2018: ¿coaliciones o segunda vuelta?

Los apretados resultados en las elecciones recientes han encendido nuevamente el debate sobre la posibilidad de aplicar la segunda vuelta en México y buscar recovecos legales para que pueda aplicarse en la elección presidencial del 2018.

La Constitución Política dice que las leyes electorales que apliquen en la siguiente elección deben ser aprobadas 90 días antes de que arranque el proceso electoral.

Es decir, si el proceso electoral 2018 comienza en septiembre próximo, las leyes electorales que lo regirán debieron haberse aprobado a más tardar el 31 de mayo pasado.

Sin embargo, para algunos, es posible que al tratarse de un cambio en la Constitución Política pueda no entrar en ese supuesto y se tenga una salvedad para que pueda aplicarse en la elección del siguiente año.

Después de la elección del 4 de junio, la Oposición ha convertido el tema en su bandera política. El PAN ha anunciado que impulsará la aprobación de la segunda vuelta en el Congreso con miras a que en el 2018 se aplique por primera vez en el país.

El PRI se ha opuesto históricamente a la instauración de la segunda vuelta; más bien, apuestan un cambio electoral hacia los gobiernos de coalición.

El principal impulsor de esta figura dentro del tricolor es Manlio Fabio Beltrones, quien considera que un gobierno de coalición otorga más gobernabilidad que una segunda vuelta.

El gobierno de coalición también tiene impulsores en otras fuerzas políticas, como el PAN o el PRD.

Aunque se trata de una figura que ya está establecida en la Constitución Política, al Congreso de la Unión todavía le falta trabajar en la ley reglamentaria para establecer con detalle cómo operaría.

PAN, por segunda vuelta

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, encontró una nueva bandera política: impulsar una reforma constitucional para aplicar la segunda vuelta electoral tan pronto como el próximo año.

Los resultados electorales de este año fueron casi un desastre para Acción Nacional. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando ganaron 7 gubernaturas, en 2017 solo conquistaron la de Nayarit. En Coahuila perdió frente al PRI; en el Estado de México quedó en cuarto lugar, el peor resultado para ese partido en la entidad.

El líder panista argumenta que la segunda vuelta evitaría que los gobernantes electos lleguen al poder en medio de una crisis de legitimidad, pues solo son votados por una pequeña parte de la población y rechazados por la mayoría.

En el modelo actual, el próximo presidente podría “ganar” la elección con un 70 por ciento de rechazo, alertó Anaya. Esto podría profundizar aún más la crisis de legitimidad del Ejecutivo, sea quien sea el ganador de los comicios.

“Este esquema promueve también alianzas electorales para la segunda vuelta, que deberán traducirse en acuerdos estables de gobierno en caso de que el ganador no tenga mayoría en el Legislativo”, justificó.

El modelo que propone el PAN es que, en caso de que ninguno de los candidatos que participan en la elección presidencial alcance el 50 por ciento de la votación, se llamaría a una segunda vuelta de votación donde solo participarían los dos punteros.

Para esta segunda vuelta, los partidos podrían hacer alianzas entre sí, mismas que –se busca- se mantengan en el Poder Legislativo una vez que termine el proceso electoral.

Para declarar a un ganador, el albiazul propone que en la nueva votación éste deberá obtener la mitad de los votos totales o más.

Esa posibilidad ha sido planteada por otros actores políticos. Varias iniciativas han sido presentadas en el Congreso de la Unión y la mayoría de ellas han sido rechazadas, aunque algunas todavía sobreviven en comisiones.

Aunque los panistas han enfocado todas sus baterías a la promoción de este cambio a la Constitución Política, sus intenciones podrían toparse con pared por los tiempos constitucionales.

La Carta Magna señala, en su artículo 105, que “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Esos 90 días se vencieron el 31 de mayo pasado.

Ricardo Anaya sostuvo que su partido ha hecho una interpretación sobre el asunto y ha determinado que sí puede aplicarse en la elección del 2018, pues como se trata de una reforma constitucional, “no requiere plazo mínimo previo al proceso electoral, como ocurre con las demás leyes en la materia”, afirmó en un comunicado.

El dirigente señaló que, aunque se determine que no se podría aplicar en el 2018, el PAN buscará que la segunda vuelta sea una realidad para la elección presidencial del 2024.

¿Medida desesperada?

Históricamente, el PRI se ha opuesto a la aprobación de la segunda vuelta electoral.

Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, ha dicho que la intención de los partidos de impulsar temas como la segunda vuelta es un signo de debilidad en las urnas.

“Es la muestra de dos partidos políticos que ya no tienen fuerza para competir, porque se saben derrotados”, dijo Ochoa en mayo pasado, antes de que se venciera el plazo para los cambios legales en materia electoral.

Enrique Burgos, senador por el PRI y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha advertido que se trata de una reforma trascendente, por lo que requiere análisis y debate con suficiente tiempo para analizar todas sus implicaciones; no así con el gobierno de coalición.

“Esa es una figura de ejercicio de gobierno y no electoral, es decir, el tema de las coaliciones puede seguirse desenvolviendo y no está sujeto a las limitaciones del 105 constitucional.

“Por lo tanto, yo creo que lo viable en este momento es abordar y profundizar en un tema de gobiernos de coalición, que me parece más interesante y sobre todo más viable”, ha dicho Burgos.

No solo el tricolor está en contra de la segunda vuelta, sino también algunos de sus aliados. Sobre todo uno nuevo, el Partido Encuentro Social (PES).

Hugo Eric Flores, presidente de ese partido, acusó ayer que la propuesta de Anaya se trata de una trampa para intentar salvar la elección del 2018.

“Están anticipando lo que viene el año que entra. Algunos partidos que quieren pasar a la segunda vuelta nada más de panzazo y después tratar de hacer un bloque que pueda derrotar. Nosotros no nos vamos a prestar. Yo diría que a estas alturas es ya toro pasado (…) yo diría que lo están empujando ahorita porque ven que es su única posibilidad de salvación”, comentó Flores en conferencia.

Pero no todos los aliados del PRI piensan lo mismo. El PVEM, de hecho, presentó una iniciativa en marzo pasado para establecer la segunda vuelta electoral en la elección presidencial.

Su coordinador, Carlos Alberto Puente, presentó una iniciativa para que si un candidato presidencial no obtiene el 50 por ciento de los votos esté obligado a formar un gobierno de coalición que debería ser aprobado por la Cámara de Diputados.

En caso de que la Cámara baja no aprobara el convenio de coalición, el INE estaría obligado a convocar a una segunda vuelta electoral.

La iniciativa de estos aliados del PRI se encuentra en comisiones del Senado.

¿Es posible para 2018?

A pesar de que se terminó el tiempo constitucional para hacer cambios a las leyes electorales, hay quien piensa que sí es posible hacer que la segunda vuelta sea aplicable en el 2018.

María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, escribió en el diario Excélsior que la fecha del 31 de mayo podría no aplicar a cambios constitucionales.

Para otros, sin embargo, es imposible. Roberto Duque, catedrático de la UNAM y abogado constitucionalista, señala que es un despropósito pensar que puede aplicarse la segunda vuelta a partir solo del cambio constitucional, pues faltaría trabajar en toda la reglamentación.

“Esa reforma tenían que haberla hecho con mucha más anticipación (…). En estricto rigor, todo el entramado legislativo que requeriría la implementación de una segunda vuelta no debería hacerse si se atiene uno al texto vigente de la Constitución.

“Tendrían que hacerlo con un transitorio donde se exceptúe la regla de los 90 días; pero yo creo que tendría que haber un análisis mucho más profundo. Así que me parece poco serio, tardío, que pretendan ahora una reforma de este tipo”, consideró.

Duque apuntó, además, que el PAN siempre ha impulsado la segunda vuelta por conveniencia, pues piensan que en un escenario donde quedarán dos polos tan opuestos como el PAN y el PRI o Morena, el voto útil sería para ellos; aunque no siempre funciona así.

Por iniciativas no ha quedado. Desde el año 2012 y hasta la fecha, en el Congreso de la Unión se han presentado 14 iniciativas para introducir la segunda vuelta en la Constitución.

Anteriormente, el presidente Felipe Calderón presentó dos iniciativas sobre el tema, una en 2009 y otra en 2012; ninguna fue aprobada.

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, señala que para la segunda vuelta se necesita más que una reforma legal.

“La aplicación de la segunda vuelta en una elección presidencial implica retos importantes de carácter organizativo (presupuestales, humanos y logísticos), de diseño (umbrales para definir los candidatos de la segunda vuelta, márgenes de votación de candidatos y día de la segunda jornada de votación) y de ajuste con el modelo electoral vigente (coincidencia o no de la elección de Congreso en uno de los dos días de las dos vueltas, distribución de tiempos de campaña, financiación para partidos, fiscalización, conteo de votos, validez de la elección”, advierte el IBD.

En su estudio “Segunda vuelta: implicaciones de una posible implementación en México”, el Instituto cita una encuesta realizada por Beltrán y Asociados, de agosto del 2016, donde se estudian tres escenarios posibles de una segunda vuelta en la elección presidencial del 2018.

Si, por ejemplo, quedaran como finalistas Margarita Zavala (PAN) y Andrés Manuel López Obrador (Morena), la segunda vuelta la ganaría Zavala con el 52 por ciento de los votos contra 48 por ciento de López Obrador.

Si estuvieran en la segunda boleta los nombres de Andrés Manuel López Obrador (Morena) y Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), se presentaría un empate, con el 50 por ciento de los votos.

Y si al final quedarán Zavala (PAN) y Osorio (PRI), la elección la ganaría Margarita Zavala con 52 por ciento, contra 48 de Miguel Ángel Osorio Chong.

Con estas cifras se entiende la urgencia del PAN por impulsar la segunda vuelta para el próximo año.

Gobiernos de coalición

Desde el PRI han preferido impulsar la figura de los gobiernos de coalición en lugar de la segunda vuelta.

El principal promotor de esa idea es Manlio Fabio Beltrones, expresidente nacional del PRI, quien ha referido que la segunda vuelta no implicaría mayores condiciones de gobernabilidad porque no habría acompañamiento en el Congreso.

“Con una segunda vuelta solo se llega a mayorías artificiales que no se reflejan en el Congreso. El objetivo de los gobiernos compartidos es buscar que el Ejecutivo obtenga fuerza desde el trabajo conjunto en el Congreso (…).

“(Que haya) un gobierno de coalición, en que el que gana, no gana todo, y el que pierda, no pierda todo. Que lo potestativo quede para aquel que tenga más de 42 por ciento; y que la obligación quede para el que tenga menos de 42 por ciento de la votación”, expuso Beltrones en un foro sobre el tema.

La figura de los gobiernos de coalición fue introducida en la Constitución Política en la reforma político electoral del 2014.

Más allá de las alianzas electorales, el gobierno de coalición significa crear un pacto con diferentes fuerzas políticas para garantizar apoyo en el Congreso y para crear un plan de gobierno conjunto que podría trascender a un solo periodo de gobierno.

A partir del 2014, en el artículo 89 quedó establecida la facultad del Presidente de la República para poder elegir si lleva a cabo o no un gobierno de coalición. El gobierno de coalición es voluntario; queda como decisión del primer mandatario.

Sin embargo, el Congreso de la Unión no ha trabajado en las leyes reglamentarias sobre esta figura, por lo que no hay reglas para que pueda operar en el país.

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