz Ordaz, una obra a cargo de la empresa Dycusa, presenta la misma debilidad legal que el de Valle Oriente.
Para esta obra el Municipio de San Pedro y la constructora Dycusa no han constituido el fideicomiso de pago, que administrará este proyecto público privado estimado en más de 500 millones de pesos.
El martes, un día antes de que concluyera su administración, Fernández encabezó el arranque de estas obras localizadas en los terrenos que pertenecían a la empresa Akra, propiedad de la familia del ex alcalde sampetrino.
En su administración el ex alcalde concretó una polémica permuta con la empresa Alfa, también de la familia de Fernández, para que entregara cuatro hectáreas que es la zona donde están estos predios de la avenida Díaz Ordaz.
Esto, a cambio de cancelar la reserva territorial que la familia de Fernández tenía obligación de entregar al Municipio cuando desarrolle los terrenos donde está actualmente el Planetario Alfa.
Los dos edificios de seguridad presentan también retrasos considerables.
El cuartel de Valle Oriente tendría que haberse concluido en el mes de agosto de este año, según los tiempos establecidos en la licitación, y el de Díaz Ordaz estaba programado para terminarse el mes pasado.
La construcción de estas dos obras implica comprometer por los próximos 15 años las finanzas del Municipio, que tendrá que pagar más de 800 millones de pesos por estos edificios.
El esquema al que recurrió Fernández para financiar estas dos obras es el modelo de Asociación Público-Privada (APP’s), donde el constructor aporta inicialmente los recursos para la construcción y el Municipio se los paga en un plazo de 15 años.