El Estado mexicano sufre una crisis en materia de derechos humanos la cual se agrava con los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los organismos autónomos, afirma Juan Martín Pérez, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
A diferencia de sexenios anteriores, actualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se ha pronunciado de manera contundente en contra de la militarización de la seguridad pública propuesta por el presidente
“La captura de las instituciones que está haciendo el presidente con fines partidistas está destruyendo el Estado de Derecho.
“El Estado mexicano vive una crisis institucional de derechos humanos y esto significa que ya no tiene la capacidad de garantizar la vida, la integridad y el desarrollo de sus habitantes”, considera.
El Estado se autorregula con estas instituciones autónomas que tienen presupuesto público, pero con un claro rol de contrapeso.
“El que las ataquen lo que hace es promover una concentración de poder e impide la posibilidad de que las y los ciudadanos nos podamos defender”, explica Juan Martín Pérez.
Menciona que hay un uso político de la CNDH y claramente se nota que es inexistente su autonomía porque la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra es militante de Morena.
“Sus declaraciones siguen siendo las de una militante y no las de alguien que tiene autonomía constitucional. Ahí hemos insistido en tres razones éticas para que la señora renuncie.
“La primera son las irregularidades en su elección, la segunda es precisamente su carácter de militante de Morena y la tercera es su vínculo político y personal con el presidente. Lo que le impide que se pueda cumplir con la función constitucional de la defensa de los derechos humanos y la convierte en un instrumento político del presidente”, afirma.
Juan Martín Pérez asegura que el ejemplo más burdo de la actuación de la CNDH se dio en torno al decreto de militarización de la seguridad pública.
“Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos autónoma tendría que haber procedido para llevar esto a controversia constitucional y que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida”, explica.
La CNDH en la administración anterior, recuerda el titular de Redim, presentó acciones de inconstitucionalidad sobre la Ley de Seguridad Interior que permitieron que la Suprema Corte de Justicia la echara atrás.
“Ahora son los mismos argumentos, pero hay una militante de Morena que solamente cumple el trámite ante la prensa de sacar un comunicado, que no es vinculante, que no la fuerza a hacer nada, ni a dar seguimiento interno, más que solamente salir a prensa, cuando hay muchos instrumentos que aunque no fueran controversia constitucional podía haber implementado pero no lo hizo porque es militante”, concluye.
Vista nublada en derechos humanos
La senadora panista Kenia López asegura que la presidenta de la CNDH tiene una afiliación ideológica que le impide ver la realidad de lo que está pasando y de lo que está haciendo mal este gobierno.
“Hoy hay una subordinación al gobierno que además es evidente, es numéricamente clara, clara en los documentos que emite, clara en las recomendaciones, incluidas las que no emite. La omisión que tiene la presidencia para las cosas que están sucediendo en este país en plena pandemia”, ejemplifica la legisladora.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República asegura que este nexo es muy preocupante porque la CNDH se construyó con muchos esfuerzos para que pasara de ser una oficina en Gobernación a ser un organismo constitucionalmente autónomo.
Todos esos avances históricos se han tirado por la borda en esta administración.
Rosario Ibarra, lejos de mostrarse como un contrapeso, ha demostrado que quiere defender al Gobierno federal, afirma Kenia López.
“Cada vez que creemos que tiene una posibilidad la presidencia de la CNDH de demostrar la independencia, ella misma vuelve a negarse a ser independiente. Ha tenido la oportunidad en varias ocasiones, incluyendo por supuesto la presentación de la acción de inconstitucionalidad por el acuerdo de militarización que emitió el presidente de la República”, apunta.
“En lugar de presentar a la Corte argumentos sólidos, lo que dijo fue que no podía presentarlos y eso es verdaderamente lamentable, porque estamos hablando de la posibilidad de que la Corte hubiera resuelto sobre un acuerdo que a todas luces es oscuro e inconstitucional”, añade la senadora.
La legisladora critica el intento de identificar a la CNDH como la Procuraduría de “los pobres”, ya que la defensa de los derechos humanos no está relacionada con el nivel socioeconómico.
“Hay una muestra clara de la falta de reconocimiento de la ley y de los derechos humanos porque son universales, son para todos, más allá de tu nivel socioeconómico o el color de tu piel o tu sexo”, considera.