El gobierno estatal ha intentado enviar negociadores hacia los 17 grupos de civiles armados
La administración estatal ha guardado silencio en torno a la problemática que sigue viva sobre los grupos de autodefensa
Apoco más de dos meses y medio de la nueva administración estatal de Michoacán, los principales conflictos sociales no registran visos de solución, aun cuando la medida inmediata ha sido sacarlos de la agenda de los medios locales de comunicación.
Conflictos como la manifestación permanente de los normalistas, los bloqueos y paros de los maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), movilización de los grupos de autodefensa y la presencia creciente del crimen organizado, no han podido encontrar un cause con el que vislumbre una pronta solución.
A lo anterior se debe sumar la paralización administrativa por la falta de recursos heredada de la pasada administración, la deuda pública creciente y la falta de consenso en el congreso local para alcanzar un acuerdo que permita la renegociación de los pasivos oficiales con las instituciones de crédito.
Tampoco se ha podido poner solución –porque ni siquiera se ha reconocido como problema- al robo de minerales y la sustracción ilegal de estos, donde grupos delincuenciales siguen negociando con empresas chinas la venta de hierro, el que sigue saliendo sin ningún tipo de control por el puerto de Lázaro Cárdenas. De igual forma siguen operando al menos cinco grupos de guardias blancas que tienen las empresas extranjeras en la entidad, para el cuidado de sus intereses.
Aun cuando es cierto que todos esos conflictos fueron heredados no solo de la administración fallia de los gobernadores Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero, sino de los periodos de gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, también cierto que el actual gobernador Silvano Aureoles Conejo ha sumado a la crisis michoacana la inestabilidad social de la zona indígena de la Meseta Purépecha.
Desde que asumió la nueva administración estatal, en la zona indígena se ha dado una movilización casi constante por parte de grupos sociales que recriminan la política oficial del gobernador Silvano Aureoles, la que se ha dado en reclamo de mayor seguridad pública, delimitación territorial para diversos grupos de comuneros y cese a la política de represión hacia los normalistas.
Frente a esta última situación, el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha insistido en la necesidad de restablecer el estado de derecho, el que había estado ausente de la vida pública de la entidad en los últimos diez años. Ha dicho públicamente que ningún grupo social, por legítimas que sean sus demandas, puede estar por encima de la ley.
Pero la administración estatal ha guardado silencio en torno a la problemática que sigue viva sobre los grupos de autodefensa que siguen movilizándose y que a la fecha mantienen bajo su control al menos 53 localidades de 17 municipios del sur del estado, principalmente en la zona de Tierra Caliente y la Costa Sierra Nahua, en donde la presencia del crimen organizado no se ha visto disminuida.
Y es que de acuerdo al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el estado de Michoacán sigue siendo objeto de disputa, por el control de las principales rutas de trasiego de drogas, por parte de los carteles de Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y el Cartel Jalisco Nueva Generación, los que se han aliado con algunos grupos de civiles armados que se movilizan bajo el estatus de policías comunitarias y grupos de autodefensas.
A la fecha, entorno a la problemática de la inestabilidad social, que ha derivado en una guerra abierta entre los carteles de las drogas y los grupos de civiles armados, el gobierno estatal no ha asumido una política pública abierta. El gobernador Silvano Aureoles ha sacado de su discurso cualquier referencia que haga alusión a la violencia que no se ha disipado de la zona. Lo más cercano a una disposición oficial para atender este conflicto ha sido la petición oficial hecha a algunos directivos de medios locales de información, para que dejen de lado –como ya lo hicieron en otras ocasiones- la cobertura de los conflictos violentos en la entidad.
Mano dura a los normalistas
De todos los conflictos que afronta el estado, el único que ha sido provocado por la actual administración es el de los normalistas. Tras la decisión oficial de detener las acciones de protesta que ese grupo venía haciendo, en reclamo de plazas laborales automáticas y aumento de presupuesto a las escuelas normales, 53 estudiantes fueron detenidos y enviados a prisión.
A causa de ellos cientos de estudiantes, apoyados por comuneros padres de los detenidos, iniciaron una movilización en la zona de la meseta indígena, propiciando bloqueos de carreteras y toma de palacios municipales, lo que ha derivado en diversos choques con las policías estatales y municipales que intentan, sin éxito, restablecer el orden, haciendo a la región indígena una de las zonas más inseguras de Michoacán.
A la fecha de los 53 normalistas que fueron detenidos y sometidos a proceso por delitos graves, 22 de ellos, la mayoría mujeres, ya alcanzaron la libertad, aunque no se han librado de los procesos penales, los que seguirán afrontando en libertad. Los otros 31estudiantes permanecen recluidos en cárceles federales, por lo que la movilización de los que demanda su libertad continúa con bloqueos intermitentes en diversas carreteras del centro del estado.
Los CNTE, en pie de lucha
Los maestros de la CNTE, que representan casi el 90 por ciento del profesorado de la entidad, tampoco han encontrado un conducto de dialogo con la actual administración de Michoacán. Sus reclamos se centran en el establecimiento de una minuta mediante la cual el gobierno estatal ceda el manejo de la política pública de educación y una parte de los fondos destinados a ese renglón.
Por si parte, el gobernador Silvano Aureoles ha insistido en la necesidad de mantener la rectoría del estado en materia de educación, y ha negado la posibilidad de que los maestros de la CNTE sigan con el control de la Secretaría de Educación en el Estado, lo que ha llevado a la dirigencia de ese gremio a realizar diversos paros y manifestaciones en las principales ciudades del estado.
Los maestros de la CNTE también se han dicho solidarios con el movimiento que reclama la liberación de los normalistas presos, haciendo bloque con los padres de familia de la mese purépecha, participando en los bloqueos a las carreteras federales y toma de casetas de las principales autopistas del estado.
Las autodefensas, ni vistas ni oídas
Pese a que en su discurso de campaña el gobernador Silvano Aureoles ofreció acciones para atender los reclamos de los grupos de autodefensa, y con ellos acercarse a la posibilidad de la pacificación del estado, a la fecha no existe un acercamiento formal del gobierno estatal con todos los civiles alzados.
El gobierno estatal ha intentado enviar negociadores hacia los 17 grupos de civiles armados, con la intención de un acercamiento, por los enviados han sido rechazados por parte de los jefes de cada grupo, condicionado un primer acercamiento para el dialogo hasta que se dé la libertad de los 383 autodefensas presos, entre ellos el fundador del movimiento José Manuel Mireles Valverde y Semeí Verdía.
El gobierno de Silvano Aureoles no solo no ha quedo asumir el compromiso de gestionar ante la federación la liberación de los autodefensas procesados por delitos graves, sino que ha lanzado una embestida contra los grupos de civiles armados, a cuyos líderes se les han gestionado ordenes de aprehensión. A la fecha, la procuraduría del estado busca a por lo menos 25 miembros de ese movimiento para ser procesados penalmente.
El narco, imparable
Aun cuando para el gobierno federal y el del estado de Michoacán el cartel de los Caballeros Templarios quedó desintegrado tras la captura de Servando Gómez Martínez, La Tuta, ese cartel sigue operando con una nueva organización. De acuerdo al CISEN, al frente de ese grupo delincuencial ha quedado un sobrino de Nazario Moreno González, uno al que se le conoce como El Gallito, Homero González Silva, al que se le atribuyen las ejecuciones de al menos 28 miembros de las autodefensas.
Cifras del CISEN revelan que el cartel de los Templarios actualmente opera con un ejército de aproximadamente 2 mil hombres, el que sería superado solo por el cartel de La Familia, que tras resurgir ha podido reclutar en sus filas a por lo menos 4 mil miembros, desde halcones hasta sicarios. A esa cifra se sumaría la fuerza del Cartel Jalisco Nueva Generación, bajo la dirección del grupo conocido como Los Cuinis, el que estaría formado por cerca de 5 mil hombres armados.
