El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) conformado por investigadores de otros países, que analizó a fondo el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa en Iguala, habría sido espiado con el programa Pegasus, vinculado ya con acoso a políticos, activistas y periodistas.
El presunto espionaje se dio en marzo de 2016, justo cuando el GIEI se quejó sobre cómo el gobierno interfería en su trabajo así como la PGR, previo a que presentaran su reporte final de la investigación que realizaron ante las desapariciones, informó un análisis de Citizen Lab.
Fue en esta fecha cuando un teléfono que pertencía a los investigadores del GIEI fue interceptado con al menos dos intentos de infecciones usando ligas y mensajes como en los casos previos. Uno de los mensajes que venía en inglés decía: “Mi padre falleció en la tarde, estamos devastados. Te mando las fechas del velatorio, espero puedas venir (link)”.
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De haber abierto el link enviado se habría infectado el teléfono con el malware Pegasus, pues así se identificó en los otros análisis; además que fue el mismo número que envió mensajes tanto al GIEI como a la periodista Carmen Aristegui en tres ocasiones durante febrero de 2016, refirió el laboratorio interdisciplinario basado en Toronto, Canadá.
“Los intentos de infección se dieron durante un periodo en el que el GIEI enfrentó acoso y había hecho públicas sus críticas al gobierno mexicano por detener el progreso de la investigación. Además estaba por presentar su reporte final en el que desechaban la versión oficial de las autoridades en el caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa”, explica el documento que realizó Citizen Lab.
El GIEI fue un proyecto independiente formado para investigar por su parte la presunta desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en Guerrero. El grupo convenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue producto de un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), representantes de los estudiantes desaparecidos y del gobierno mexicano.
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Con el envío de un enlace por sms a un dispositivo, el atacante obtiene acceso a toda la información almacenada en el mismo, desde mensajes, correos, contactos hasta el registro de cada tecla oprimida y el monitoreo de datos de localización, según investigaciones por parte de Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC.
Entre algunas de las víctimas de esta supuesta operación de espionaje están periodistas y activistas como de Mario Patrón y Stephanie Brewer del Centro Prodh; Salvador Camarena y Daniel Lizárraga de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Juan Pardinas y Alexandra Zapata del IMCO, entre otros.
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