La tarde de este martes, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ganó la apelación que promovió en contra de la prisión preventiva justificada que se le impuso en noviembre de 2021 a causa del proceso abierto en su contra por el caso Odebrecht.
Lo anterior fue reportado por Animal Político, que comunicó que autoridades judiciales les confirmaron que un Tribunal federal consideró que la decisión de la prisión preventiva no estuvo bien argumentada por parte del juez de control Artemio Zúñiga.
Por esa razón, el Tribunal ordenó que se lleve a cabo una nueva audiencia en la que se revise la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de someterlo a esta medida cautelar.
En ese sentido, si el juez decide ya no dictar la prisión preventiva en su contra esto significaría la libertad inmediata del exfuncionario federal dado que, previamente, ya había conseguido que se le retirara la misma medida que se le había impuesto por el caso Agronitrogenados.
Con esto estaría en manos del juez decidir si dicta o no prisión preventiva en su contra y con ello se abre la puerta a la libertad inmediata del exfuncionario, debido a que en días pasados consiguió que se le retirara la misma medida que se le había impuesto por el caso Agronitrogenados.
En caso de que el juez que lleve el caso determine que es procedente la prisión preventiva justificada deberá fundamentar adecuadamente su decisión.
A su vez, cabe recordar que el juez había decidido encarcelar de forma preventiva a Lozoya en el Reclusorio Norte a petición de los fiscales de la FGR, y de los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y de Pemex.
El argumento de las autoridades federales es que dicho exfuncionario cuenta con recursos económicos y redes de apoyo que pueden ayudarlo a darse a la fuga y, con eso, obstaculizar el proceso iniciado en su contra.
Cabe recordar que el juez había decidido encarcelar de forma preventiva a Lozoya en el Reclusorio Norte a petición de los fiscales de la FGR, y de los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y de Pemex.
El argumento de las autoridades federales es que dicho exfuncionario cuenta con recursos económicos y redes de apoyo que pueden ayudarlo a darse a la fuga y, con eso, obstaculizar el proceso iniciado en su contra.
