La guerra electoral llega al Congreso

La campaña ya no solo ocurre en los estados donde habrá elecciones; la guerra por los votos ya llegó también al Congreso de la Unión.

Ayer, la Comisión Permanente recibió varios puntos de acuerdo de las bancadas para pronunciarse contra actos de los candidatos del bando contrario o para pedir que se investigue alguna conducta de quienes hoy abanderan a los partidos.

La mayor andanada de ataques legislativos van dirigidos contra Morena y su candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez; y también contra Alfredo del Mazo, candidato del PRI.

Sucede así en cada periodo electoral. Conforme se acerca el día de la elección, las sesiones de la Comisión Permanente se llenan de pronunciamientos sobre las acciones de determinado candidato y de acusaciones sobre hechos irregulares en la campaña.

Todos contra Morena

Los senadores del PRI en su conjunto inscribieron un punto de acuerdo para que la Procuraduría de Justicia del Estado de México y el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad investiguen el desvío de recursos en el ayuntamiento de Texcoco cuando Delfina Gómez era presidenta municipal.

La petición se extiende, además, al actual alcalde de Texcoco, Higinio Martínez, a cuyos operadores políticos supuestamente fue entregado el dinero que se descontaba a los trabajadores del Ayuntamiento.

“Se encuentra ampliamente documentado que el alcalde del municipio de Texcoco en el Estado de México, Higinio Martínez Miranda (militante del partido político Morena) y sus tres hijos han acumulado un patrimonio inmobiliario que asciende a más de 85 millones de pesos.

“Entre octubre de 2010 y noviembre de 2015, la familia del actual Presidente municipal de Texcoco y líder del GAP (Grupo de Acción Política), adquirió 14 propiedades por las que pagó únicamente el 10 por ciento de su valor comercial actual en la mayoría de los casos”, señalan los priistas.

La bancada tricolor acusó que se trata de una “práctica sistemática de corrupción”, por lo que pidió a las autoridades no solo investigar los hechos, sino prevenir que el dinero del municipio de Texcoco sea utilizado en la campaña de Morena en la entidad.

Ruth Tiscareño, diputada de San Luis Potosí por el PRI, presentó un punto de acuerdo para pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue los probables delitos cometidos por Delfina Gómez Álvarez con el descuento del 10 por ciento al salario de los trabajadores.

Contra la veracruzana Eva Cadena se pronunció también el diputado zacatecano Benjamín Medrano, del PRI, y pidió que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.

“Ante el escaso interés de Cadena y la dirigencia de su partido por esclarecer el origen y el destino del dinero, así como por revelar la identidad de las personas que otorgaron los recursos, lo que se vuelve indispensable es promover la actuación de las autoridades competentes para resolver un hecho que tiene altos tintes de ilicitud”, condenó Medrano.

Mariana Gómez del Campo, senadora de la Ciudad de México por el PAN, también pidió a la PGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera que investiguen los hechos donde se han visto involucrados personas afiliadas o cercanas a Morena.

Cita, como primer ejemplo, el caso de Eva Cadena, la excandidata de Morena a la alcaldía del municipio de Las Choapas, que fue captada en tres ocasiones recibiendo dinero de personas que aún no se conocen; primero para la campaña electoral y luego en un supuesto pago por haber impulsado una ley en el Congreso de Veracruz.

“No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador se ve inmiscuido en casos de corrupción con personas que trabajan o participan directamente con él, lo mismo pasó con Bejarano, caso en el que se le ve llenando un portafolio con fajos de billetes entregados por el empresario argentino Carlos Ahumada”, 
recuerda la senadora panista.

Gómez del Campo se refiere también a la investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el posible desvío de recursos de 2.5 millones de pesos mensuales que supuestamente entregó el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a Morena. Y a otros casos.

“Otro caso que ha sido investigado por la Procuraduría General de la República, es el de las señoritas Benelly Jocabeth Hernández Ruelas, María Lizeth Semenow Ayala y Sofía Olvera Castro, quienes integraban el equipo del jefe delegacional electo de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal y a quienes en el año 2015 arribaron al aeropuerto de Tapachula transportando un millón de pesos en su equipaje”, cita la senadora.

Del Mazo y Banobras

Contra Alfredo del Mazo, candidato del PRI, PVEM, Nueva Alianza y PES a la gubernatura del Estado de México, se lanzaron los perredistas, quienes pidieron cuentas del manejo que hizo de los recursos públicos mientras fue director del Banco Nacional de Obras (Banobras).

Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano y Omar Ortega, diputados del PRD, pidieron a la PGR, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación que revisen la asignación de recursos que Banobras hizo al gobierno de Veracruz, cuando era gobernador Javier Duarte, y cuando Del Mazo era presidente del banco.

“La administración de Javier Duarte, en Veracruz, solicitó diversos créditos para pavimentar caminos, construir vialidades, museos, entre otros proyectos, pero ninguno de ellos se concretó, ni siquiera iniciaron las obras o fueron abandonadas por los contratistas, por falta de pago.

“Así lo comprobó la Auditoría Superior de la Federación en el análisis del otorgamiento de créditos a estados y municipios por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en la Cuenta Pública 2015”, exponen los legisladores.

A través de estos créditos, exponen los perredistas, Veracruz recibió 6 mil 385 millones de pesos entre el 2011 y el 2014, para construir y mejorar 99 proyectos de infraestructura.

“De la información y los datos antes expuestos se pueden desprender una serie de obligaciones que el ex director de Banobras durante el periodo de 2012-2015, Alfredo del Mazo Maza, debió cumplir con respecto al otorgamiento de los créditos antes referidos”, señalan.

Estos mismos diputados presentaron otro punto de acuerdo para pedir a las autoridades electorales de los estados donde habrá elecciones que se respeten los principios de equidad y legalidad para tener comicios limpios.