Este miércoles, un juez emitió una segunda orden de aprehensión en contra de la actriz y presentadora Inés Gómez Mont, y en este caso por el delito de fraude fiscal por 6 millones 600 mil pesos.

Sin embargo, la actriz Inés Gómez Mont solicitó un amparo contra la segunda orden de aprehensión librada en 2021 en su contra por un juez federal, ahora por el delito de defraudación fiscal equiparabale por un monto de 6 millones 600 mil pesos, por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal 2015.

No obstante, el titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal le negó la protección de la justicia contra dicho mandamiento judicial y la activación de la ficha roja, por lo que es buscada en más de 190 países.

Ante ello, la conductora de televisión interpuso un recurso de revisión, el cual fue admitido a trámite por un Tribunal Colegiado, que resolverá si confirma, revoca o modifica la sentencia del juez de amparo.

Cabe puntualizar, que de acuerdo con la información judicial, esta segunda orden en contra de Inés fue emitida desde el 29 de octubre del año pasado, por un juez de control del Reclusorio Norte.

Asimismo, hace unos días se supo que encima de todos los asuntos con los que lidia Inés Gómez Mont, actualmente está en proceso de divorcio y puso a la venta su mansión.

“Resulta que uno de los primos de Inés que es abogado se está encargando de llevar a cabo el divorcio de Inés Gómez Mont y de Víctor Manuel Álvarez Puga, esto ya es un hecho”, dijo el periodista Jorge Carbajal.

A su vez, en octubre de 2021 Inés Gómez Mont publicó un comunicado en sus redes sociales acerca de su orden de aprehensión y escribió, “Cómo lo anticipé en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra. Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON. Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto”.

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Además, en septiembre del 2021, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control en el penal del Altiplano, otorgó la orden de captura contra ella y contra su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 3 mil millones de pesos.

Según la FGR, la pareja utilizó empresas fachada para lavar dinero de procedencia ilícita, ya que simularon facturar tras obtener contratos, sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado.